Las estructuras sociales, ciertas creencias religiosas y la falta de respuesta judicial del Estado son una combinación peligrosa que hacen posible la existencia y la presencia continua de instituciones que ofrecen tratamientos para «reorientar» las preferencias sexuales de personas LGBTI. Ilustración de Mónica Rodríguez. Usada con permiso.

La siguiente es la tercera parte de una re-edición del reporte escrito por Carlos Flores, publicado originalmente por Connectas y re-editado con ayuda del autor para formar una serie de tres partes. El hilo conductor lo forman las clínicas de «deshomosexualización» que internan personas de la comunidad LGBTI a la fuerza con el fin de «curar» su homosexualidad. El informe completo cuenta con descripciones detalladas de los casos y testimonios más amplios que dan cuenta de los maltratos y las vejaciones sufridas por las víctimas.

La primera parte de esta serie cuenta algunas de estas historias y la segunda explora las circunstancias legales que mantienen vulnerables a las personas que fueron objeto de secuestro y tortura por parte de las llamadas “clínicas de deshomosexualización”. Esta entrega da cuenta del trabajo de organizaciones y activistas que luchan contra el abuso a los derechos de las personas LGBTI y contra la limitación más poderosa en el avance de su causa: las convenciones sociales. 

Pese a las normas que buscan regular y prevenir el secuestro y el maltrato de personas homosexuales, los casos no cesan. Por ejemplo, en febrero del 2017, en Cuenca (al sur de Ecuador) se aprobó la Ordenanza Municipal para la Inclusión y Respeto de la Diversidad Sexual que prohíbe el funcionamiento de centros que ofrezcan supuestas curas contra la homosexualidad, bisexualidad, transexualidad, o el transgenerismo.

Si esto sucede, precisa la referida norma, “las autoridades municipales de control de uso de ocupación del suelo procederán con su clausura definitiva. Una vez dado el proceso sancionador, por parte de la autoridad municipal competente, será remitido a la autoridad penal correspondiente”, se precisa en el artículo 8 de la normativa. Sin embargo, en ese mismo año y en la misma ciudad, se conoció el caso de dos mujeres lesbianas que fueron recluidas contra su voluntad, una situación que movilizó a activistas y autoridades locales en su búsqueda.

También se supo del caso de Elías, en la provincia del Guayas (costa ecuatoriana). El muchacho había manifestado abiertamente su homosexualidad y su madre, de fuertes creencias religiosas, hizo gestiones para recluirlo primero en un colegio adventista en Santo Domingo de los Tsáchilas y luego en una clínica clandestina de Quinindé, en la provincia de Esmeraldas, frontera con Colombia.

De acuerdo con su primo, a Elías lo encerraban y le obligaban a golpear a sus compañeros “porque así se hacía hombre” en ese colegio. Al fugarse se quedó un tiempo en su casa, pero Elías se reconcilió con su mamá, y regresó con ella. Un día desapareció y fue entonces cuando su primo denunció el caso ante el Consejo de Protección de Derechos de Guayaquil.

Después del internamiento forzoso, la madre y el muchacho, se reunieron y recibieron atención psicológica. Elías, según su primo, recuperó una vida normal. Ambos parientes viven juntos de lunes a viernes y los fines de semana el chico visita a su mamá. No hubo ninguna judicialización ya que la mamá, al menos en teoría, recapacitó. Así lo explicó Ludovico Garcés, el abogado que vio la causa. “Obviamente estos centros de tortura nunca te van a decir lo internamos por ser gay, porque eso está penado por la ley”.

Aparte de estos casos señalados, Cayetana Salao, del Taller de Comunicación Mujer, señala, que han tenido conocimiento «de cuatro últimos [casos], más dos [de los que fue víctima] la misma persona [varias veces]». Dichos casos se hicieron públicos en un texto que se presentó en octubre pasado, con el título, “Retratos del Encierro, Sobrevivientes a las Clínicas de Deshomosexualización”.

«No deshomosexualizamos»

Los avances reglamentarios en Cuenca dejaron sorprendidos a muchos activistas por la poca reacción municipal para adoptarlos, cuando se presentó la reclusión forzosa de dos mujeres lesbianas señaladas anteriormente. Una de ellas fue internada en el centro de adicciones Mujer de Valor. Cuando conversamos con Marcelo Campuzano, director y propietario, admitió que efectivamente en la institución estuvo una de las jóvenes lesbianas del caso denunciado, pero afirma que el internamiento fue por problemas de alcohol. “Nosotros no deshomosexualizamos a las personas, porque esa no es nuestra labor”.

Sin embargo, el único documento que se pudo revisar sobre el caso fue la copia simple de la resolución de la Dirección Provincial de Salud de Cuenca, en el que se detalla que una de las jóvenes efectivamente tenía problemas de alcohol y que había sido llevada por su familia a la clínica, aunque la joven nunca firmó el consentimiento informado -que es contrario a lo afirmado por el centro Mujer de Valor-. A pesar de ello, dicha Dirección Provincial les liberó de responsabilidad y solo les conminó a cumplir con los requisitos que pide la norma.

Al preguntar sobre los casos de deshomosexualización preguntado en otros centros de adicciones, la respuesta de los directores es la misma: no deshomosexualizamos. Categóricamente, algunos afirman que los internamientos producidos siempre fueron por casos de adicción y que, inclusive, llegaron a demostrarse en instancias judiciales.

No hay que olvidar que la primera agresión que sufren ocurre en la casa, dice Jorge Betancourt de Verde Equilibrante, en Cuenca:

Muchas veces, en los grupos focales nos han comentado, [que] llegan a consumir el alcohol u otras sustancias porque es un medio que les ahonda sus penas, o la angustia de que en la casa los están martirizando, burlándose o muchas veces, hasta pegándoles. Luego las familias los internan por el uso de alcohol y drogas.

Annie Wilkinson, autora del libro Sin sanidad, no hay santidad, dedicado a las terapias forzadas de cambio de identidad sexual en Ecuador, identifica, además, un patrón con respecto a quienes manejan las instituciones:

El director de un centro salió desde otro centro. Luego una persona sale de ese segundo centro y abre otro, y de allí sigue igual, creando una cadena o red informal de centros. Algunos están vinculados a personas en el gobierno y muchos tienen relaciones con iglesias cercanas que les ayudan en su trabajo.

«[Hay que] despenalizar la homosexualidad de la mente y del corazón de la gente»

Por otra parte, no solamente los centros de adicciones ofrecen este tipo de terapias reparativas. Las iglesias también dan estas terapias bajo el membrete de «ayuda espiritual».

El problema de una zona gris entre expresión de fe, terapia psicológica y cambio forzado de identidad sexual produce reacciones diversas. Patricio Aguirre, entrevistado cuando era responsable de la Dirección Nacional de Derechos Humanos, Género e Inclusión del Ministerio de Salud Pública, asegura que las iglesias no deben ofrecer tratamientos de ese tipo porque se considera una vulneración de derechos.

Por su parte, Patricio Benalcázar, desde de la Defensoría del Pueblo, explora los límites desde otra perspectiva:

Si las personas libremente consienten en ir a un culto y a un tipo de apoyo espiritual con el ejercicio de su autonomía qué puede hacer usted, qué puedo hacer yo […] otra cosa es si es que hay manipulación, si es que hay abuso y hay algún atentado a tu integridad psíquica, física o moral, donde por supuesto el eje de los derechos humanos tiene que participar.

Consultados sobre si conocían casos de iglesias involucradas en prácticas al margen de la ley, respondieron que no.

Sin embargo, quienes han sido víctimas de maltratos por parte de estas instituciones religiosas conocen la realidad bastante bien. En varios de estos casos, las víctimas son llevadas por sus familiares, con ayuda de agentes que los trasladan bajo engaños o a la fuerza. La misma modalidad cuando ocurren estos casos en los centros de adicciones. Logran salir de esa reclusión con ayuda de otros familiares, amigos o parejas. Sin embargo, al momento de presentar denuncias a organismos judiciales, se les da poco seguimiento al caso.

Gabriela Alvear, quien también participó en algunos operativos de inspección a centros bajo sospecha de llevar a cabo «terapias» de reorientación sexual concluyó:

Vamos a cumplir 20 años de la despenalización de la homosexualidad, pero se requiere despenalizar la homosexualidad de la mente y del corazón de la gente y la sociedad y, adicionalmente, de que el Estado de manera progresiva deje de mirar a la comunidad GLBTI como una minoría y como ciudadanos y ciudadanas de segunda clase.