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A 20 años de la despenalización de la homosexualidad en Ecuador continúa castigándose a la comunidad LGBTI

Muchos de los familiares de las personas secuestradas y recluidas en clínicas de “deshomosexualización” solicitaban los “servicios” de estas instituciones y pagaban para mantenerlas dentro. Ilustración de Mónica Rodríguez. Usada con permiso.

La siguiente es una re-edición del reporte escrito por Carlos Flores, publicado originalmente por Connectas y re-editado con ayuda del autor para formar una serie de tres partes que será publicada y traducida por Global Voices. El informe completo cuenta con otros testimonios detallados y análisis de las inconsistencias legales que facilitan la violencia y la discriminación que se ejerce sobre las personas homosexuales o transgénero/transexuales en Ecuador. La primera parte contará con algunos de los testimonios de víctimas de instituciones que dicen “curar” la homosexualidad y continuará con las fallas del sistema judicial y las incomodidades sociales que impiden la protección de los derechos de estas personas. 

A veinte años de la despenalización de la homosexualidad en Ecuador la comunidad LGBTI continúa siendo castigada por la sociedad y poco protegida por la Ley. Los maltratos y la discriminación toman varias formas y se sirven de organizaciones de escapan a los controles del Estado. Algunas de estas organizaciones dicen llevar a cabo “curas” en clínicas que sostienen ser de desintoxicación. Sin embargo, los maltratos que se llevan a cabo dentro de ellas son numerosos y de muchos tipos.

Torturas físicas y psicológicas como insultos, humillaciones, mala alimentación, golpes, descargas eléctricas, e incluso “violaciones correctivas”, han formado parte de las denominadas “terapias de deshomosexualización” que en Ecuador existen, según las opiniones más expandidas “desde hace mucho tiempo”.

Algunos de los testimonios de las víctimas de estas instituciones dieron origen a trabajos como el de Paola Paredes, que pusieron en evidencia los maltratos que recibieron varias mujeres dentro de estas clínicas. Otros testimonios muestran cómo las familias de las muchas víctimas actúan en conjunto con las clínicas, y también cómo muchas de ellas son llevadas por organizaciones religiosas.

La falta de control y protección gubernamental se pone de manifiesto en casos como el de Jonathan Vásconez, un transexual masculino que vivió una reclusión de un año y medio, que se interrumpió dos veces porque se fugó del Centro La Estancia, en Patate (Tungurahua) al noroeste de Ecuador. El hecho ocurrió cuando tenía 23 años de edad, ya tenía una hija y todavía usaba el nombre de mujer que le habían puesto sus padres cuando nació: María de los Ángeles. Cuando iba a buscar a su pareja de entonces, unos desconocidos le interceptaron, le golpearon y esposaron mientras le decían que eran de la policía. La orden para internarlo contra su voluntad la dio su familia, bajo falsas acusaciones de que era drogadicto, afirma. Dentro del centro, los maltratos y las agresiones eran numerosas:

Pidieron a tres compañeros que se levantaran y trajeran un tanque café, que me llegaba a la cintura, lleno de agua. Entre los tres me metieron al tanque, de cabeza, unas ocho veces. Puedo decir que ahí vi la muerte. El director de la clínica me grababa con un celular y me pedía que dijera que había ido a robar a mi hija, cosa que no era cierta. Cuando vieron que me moría, me dejaron […] Estuve un mes y una semana, esposado a la cama, y me hacían comer en el piso…

Al poco tiempo Jonathan logró escaparse, pero por orden de su hermana fue capturado nuevamente.

Entre el uso de la religión y la evasión de la justicia

Las clínicas y sus responsables no suelen confrontar a la justicia, y cuando lo son, parecieran desaparecer y cambiar de nombre. Muchas de las instituciones se sirven también de códigos y valores religiosos para dar estructura y objetivo a su trabajo. En cualquier caso, no queda claro si luego de una denuncia o de la intervención de las instituciones del Estado estas clínicas continúan funcionando bajo otro nombre o en otras localidades.

Al mismo tiempo, muchas de las víctimas evitan llevar a cabo denuncias por miedo a las personas que las maltratan en los centros.

Este fue el caso de Luisa (nombre cambiado), que llegó a uno de estos centros por decisión de sus padres, que nunca aceptaron la idea de que Luisa fuera lesbiana y menos aún de que se haya enamorado de su prima, con quien vive en la actualidad. Ella recuerda bien la “terapia” que recibía: bañarse muy temprano y en exactamente cinco minutos, rezos, la aplicación del tratamiento de los doce pasos para drogadictos, mala alimentación y frases que le repetían día con día mientras le ponían la mano sobre la cabeza: “vos, no eres lesbiana, acá te vamos a curar; estás muy confundida con tu vida, vas a ver que te van a gustar los hombres.”

Esa experiencia traumática la vivió a sus 24 años, en el 2012, y permaneció cuatro meses compartiendo el espacio con otras lesbianas, unas dependientes de las drogas y otras, como ella, que no lo eran. Cuando salió fue a su casa, pero con el ánimo totalmente alterado. A dos semanas de su salida, su padre volvió a reaccionar contra ella con violencia y tuvo miedo de ser internada otra vez. Por eso decidió marcharse.

Del Hogar Renacer, la “clínica” donde la habían internado, no quiso saber más: “Nunca formulé una denuncia. No me quise meter en problemas. Las personas que trabajaban ahí eran medio peligrosas”.

La Fiscalía, por su parte, no proporciona detalles sobre los casos resueltos o las sentencias condenatorias de los que se conocen, inclusive, como “casos emblemáticos” por el nivel de incidencia que tuvieron en la opinión pública. Se asegura, pese a todo, que la incidencia del fenómeno se ha reducido, aunque la percepción de colectivos y organizaciones sociales sea diferente.

La Fundación Causana, una “colectiva lésbica y feminista” al servicio de la defensa de los derechos de personas LGBTI, afirma que solo entre 2016 y lo que va de 2017, ha trabajado ya con ocho casos de prevención de encierro. Las condiciones sociales de las personas que suelen ser víctimas de estos tratos ha cambiado poco a pesar de la evolución de la Ley. Así, aunque se insista que las condiciones legales abren la puerta al respeto y la igualdad de todos, Ecuador está muy lejos de poder cerrar el tema.

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