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Oposición de Burundi dice que solamente se permite campaña del “Sí” en referéndum para ampliar mandato presidencial

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Presidente sudafricano Jacob Zuma (izquierda) al lado del presidente Pierre Nkurunziza (derecha) en una visita a Burundi, 25 de febrero de 2016. Foto en Flickr del usuario GovernmentZA. CC BY-ND 2.0.

En 2015, el presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, logró un tercer mandato a pesar de que la Constitución establece un límite de dos mandatos. Su controvertida reelección provocó protestas, un golpe fallido y esporádicos ataques rebeldes, que ocasionaron que muchos burundeses huyeran como refugiados, junto con muchos miembros de la oposición, activistas y periodistas.

El Gobierno ha convocado a un referéndum, programado para mayo, sobre cambios constitucionales que le permitirían a Nkurunziza seguir en el poder hasta 2034. Las elecciones están fijadas para 2020.

Las enmiendas permitirían al actual presidente dos mandatos más y extender el término presidencial de cinco a siete años, además de reducir la mayoría parlamentaria para aprobar legislación. Posiblemente, también prohibiría las coaliciones de políticos independientes, medida significativa pues en 2015, la coalición de independientes de Amizero y’Abarundi fue el principal opositor.

Los críticos ven los cambios propuestos y las elecciones como la culminación de los esfuerzos de los recalcitrantes del partido gobernante, incluido Nkurunziza, para consolidar el control sobre el Estado. En una carta, varios partidos pidieron una acción internacional, y la coalición opositora CNARED pidió un boicot y que se detuviera el proyecto.

Sin embargo, los funcionarios descartan eso como manipulación, y sostienen que es un ejercicio democrático para actualizar la Constitución.

Además, los opositores se han estado quejando de intimidación y arrestos para reprimir la campaña de apoyo al “no” en el referéndum.

En 2014, a cambos similares a la Constitución de 2005 les faltó muy poco para la aprobación parlamentario. Después, los ministros afirmaron que el primer mandato de Nkurunziza, de 2005 a 2010, no contaba en el límite de dos mandatos establecidos por la Constitución pues fue elegido indirectamente por los legisladores y no el pueblo, y que este mandato entre 2015 y 2020 sería el último.

La Corte Constitucional, aparentemente por intensa presión –el vicepresidente de la corte, Sylvère Nimpagaritse, huyó del país– validó esto en mayo de 2015, antes de las elecciones donde Nkurunziza ganó con casi el 70% de los votos.

En octubre de 2017, los ministros anunciaron este referéndum, con el argumento de que los cambios eran recomendaciones del pueblo de sesiones de diálogo organizadas por el Gobierno. Sin embargo, la organización International Crisis Group, ONG con sede en Bélgica, calificó estas estas sesiones de “farsa” que en gran parte repetían posiciones oficiales, dado el “clima de temor” en torno a la discusión política, como describió Human Rights Watch:

Como muchos opositores, el portavoz de CNARED, Pancrace Cimpaye, tuvo palabras duras. Sostuvo que los cambios perjudicarían a la Constitución y a los acuerdos de Arusha, acuerdo que fue clave para poner fin a la guerra civil que duró entre 1993 y 2005, pero del que los líderes del partido gobernante CNDD-FDD son escépticos:

El lanzamiento del proyecto de Nkurunziza para sepultar el Acuerdo de Arusha y la Constitución es una declaración de guerra contra el pueblo burundés. Entre Nkurunziza y el pueblo burundés, ¿quién ganará?

Mientras tanto, asuntos a largo plazo, desde transparencia a inclusión económica, siguen sin ser atendidos.

Campaña limitada

La legitimidad popular del referéndum puede ser una lucha, dadas las actuales divisiones diplomáticas, diálogo ineficaz, y los 400,000 burundeses que siguen en campos de refugiados (los ministros refutan los números de la agencia de refugiados de Naciones Unidas, la acusan de manipulación).

También, desde 2015 numerosas denuncias también han documentado asesinatos, tortura y violencia rebelde, y también represión sistemática al desacuerdo y a los medios.

En diciembre de 2017, el presidente Nkurunziza advirtió que hacer campaña o actuar contra las propuestas antes del periodo de campaña era algo critico, y el vicepresidente Gaston Sindimwo dijo que “generaría desorden”. Sin embargo, la actual campaña del Gobierno, está encuadrada como simple “explicación” de los cambios.

El periodo de campaña será 14 días antes del referéndum, y cualqueir acto de campaña antes de esa fecha es ilegal, afirmó Prosper Ntahorwamiye, portavoz de la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI). Sin embargo, también dijo que el CENI no puede impedir que los funcionarios hagan campaña solos por el “sí” antes del periodo autorizado.

Y voces oficiales ya han respaldado el “sí”, como Thérence Ntahiraja, del ministerio del Interior, y el defensor del pueblo, Edouard Nduwimana. SOS Médias Burundi, colectivo periodístico “subterráneo”, informó que el gobernador provincial Gad Niyukuri advirtió contra “detractores” y amenazó con arrestar a quienes hacen campaña por el “no”.

Agathon Rwasa, vicepresidente de la Asamblea Nacional y líder opositor, denunció un aumento del acoso a partidarios opositores. Es más, varios de sus simpatizantes fueron arrestados, acusados de planificar hacer campaña por el “no”. En una carta, Rwasa criticó que se satanizara etiquetas como “antisoberanía”, que se usa para catalogar a quienes se oponen a las reformas propuestas.

El 5 de enero, organizaciones de la sociedad civil –todas oficialmente eliminadas del registro, suspendidas o no reconocodas en Burundi, incluidas Aprodh, Ligue Iteka y Focode– lanzaron una contra campaña desde el exilio llamada “Teshwa ute”, que el periódico Iwacu tradujo como “alto, no te atrevas”. El Ministerio del Interior lo calificó de información errónea basada en informes falsos.

¿Colaboración colectiva o contribuciones de campaña forzadas?

Igualmente polémica, una resoliución de diciembre de 2017 anunció “contribuciones” ciudadanas a las finanzas electorales –“colaboración colectiva”, como destacó Alain Amrah Horutanga, bloguero de Yaga. Se le describe como voluntaria, pero los montos de la contribución se fijaron según la categoría de los trabajadores, y se llamó a los servidores civiles a que enviaran cartas con explicaciones si no contribuían.

El ministro del Interior y Educación Patriótica, Pascal Barandagiye, lanza oficialmente el marco legal para organizar la contribución para las elecciones de 2020. Los ciudadanos colaborarán según su puesto.

El opositor Léonce Ngendakumana dijo que parecía obligatorio, y se informa que ha habido “contribuciones” electorales forzadas. Los sindicatos firmaron una carta de protesta contra las “contribuciones” que el Gobierno toma de directamente de los salarios.

Donantes extranjeros se retiraron de las controvertidas elecciones de 2015, y desde entonces el presidente ha dicho que autofinanciar las elecciones demuestran independencia. Esto llega mientras la inseguridad y las sanciones afectan la vida cotidiana, desde la inflación a escasez de combustibles y presupuestos gubernamentales de austeridad.

Ya sea un ejercicio democrático soberano o toma autoritaria de poder, los cambios constitucionales propuestos y el proceso de referéndum actualmente se arriesgan a reforzar las divisiones que respaldan la actual inseguridad.

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