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Después de dos décadas, ¿aprobará finalmente Ghana una ley de derecho a la información?

Monumento a Kwame Nkrumah en Acra. Foto en Flickr del usuario jbdodane. CC BY-NC 2.0.

Ghana estaba a la vanguardia de muchos países africanos cuando en 1999 los legisladores redactaron un proyecto de ley de derecho a la información que permitiría que los ciudadanos accedieran a datos públicos.

Pero casi 20 después, sigue siendo solamente eso — un proyecto de ley. Se presentó en el Parlamento en 2010, pero el debate no llegó a ningún resultado concreto. Las promesas del anterior presidente, John Mahama, en el cargo entre 2012 y 2017, de que la legislación se aprobaría también quedaron sin cumplir.

En 2017, el actual presidente, Nana Akufo-Addo, presionó para que se aprobara la ley “muy pronto“, aunque el año llegó y se fue sin mucho progreso al respecto.

Sin embargo, a comienzos de enero de 2018, el Parlamento ghanés propuso julio de 2018 como el nuevo término para finalmente aprobar la ley.

De aprobarse, haría efectivo el derecho constitucional de acceso a la toda información que tengan las instituciones públicas y entidades privadas que realizan que realizan funciones públicas con fondos públicos.

‘Sin la ley, nuestra lucha contra la corrupción es mera retórica’

¿Por qué tarda tanto la ley? Muchos temen que tiene que ver con política, pues los políticos temen lo que podría salir a la luz si el público tiene acceso a información gubernamental. El abogado privado Ace Ankomah explicó:

Political players from both divides are afraid of passing the RTI bill because they believe it will not go in their favor.

Los actores políticos de ambos lados temen la aprobación de la ley de derecho a la información porque creen que no será a su favor.

La corrupción es un problema en Ghana, y muchos ghaneses creen que no se logrará la lucha hacia la transparencia y la rendición de cuentas en la gobernabilidad si no se aprueba la de derecho a la información oportunamente.

Penplusbyte, organización sin fines de lucro comprometida a mejorar la gobernabilidad con mayor participación ciudadana a través de tecnologías de la información y la comunicación, sostiene:

Ningún gobierno ha dado una razón concreta por la que el proyecto de ley de derecho a la información no se pueda aprobar. En Ghana, el proyecto languidece en el gabinete. ¡No queremos más excusas en 2018!

Y Adikah Mends tuiteó:

Los actuales sucesos en Ghana son razón más que suficiente para aprobar la ley de derecho a la información. Sin la ley, nuestra lucha contra la corrupción es mera retórica.

Un fiscal especial recién designado respaldó la ley porque lo obligaría a investigar la corrupción que implique a funcionarios públicos, personas políticamente expuestos y personas en el sector privado implicadas en prácticas corruptas y procesarlas bajo la  autoridad del fiscal general, Martin Amidu.

En Twitter, el usuario @monsieur1_pk dijo:

A la larga, una ley de derecho a la información y la oficina del fiscal especial librarán a Ghana de su enfermedad más antigua y más enraizada. Ahora tenemos a Martin Amidu, pero ¿dónde está la ley de derecho a la información?

En un artículo para Modern Ghana, Gordon Offin-Amniampong expresó su esperanza por la ley de derecho a la información:

The RTI Bill will seek to empower the citizens, promote transparency and accountability in the working of the government or the Executive. Plus it will help contain corruption and make our democracy work for the people in real sense. “It goes without saying that an informed citizen is better equipped to keep necessary vigil.”

And did you know one can ask any questions from the government or seek any information. It makes governmental works more transparent. Transparency means clarity of information, which means everything should be open and disclosed to all. We the people that are common citizens put our faith in the system expecting them to work efficiently, fairly and impartially. But that hasn’t been the case as we continue to find ourselves in the cesspool.

La ley de derecho a la información buscará fortalecer a los ciudadanos, promover la transparencia y la rendición de cuentas en el trabajo del Gobierno o el Ejecutivo. Además, ayudará a contener la corrupción y a que nuestra democracia trabaje por el pueblo en el sentido real. “Huelga decir que un ciudadano informado está mejor equipado para mantener la vigilancia necesaria”.

Y sabían que se puede hacer cualquier pregunta al Gobierno o buscar cualquier información. Hace más transparente el trabajo del Gobierno. La transparencia significa claridad de información, lo que significa que todo debe ser abierto y revelado a todos. Nosotros, el pueblo que somos ciudadanos comunes y corrientes ponemos nuestra fe en el sistema con la esperanza de que funcione eficiente, justa e imparcialmente. Pero no ha sido así, pues seguimos encontrándonos en una cloaca.

Ley de derecho a la información, ¿'sobrevalorada'?

Sin embargo, otros como Sydney Casely Hayford, que hace campaña contra la corrupción, cree que la aprobación de la ley de derecho a la información hará poco para resolver el problema de la corrupción porque la Constitución ya incluye un derecho a la información en sus “derechos fundamentales”.

El emprendedor ghanés Bright Simons también publicó una idea parecida en su cuenta de Facebook:

The “Right to Information” law is heavily overrated. We already have judicial precedent to the effect that a constitutional right to public/official information exists when and where it matters. The problem is not “raw information” in the vaults of government agencies but poor treatment and presentation of relevant information due to weak media practice; a stagnant academia; and the hollowing out of the public sphere. In fact, in many instances, data is not even being collected and handled in the right way due to a general culture that disrespects intellectual activity and constantly depresses its value.

La ley de “derecho a la información” está muy sobrevalorada. Ya tenemos una precedente judicial al efecto de que existe un derecho constitucional a la información pública/oficial cuando y donde interesa. El problema no es la “información sin procesar” en las bóvedas de las agencias gubernamentales, sino un mal tratamiento y presentación de información relevante por una débil práctica de los medios, un sector académico estancado y el vacío fuera de la esfera pública. Es más, en muchos casos, no se recopilan datos no se les maneja de manera correcta, debido a una cultura general que no respeta la actividad intelectual y constantemente la deprecia.

En respuesta al argumento de Simons, Justice Sai, exasistente de cátedra en la Escuela de Leyes de Harvard, ofreció una visión diferente:

I think there is a little misunderstanding of what legislation does and what case law does. Case law gives principles. For example, the RTI decision of the High Court merely confirms the constitutional position that a person may not be denied access to public information. In fact, earlier cases have already stated the principle.

A legislation on the other hand goes way beyond the statement of the principle. It gives you an administrative set up for the enforcement the right and the implementation of the principle. In fact, a properly drafted legislation would resolve some (if not most) of the challenges you have listed above. For example, a good legislation would deal with issues of funding, packaging of information and the responsibility to do so, decentralization, etc.

Secondly, without a legislation, anyone who is denied public information would have to go to the Human Right High Court for a remedy. Under a well-constructed legislation, there would be accessible administrative (rather than full judicial) complaint mechanisms available.

I think a legislation is fundamental to the issue of right to information.

Creo que hay un malentendido con respecto a lo que hace la legislación y qué hace la jurisprudencia. La jurisprudencia de principios. Por ejemplo, la decisión sobre la ley de derecho a la información de la Corte Suprema solamente confirma la posición constitucional de que a una persona no se le puede negar el acceso a la información pública. Es más, casos anteriores ya afirmaron el principio.

De otro lado, una legislación va más allá del enunciado del principio. Te da una estructura administrativa para aplicar el derecho e implementar el principio. Es más, una legislación adecuadamente redactada resolvería algunos  (o la mayoría) de los desafios que has enumerado. Por ejejmplo, una buena legislación lidiaría con los problemas de financiamiento, agrupación de información y la responsabildad de hacerlo, descentralización, etc.

Segundo, sin legislación, todo aquel a quien le nieguen información pública debería recurria a la Corte Superior de Derechos Humanos para una solución. Con una legislación bien armada, habría mecanismos disponibles para quejas administrativamente accesibles (antes que judiciales).

Creo que una legislación es fundamental para el asunto del derecho a la información.

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