A las 10:00 a.m. del jueves 12 de abril de 2018, el juez Devindra Rampersad entró a la sala 09 de la Corte Suprema en el centro de Puerto España para dar su voto en el caso de Jason Jones contra el fiscal general de Trinidad y Tobago [2].
La pregunta que estaba pendiente era si el Estado tiene la autoridad constitucional para penalizar relaciones sexuales entre adultos del mismo género –acto considerado delito por las secciones 13 y 16 del capítulo 11:28 de la ley de delitos sexuales [3] del país.
Dentro del tribunal estaba el solicitante, Jason Jones, el demandado y sus equipos legales, y representantes de partes interesadas que incluían la Comisión de Igualda de Oportunidades [4], la organización Sanatan Dharma Maha Sabha [5] (grupo hindu conservador) y el Consejo de Iglesias Evangélicas de Trinidad y Tobago. También había periodistas, partidarios de la causa de los derechos LBGT+ y varios líderes religiosos.
Fuera del tribunal, en los escalones del Palacio de Justicia y en la plaza Woodford al frente, estaban reunidos activistas de ambos lados. Muchos tenían carteles que defendían los derechos humanos, y algunos agitaban carteles con versículos de la Biblia.
Muchos carteles tenían mensajes de amor, y hablaban de la necesidad de proteger los derechos de todos los ciudadanos, según la Constitución del país.
Otros carteles contenían razones religiosas.
Muchos activistas LBGT+ enfatizaron que el Estado no tiene nada que hacer en sus dormitorios. También mostraban la etiqueta del movimiento #JusticeDiversityTT [13] [Diversidad en la justicia en Trinidad y Tobago], pues la gente defiende la aceptación de diversidad en la unidad familiar.
Después del resumen de media de la resolución, el juez Rampersad declaró que la corte había determinado que las secciones 13 y 16 de la ley eran «inconstitucionales, ilegales, nulas, inválidas y sin efecto en cuanto a penalizar actos de conducta sexual consentida entre adultos».
Los que estaban en la corte estaban compuestos y circunspectos. Pero cuando la noticia llegó al exterior, hubo alegre celebración por todas partes.
Fue alentador ver que, antes y después del anuncio de la decisión, personas con opiniones distintas hablaban del tema — calmada, racional y respetuosamente. Hubo mucha discusión sobre consentimiento (muchos tienen la percepción errada de que todo sexo anal equivale a violación) y la necesidad de reconocer la humanidad de cada persona.
Al final, ya sea que la decisión de la corte logró o no cambiar la mente de alguien, LBGT+ y activistas religiosos estuvieron uno al lado del otro en las escaleras del Palacio de Justicia — y en palabras de Trinidad y Tobago himno nacional [24], encontraron un espacio donde un hito judicial hizo que todo ciudadano finalmente tuviera un lugar más igual.
El Gobierno ya afirmó que va a apelar la decisión [25].