El Netizen Report de Advox ofrece una instantánea internacional de los problemas, victorias y nuevas tendencias en materia de derechos de internet en todo el mundo.
El 26 de marzo, las autoridades etíopes arrestaron a los periodistas Eskinder Nega y Temesghen Desalegn, a los blogueros de Zone 9: Befekadu Hailu y Mahlet Fantahun, y a Zelalem Workagegnehu, autor del blog De Birhan. Todos habían estado anteriormente en prisión por su trabajo como periodistas o activistas de derechos humanos.
No fueron los únicos atacados en la semana del 26 de marzo. Una fuente local de Global Voices, que pidió que no se revelara su nombre, estimó que más de 20 periodistas, académicos y destacadas figuras de oposición fueron arrestados. Defensores de la sociedad civil de todo el mundo pidieron la liberación de 11 periodistas en una carta emitida por la Asociación de Derechos Humanos en Etiopía.
Nega, destacado periodista político, había pasado previamente casi siete años tras las rejas acusado de terrorismo. Fue liberado de prisión a inicios de 2018, y volvió a ser arrestado el 26 de marzo.
Nega envió un mensaje desde la prisión, donde describe las “inhumanas” condiciones en que los tienen confinados:
…our condition in prison is inhuman, to say the least. Better to call it jam-packed than imprisoned. About 200 of us are packed in a 5 by 8 meter room divided in three sections. Unable to sit or lay down comfortably, and with limited access to a toilet. Not a single human being deserves this, regardless of the crime, let alone us who are detained unjustly. The global community should be aware of such a case and use every possible means to bring an end to our suffering.
…nuestra condición en prisión es inhumana, por decir lo menos. Mejor sería decir [que estamos] atiborrados que encarcelados. Cerca de 200 estamos apretujados en una habitación de 5 por 8 metros dividida en tres secciones. Incapaces de sentarnos o echarnos cómodamente, y con limitados acceso a un baño. Ningún ser humano se merece esto, independientemente de su delito, menos nosotros que estamos detenidos injustamente. La comunidad global debe saber de este caso y usar todos los medios posibles para poner fin a nuestro sufrimiento.
Temesghen fue trasladado de la prisión al hospital Zewditu “debido a un severo dolor de espalda tuvo en su tiempo de prisión recientemente”.
Hailu y Fantahun han trabajado con la comunidad de Global Voices. En 2014, fueron arrestados con siete colegas blogueros y periodistas, por su participación en el blog colectivo Zone9, donde escribían sobre las obligaciones con los derechos humanos y el derecho constitucional.
Luego de 12 semanas de detención arbitraria, los escritores fueron acusados de acuerdo con la proclamación contra el terrorismo de Etiopía y pasaron más de un año tras las rejas. Algunos fueron liberados sin explicación poco antes de una visita de estado del entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en julio de 2015. El resto fue absuelto y puesto en libertad en octubre de 2015.
Desde entonces, los blogueros han vivido bajo estricta vigilancia de las autoridades estatales.
Todo esto ha ocurrido en un ambiente político turbulento. Desde mediados de 2015, miles de etíopes han empezado a exigir maypres libertades políticas e iguladad social y que el Gobierno ponga fin a la toma de tierras en la región de Oromía, donde vive el mayor grupo étnico de Etiopía. La respuesta del Gobierno ha sido brutal: cientos han muerto, miles han sido arrestados y las voces críticas —en línea y fuera de línea— han sido silenciadas sistemáticamente.
A fines de 2017, la coalición gobernante de Etiopía empezó a dividirse, lo que tuvo efectos colaterales políticos y la renuncia en enero de 2018 de Hailemariam Desalegn como primer ministro.
Hasta ahora, las acusaciones de 7,000 personas fueron retiradas o indultadas —pero en la última semana de marzo, se volvió a arrestar a algunos de los que habían sido liberados. Su destino es incierto.
Siguiente parada del tren de las consecuencias de Cambridge Analytica: India
Christopher Wylie, científico de datos convertido en informante, exjefe de investigación de Cambridge Analytica, dijo a parlamentarios británicos que el congreso Nacional indio, destacado partido opositor de India, fue cliente de la controvertida firma de minería de datos.
También circularon acusaciones de que otros partidos políticos indios (incluido el partido BJP, del primer ministro, Narendra Modi) tuvieron contratos con la empresa británica.
En su declaración ante una comisión parlamentaria británica, Wylie describió diversas actividades de la empresa de minería de datos, que han dominado los titulares desde mediados de marzo, cuando los periodistas de The Observer y The New York Times revelaron que la empresa explotó los datos de conducta y psicográficos de los usuarios de Facebook —sin su conocimiento— al servicio de la campaña presidencial de Donald Trump.
En su declaración, Wylie fue crítico del trabajo de la empresa en India y Kenia, donde Jubilee, el partido gobernante, contrató a Cambridge Analytica. En un tuit, lo comparó con “colonialismo moderno”.
Cambridge Analytica también estuvo involucrado en minería de datos electoral con la intención de socavar la elecciones en Nigeria, el país más poblado de África.
Dudas de datos llegan a Japón
Tras las revelaciones de Cambridge Analytica, el secretario del gabinete del primer ministro Shinzo Abe, dijo a los reporteros el 27 de marzo que el Gobierno japonés está investigando el uso ilegal de datos personales obtenidos de Facebook. La ley de protección de la información personal prohíbe que las empresas compartan datos de usuarios con terceros con consentimiento explícito de los usuarios.
Protege tu cuenta de Facebook de la minería de datos
Poco después de la noticia de la explotación no consentida de los datos de los usuarios de Facebook por parte de Cambridge Analytica, Electronic Frontier Foundation publicó una guía breve para ayudar a los usuarios de Facebook a limitar el grado en que aplicaciones de terceros pueden acceder a tus datos. Leélo aquí.
Turquía endurece leyes de video en línea
El Parlamento de Turquía aprobó una nueva ley que faculta al regulador de transmisiones del país a imponer un plan de licencias para plataformas de video en línea (como YouTube, Periscope y probablemente Facebook) que le permitirá al regulador vigilar y sancionar a las plataformas que no cumplan de inmediato con las solicitudes gubernamentales de retiro de contenido. Se exigirá que todas las plataformas obtengan una licencia del regulador —las que no cumplan corren el riesgo de quedar totalmente bloqueadas.
Siria crea juzgados especiales para el ciberdelito
El Consejo Ministros de Siria aprobó una enmienda a la Ley de Ciberdelito 17/2012, que penaliza a “todo aquel que incite o promueva delitos a través de redes de computadoras” con sentencias de prisión que oscilan entre uno y tres años, y una multa de hasta US$1,500. La enmienda crea un juzgado especializado de primera instancia para casos de ciberdelito cuyas resoluciones pueden ser impugnadas en la Corte de Apelación. Antes, las personas acusadas con la ley de ciberdelito podían ser procesadas en cualquier juzgado, incluidos tribunales militares.
Activistas de Myanmar se resisten a la ley de difamación
En respuesta a la ley de difamación de Myanmar, el centro tecnológico local Phandeeyar lanzó una base de datos en línea llamada #SayNOto66d [Dile no al 66 d], en asociación con una coalición de 22 organizaciones de la sociedad civil. Según el artículo 66 d, una persona puede ser condenada a prisión por un término que no exceda de tres años, una multa o ambos si incurre en «extorsión, coerción, restricción aribtraria, difamación, perturbación que cause influencia indebida o amenaza a otra persona usando la red de telecomunicaciones».
Según la base de datos, el 61% de quienes han sido procesados de acuerdo con esta ley estaban “dando a conocer los problemas y hacer que otros rindan cuentas”. La mitad de los casos involucraban críticas al Estado. Todos los que han sido acusados de acuerdo con la ley también han sido condenados.
Legisladores australianos quieren proteger la encriptación (de verdad)
Jordan Steele-John, senador del Partido Verde Australiano, presentó una moción para apoyar leyes que protejan la encriptación fuerte en tecnologías de comunicación digital y para fortalecer los requisitos para que los investigadores soliciten una orden antes de emprender invetigación digital de ciudadanos de quienes se sospecha han realizado actividades ilegales.
Nueva investigación
- Guerra de Yemen en línea: Propagación de contenido censurado en Twitter – Berkman Klein Center for Internet & Society
- Parada digital y búsqueda: Cómo la policía del Reino Unido puede descargar secretamente todo de tu teléfono móvil – Privacy International
- Aplicaciones, rastreadores, privacidad y reguiladores: Estudio global del ecosistema de rastreo móvil – Abbas Razaghpanah y otros, para el Simposio de Seguridad del Sistema Distribuido y Redes