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Página de Facebook de funcionario municipal de São Paulo bloquea usuarios que critican al alcalde

Alcalde João Dória responde preguntas de ls principales medios de comunicación, pero no de todos los ciudadanos. Foto de Jonas Pereira/Senado Federal vía Wikimedia Commons (CC BY 2.0).

Los moderadores de la página oficial de Facebook del alcalde de São Paulo están bloqueando a usuarios y excluyendo palabras usadas para burlarse del actual alcalde, João Dória, según un nuevo informe de Ingrid Alfaya para el sitio de noticias R7.

Con más de 350,000 seguidores, la página es un popular canal de comunicación entre los ciudadanos de la mayor ciudad de Brasil y sus autoridades.

Recurriendo principalmente a documentos obtenidos por R7 a través de la ley de acceso a la información de Brasil, el informe revela las poco claras prácticas de moderación de la página, que arrojan luces al inexplorado territorio legal de cómo se administran las cuentas digitales de los funcionarios de instituciones públicas cuando están alojadas en plataformas privadas, como Facebook.

Actualmente hay 33 palabras en la lista negra de los moderadores. Cualquier comentario en la página de la municipalidad que incluya estas palabras se borra. Algunos que usaron esas palabras de la lista negra en sus comentarios en la página informan que los bloquearon de comentar en la página. Los documentos que obtuvo R7 confirman que actualmente hay 80 usuarios bloqueados que no pueden interactuar con la página.

Entre las palabras prohibidas están las palabras que los usuarios de medios sociales han usado para burlarse de Dória, como “prefalso” (juego de palabras de prefeito, alcalde en portugués), “João Dólar” y “Doriagray” (referencia al famoso personaje narcisista de Oscar Wilde). Los comentarios que contienen “http” y “https” también están prohibidas.

Estas reglas no están explícitas en el código de conducta de la página. Las reglas dicen que los moderadores borrarán los comentarios que promuevan actividades ilegales (“incluidos acoso, fraude, calumnia, discriminación”), que contengan “comentarios ofensivos, groserías con tono amenazante o ataques personales”, “información falsa, distorsionada o equívoca” y “propaganda política partidaria u opiniones favorables y contrarias a candidatos y partidos políticos”.

Pero no logran especificar qué “comentarios ofensivos” están prohibidos, o qué constituye información falsa y equívoca. El código tampoco dice que los usuarios que infringen las reglas puede ser bloqueados, ni menciona una prohibición general a todos los enlaces, que la prohibición a “http” y “https” parece implicar.

Tres usuarios de Facebook están citados en la historia de Alfaya, que dice que bloquearon comentarios por criticar la gestión de Dória, y a uno lo bloqueó la página.

La página de Facebook también afirma que es no partidiaria y representa los intereses públicos de la ciudad y sus habitantes. Además, el informe de R7 indica que los administradores de la página no están dispuestos a permitir que haya un diálogo abierto entre los ciudadanos y los funcionarios públicos cuando el diálogo incluye críticas.

¿No ocurrió esto con Donald Trump?

Una situación similar ocurrió el año pasado después de que Donald Trump bloqueara a varios usuarios de Twitter de responder a sus tuits o de aparecer en sus fuentes de Twitter. Una grupo de estos usuarios demandó a Trump, y argumentaron que su cuenta equivale a un foro público donde él, como funcionario de Gobierno, no puede impedir la participación de las personas.

La demada sostiene que al bloquear a las personas para que no leean sus tuits, los vean y le respondan, el señor Trump violó su derecho a la expresión consagrado en la Primera Enmienda.

La demanda afirma:

“The @realDonaldTrump account is a kind of digital town hall in which the president and his aides use the tweet function to communicate news and information to the public, and members of the public use the reply function to respond to the president and his aides and exchange views with one another”.

La cuenta de Twitter de Donald Trump es como una municipalidad digital donde el presidente y sus asistentes usan la función de tuitear para comunicar noticias e información al públicio, y los ciudadanos usan la función de responder para contestar al presidente y sus asistentes, e intercambiar opiniones entre ellos.

La demanda incluye argumentos de que el señor Trump estaba imponiendo una restricción inconstitucional a la capacidad de los demandantes de participar en un foro público designado, acceder a las afirmaciones que el Gobierno hubiera puesto a disposición del público y petition del Gobierno para “rectificar reclamos”.

Aunque esto supuso un nuevo territorio para esas interpretaciones a la Primera Eniemda, había un precedente. En 2017, la Corte Suprema de Estados Unidos revocó unánimemente una prohibición estatal (en Carolina del Norte) de uso en medios sociales de agresores sexuales condenados, con el argumento de que la ley estatal violaba la Primera Enmienda porque los medios sociales se han convertido en la “plaza pública de los tiempos modernos”.

Sin embargo, muchos argumentos legales que siguieron dependían de si la cuenta personal de Trump en Twitter se podía considerar un canal oficial. De otro lado, la controversia con el señor Dória, ocurrió en la página oficial de la municipalidad — que deja poco margen para ese argumento.

No está claro cómo se aplicaría la actual ley basileña en ese caso, a pesar de que la Constitución de 1998 tiene fuertes disposiciones que consagran el derecho del ciudadano a ser informado. Se incluye la ley de acceso a la información de 2011, que entre otras cosas, establece centralismo de la comunicación en línea haciendo que sea obligatorio que las instituciones públicas pongan a disposición la información de interés colectivo o general específicamente en los “sitios oficiales de la web”.

Ambos casos también sacan a la superficie preguntas sobre si las empresas privadas de internet companies — como Facebook y Twitter — se deben adherir a obligaciones especiales cuando se  trata de la cuentas de funcionarios públicos. Cuando un funcionario público bloquea usuarios para que no comenten en sus páginas oficiales, en realidad censura la voz de esos usuarios dentro de un espacio para debate cívico.

Sensible Dória

No es la primera vez que el señor Dória ha sancionado a los usuarios de medios sociales por criticarlo. Desde el inicio de su periodo en enero de 2017, un equipo que abogados ha estado exigiendo en privado que los usuarios retiren las publicaciones que le parecen ofensivas. Estos pedidos se han enviado por Facebook Messenger.

Una captura de pantalla de Messenger de mayo de 2017 que obtuvo BuzzfeedNews Brasil muestra cómo un abogado, después de presentarse como “integrante del equipo legal de João Dória”, le pidió a un usuario que editara una publicación donde sugería que a Dória le arrojarían huevos, en represalia por sus comentarios públicos sobre una huelga general ocurrida en abril de 2017. Por temor, el usuario editó la publicación, como se le solicitó. Sin embargo, a João Dória le arrojaron un huevo pocos meses después, en un viaje oficial.

También en abril de 2017, los mismos abogados ganaron una batalla legal donde pedían que Facebook revelara la identidad de los dueños de una página de Facebook titulada “Dejen libre a la izquierda”, que organizó una versión burlona del festival callejero Virada Cultural de São Paulo frente a la casa de João Dória. La intención era burlarse de la verdadera Virada Cultural, el mayor festival callejero anual de São Paulo, después de que Dória transfiriera la mayor parte de los escenarios musicales a una pista de carreras en las afueras de la ciudad.

El equipo legal de Dória dijo a Buzzfeed que representa al alcalde a título personal y que no tiene vínculos con la municipalidad de São Paulo. Pero ahora que el secretario de Justicia, Anderson Pomimi, ha renunciado a trabajar como asociado en la firma (renunció al asumir un puesto público, pero sigue como accionista), la línea entre privado y público sigue borrosa.

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