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Tras acusaciones de fraude electoral y protestas, Congreso hondureño pasa a regular discurso de odio en línea

Los hondureños han estado protestando desde la polémica toma de mando del actual presidente Juan Orlando Hernández. Imagen en Flickr del usuario ‘Rbreve’, usada con licencia de Creative Commons. (CC BY-NC 2.0)

El Congreso hondureño está debatiendo una ley que busca regular el discurso de odio y las “noticias falsas” en internet. Activistas y partidos políticos de oposición hondureños dicen que la propuesta funcionaría como mordaza con el fin de silenciar a los críticos del Gobierno.

La moción fue presentada menos de una semana después de la disputada toma de mando del actual presidente, Juan Orlando Hernández, el 27 de enero. Después de tres semanas de incertidumbre con relación al conteo de votos, Hernández fue declarado ganador, lo que llevó a gran clamor del público y numerosas protestas callejeras.

El proyecto de ley obliga a los administradores de sitios web de las empresas de telecomunicaciones a vigilar y retitar el discurso considerado como de odio, insultante, amenazador o de incitación a la violencia. También tiene la intención de enfrentar las “noticias falsas”.

Al estilo de iniciativas similares de otros países, incluida la controvertida ley alemana NetzDG, esta legislación pondría la responsabilidad de determinar qué califica, o no, como contenido ofensivo, en plataformas privadas de internet, como Facebook y Twitter. La experiencia de una empresa como Facebook, que bajo sus propias políticas buscar mantener el discurso de odio fuera de su plataforma, ha demostrado ser de difícil aplicación en la práctica.

La ley no describe específicamente cómo los proveedores de internet implementarían esos procedimientos, pero obligaría a empresas y administradores enviaran un informe trimestral de sus iniciativas a la Comisión Nacional de Telecomuncaciones, CONATEL, entidad gubernamental. De no hacerlo, pueden recibir una multa de hasta un millón de lempiras (equivalentes a US$42,533) y hasta el bloqueo total de su sitio web.

La ley propuesta también prevé una Comisión de Ciberseguridad, conformada de instituciones como el Ministerio de Defensa, la Corte Suprema, el Ministerio de Finanzas y el Banco Central de Honduras, junto con un consejo consultivo que incluye expertos en derechos humanos, periodistas, abogados y organizaciones universitarias.

El diputado Marcos Bertilio Paz, del partido mayoritario que presentó la propuesta, justifica su moción como una protección de perjudiciales campañas de odio. Aunque sostiene que todos “pueden publicar contenido y opiniones como antes”, muchos ciudadanos y grupos de la sociedad civil cuestionan sus motivos.

El Colegio de Periodistas de Honduras rápidamente expresó su preocupación por la ley pues socava la democracia, en su opinión. El grupo también señaló que la proliferación del discurso de odio ya está regulado por la ley penal homdureña.

Los ciudadanos hondureños también han estado usando Twitter para expresar su preocupación sobre la propuesta de ley:

Del otro lado del espectro, una minoría de usuarios de Twitter explican que no hay mala intención detrás de la propuesta.

Otros dicen que las prioridades legislativas del Congreso hondureño están fuera de línea, a la luz de recientes acusaciones de corrupción y relaciones con narcotraficantes en las filas del Gobierno.

Desde la reciente transferencia de poder, que se llevó a cabo tras una fuerte nube de sospechas de fraude electoral, más de 30 manifestantes han muerto en enfrentamientos con las policía militarizada. Entidades intergubernamentales, como la Organización de Estados Americanos también han expresado sus dudas sobre la legitimidad del resultado de las elecciones.

Muchos también creen que los medios tradicionales hondureños están sesgados a favor del Gobierno, con lo que los medios sociales son un objetivo lógico para la legislación.

Como lo expresó Radio Centroamérica Internacional, los medios sociales ofrecen una alternativa vital para que los hondureños se enteren de las noticias y organicen protestas. Etiquetas como #FueraJOH (JOH es Juan Orlando Hernández) han creado un fuerte impulso en línea y fuera de línea para que los ciudadanos muestren su descontento con los resultados de las elecciones.

La reciente noticia de que el Gobierno de Honduras adquirió software espía del Reino Unido complica la percepción en torno a estos cambios en la ley. Según The Guardian, el Reino Unido vendió equipos para vigilancia de telecomunicaciones al Gobierno hondureño poco antes del estallido de protestas contra el resultado de las elecciones.

Algunos activistas sostienen que esta confluencia de acontecimientos y problemas consolidarán efectivamente una dictadura que ha estado en el horizonte desde el golpe militar de 2009. En años recientes, ha habido un aumento de violencia contra los que dicen lo que piensan y otra nueva ley, según el artículo 335 B del Código Penal de Honduras, restringe la libertad de manfestación por motivos de seguridad nacional, y crea motivos legales para que las autoridades acusen a activistas y manifestantes de amenazar la seguridad nacional y hasta de terrorismo.

Este cambio ha creado obstáculos para los activistas ambientales y defensores de tierras indígenas y agrava los muchos peligros que enfrentan los activistas en todo el país. Desde 2010, más de 120 activistas han sido asesinados en Honduras con relativa impunidad.

Ofraneh, asociación hondureña que defiende los derechos de la minoría étnica de los garífunas, ha destacado las consecuencias del artículo 335 B, y el hecho de que el artículo se presentó sin el debido proceso. A pesar de los esfuerzos para rechazarlo, el Congreso se negó a hacerle cambios.

Según Ofraneh, estas reformas allanaron el camino a la “ley mordaza” que se propone ahora:

Las consecuencias para los defensores de tierras y ambientales, asi como para los defensores de derechos humanos son preocupantes, dado el contexto de vulnerabilidad y el nivel de estigmatización de sus causas y actividades, que a menudo incluyen la protesta. Como destaca el tuit de Ofraneh, estas leyes marcan el camino para leyes más fuertes y más restrictivas que se pueden traducir en más limitaciones a la libertad de expresión y reacciones más duras contra los disidentes.

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