La prisión Evin en Teherán tiene la mala fama de albergar prisioneros detenidos e interrogados ilegalmente, a veces bajo tortura. Imagen de Flickr: Sabzphoto, CC BY-SA 2.0.

Una versión de este artículo fue escrito por Mahsa Alimardani para ARTICLE19. Se reproduce aquí por una asociación para publicar contenido.

Imagina que estás a punto de abordar un avión con tu hijita cuando un grupo de infames guadias revolucionarios los sujeta a ambos y los lleva detenidos. Los detienen sin ninguna acusación y te colocan en confinamiento solitario.

Vencido por el temor, lo que más quieres es que te liberen y poder reunirte con tu familia. Deseas hacer cualquier cosa que consideras te ayudará en el corto plazo. Bajo presión de las autoridades, entregas las contraseñas de tus cuentas de correo electrónico.

Poco después, tus contratos de trabajo, documentos financieros y hasta fotos familiares se usan en una campaña de calumnia en tu contra.

Esta es la situación de Nazanin Zaghari-Ratcliffe, ciudadana británico-iraní y trabajadora de una entidad de caridad que administraba un proyecto para la Fundación Thomson Reuters mientras vivía en Londres al momento de su arresto. Había viajado a Irán a visitar a su familia cuando la detuvieron con su hija en abril de 2016. Su hija está al cuidado de sus abuelos maternos, también en Irán, mientras su madre sigue detenida.

Aunque las noticias de persecución y procesamiento injustos no son novedad en Irán, hay nuevas señales de violaciones al debido proceso en cómo detienen y procesan a las personas, cómo se confiscan los dispositivos y se viola el derecho a la privacidad.

La preocupación del público sobre estos casos también aumentó en torno al caso de Kavous Seyed-Emami. Seyed-Emami era un ambientalista y académico canadiense-iraní que fue detenido en enero de 2018, y murió en la prisión de Evin el 9 de febrero de 2018.

Como en el caso de Zaghari-Ratcliffe, las cadenas nacionales de Irán hicieron públicos correos electrónicos, información personal y fotos que las autoridades confiscaron a Seyed-Emami, para acusarlo de ser un agente extranjero.

Son raras las campañas de difamación públicas que se sustentan en documentos confiscados digitales y físicos, como los casos de Zaghari-Ratcliffe y Seyed-Emami. Pero no son raras las confiscaciones de documentos personales; y aunque normalmente no se usan para publicarlos en los medios, a menudo las usan las autoridades para procesar detenidos y otras personas. ARTICLE 19 documentó con anterioridad esta tendencia en su informe de 2015 “Computer Crimes”, de usar métodos de intimidación para extraer información a los detenidos.

Estos casos dan fe de un sistema judicial que permite las violaciones flagrantes de sus propias leyes, emprende interrogatorios ilegales que lindan con la tortura, y viola derechos fundamentales a la privacidad.

ARTICLE 19 ha exhortado a Irán a cesar estas medidas, y que ponga en libertad a prisioneros como Zaghari-Ratcliffe, que realice una investigación a fondo de la muerte de Seyed-Emami, y que devuelva el pasaporte a su esposa, Maryam Mombeini, para que pueda salir de Irán.

Nazanin Zaghari-Ratcliffe

El 7 de diciembre de 2017, Press TV, filial en inglés de la cadena estatal iraní IRIB, transmitió un documental sobre el presunto trabajo de Nazanin Zaghari-Ratcliffe de alentar la «sedición» en Irán.

El documental se transmitió en inglés y en persa en vísperas de un nuevo caso judicial generado de un momento a otro para procesar a Zaghari-Ratcliffe por segunda vez, y parece confirmar que los funcionarios de seguridad de Irán consiguieron facturas y contratos de sus correos electrónicos.

En el documental, las autoridades los tergiversan como remuneraciones mensuales pagadas por la BBC en un intento de calumniarla. Ni Zaghari-Ratcliffe ni la BBC han mantenido en secreto que ella trabajó para BBC World Service Trust (ahora BBC Media Action) en calidad de «auxiliar de capacitación» en un puesto «subalterno y puramente administrativo» en programas diseñados para capacitar a periodistas iraníes entre febrero de 2009 y octibre de 2010. Se difundieron fotos que muestran a Zaghari-Ratcliffe sin el pañuelo en la cabeza para denunciarla como agente de Occidente en los medios iraníes antes de su comparecencia en el juzgado. Esta falsa propaganda se creó para bloquear iniciativas para su liberación y justificar las violaciones que soportó durante su detención.

Este es un extracto de la narración del documental de Press TV:

Iran’s information apparatus was studying the Zaghari case before her arrest. […] A security organisation in Iran has given PressTV documents contrary to claims that she is just a mother in Iran. The said evidence shows she was a recruiter for BBC Persian service, targeting youngsters dissatisfied with the Iranian ruling body…

El aparato de información de Irán estudiaba el caso de Zaghari antes de su arresto. […] Una organización de seguridad en Irán ha entregado documentos a PressTV, que difieren de las afirmaciones de que es solamente una madre en Irán. Esta supuesta evidencia muestra que era reclutadora del servicio en persa de la BBC, que buscaba jóvenes insatisfechos con el ente gobernante iraní…

«Guerra blanda del Reino Unido contra Irán: el caso Zaghari». Imagen: imágenes de Press TV de documentos de PressTV afirman haber adquirido a través de agencias de seguridad.

Kavous Seyed-Emami

Kavous Seyed-Emami, profesor de sociología y ambientalista de la Fundación Persa de Patrimonio de la Vida Silvestre, fue arrestado en enero de 2018, en lo que los fiscales de Teherán justificaron cono arrestos de quienes han estado reuniendo información clasificada bajo el disfraz de “proyectos científicos y ambientales”. La muerte de Seyed-Emami, ocurrida el 9 de febrero de 2018, fue una de una serie de muertes sospechosas de detenidos en custodia. En una declaración a la agencia de noticias ILNA, el fiscal de Teherán, Abbas Jafari-Dolatabadi, sostuvo sin pruebas que se suicidó

He was one of the defendants in a spying case and unfortunately he committed suicide in prison since he knew that many had made confessions against him and because of his own confessions.

Era uno de los acusados en un caso de espionaje, y lamentablemente se suicidó en prisión cuando supo que muchos habian confesado en su contra y por sus propias confesiones.

Según la familia de Seyed-Emami y los abogados que los representan, no ha habido informe médico para verificar la causa de su muerte. Las autoridades le han negado a la familia una autopsia independiente.

Por su parte, la Corporación de Radiodifusión de la República Islámica de Irán (IRIB) transmitió un documental basado en evidencia que parece haber sido extraída de los dispositivos, cuentas en línea de Seyed-Emami e incursiones físicas en la casa de su familia, que incluyen fotos familiares privadas y fotos, y comunicaciones inocuas con amigos y contactos.

Un correo electrónico entre Seyed-Emami y un amigo estadounidense se usó en el documental para concluir que Seyed-Emami tenía vínculos con ramas de inteligencia estadounidense, sin evidencia que lo sustente.

Programa IRIB presentó un documental que caiumnia a Seyed-Emami. Mostró correspondencia aparentemente enviada a un contacto llamado «David» como evidencia del papel de Seyed-Emami como espía extranjero.

Privacidad, juicios justos y legalidad de los interrogatorios

Estos dos casos destacan tendencias muy preocupantes para la protección de derechos humanos y libertades fundamentales en Irán, en particular la presunción de inocencia, el derecho al debido proceso y un juicio justo, y el derecho a la privacidad, como lo reconocen las obligaciones internacionales de derechos humanos.

La diligencia del sistema judicial de Irán y de IRIB para aceptar narrativas falsas de «espionaje» y evidencia extraída de comunicaciones y dispositivos privados de los detenidos socava la legalidad con que se obtiene y usa la evidencia.

Además, las estipulaciones del Código Penal y la ley de delitos de computación de Irán sobre los derechos del fiscal para acceder a los datos personales de los acusados violan los parámetros internacionales de privacidad.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Irán, establece que “nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación”. Luego establece que: “Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”.

El Código Penal de Irán concede la facultad de confiscar cuentas electrónicas y datos en el artículo 104, con una disposición similar en el artículo 48 de la ley de delitos de computación. Aunque el artículo 103 del Código Penal establece que solamente se pueden asegurar los documentos relacionados con el delito, claramente no ocurrió así en el caso de Zaghari-Ratcliffe. La fiscalía tuvo acceso a todos sus datos privados y personales para sustentar las acusaciones imprecisas y amplias.

La ilegal detención y maltrato a Zaghari-Ratcliffe y Seyed-Emami, y la obtención forzada de su información con interrogatorios ilegales infringen además el derecho internacional.

Según su familia, Zaghari-Ratcliffe fue detenida sin acusación en el aeropuerto y llevada a la provincia de Kerman, recluida en confinamiento solitario y se le negó asesoría legal cuando sus cuentas fueron confiscadas e intervenidas.

Esto contradice los procedimientos de protección y penales de Irán en el Código Penal, articulos 12 y 13. Además, el caso contra Zaghari-Ratcliffe, sustentado en largos y extenuantes interrogatorios, también es ilegal según el Código Penal de Irán (artículo 106), que estipula que a toda confesión “obtenida bajo coerción, fuerza, tortura o abusos mentales o físicos no se le debe conceder ninguna validez ni peso, y el juzgado está obligado a volver a interrogar al acusado”.

Los procedimientos legales de Irán para acceder a los dispositivos y las cuentas de estos dos prisioneros siguen sin aclararse. Pero la evidencia usada en narrativas de los medios y en fallos contra Zaghari-Ratcliffe y Seyed-Emami demuestran que las acciones de las agencias de inteligencia de Irán, a través de los guardias revolucionarios, se han impuesto en estos casos, a diferencia de procedimientos, leyes y regulaciones penales.

Es más importante que nunca que las autoridades iraníes reconozcan protecciones establecidas en leyes nacionales y las obligaciones internacionales de las que son parte, y que dejen de usar el argumento de “seguridad nacional” para atacar personas y afirmar su poder.