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Autoridades angoleñas llevan a periodista Rafael Marques ante la justicia, por investigar la corrupción

Periodista Rafael Marques es un seminario en Stanford en septiembre de 2016. Foto: captura de pantalla de YouTube/Stanford CDDRL.

El periodista angoleño Rafael Marques ha sido llevado ante la justicia nuevamente por su trabajo de investigación.

Esta vez, Marques enfrenta acusaciones de “insultar a las autoridades públicas” tras la publicación de un artículo en octubre de 2016 en el sitio web de noticias independiente Maka Angola, del que es fundador y editor. El artículo planteaba preguntas sobre posible corrupción del ahora ex fiscal general João Maria de Souza.

Mariano Lourenço, editor en jefe del periódico O Crime, que publicó e imprimió el artículo, enfrenta las mismas acusaciones. A Marques también se le acusa de “ofender un ente de soberanía” por supuestamente haber ofendido al expresidente José Eduardo dos Santos en el mismo artículo.

El texto revela que la adquisición del ex fiscal general de tres hectáreas de tierra (cerca de cuatro campos de fútbol) en 2011, por 600,000 kwanzas (cerca de USD$2,500), para construir un complejo residencial. Es una propiedad frente a la playa en la ciudad de Porto Amboim, a unos 220 km al sur de la capital, Luanda, según documentos obtenidos por Maka Angola.

Desde su independencia de Portugal en 1975, Angola ha estado bajo el liderazgo del Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA), partido del actual presidente, João Lourenço, que fue elegido en agosto de 2017. Lourenço tomó la posta de José Eduardo dos Santos, que estuvo en el poder durante 35 años y dirigió un gobierno acusado de abusos de derechos humanos y restricciones a la libertad de expresión, donde periodistas y críticos fueron acosados frecuentemente.

Los abogados de Souza dicen que los periodistas angoleños publicaron el artículo un año después de que Souza perdiera la concesión de las tierras por incumplir con el pago de sus cuotas. La defensa de Rafael Marques sostiene que de todas maneras hubo irregularidades en la adquisición de las tierras.

Su abogado, Horácio Junjuvili, declaró a Deutsche Welle en marzo:

A factualidade apontada pelo Ministério Público incide diretamente sobre a liberdade de imprensa e de expressão. Nestes termos, o que começa por estar em julgamento neste caso é a liberdade de imprensa, designadamente no que tange ao combate à corrupção.

Los hechos indicados por el Ministerio Público se refieren directamente a la libertad de prensa y de expresión. En esos términos, lo que se está juzgando en este caso es la libertad de prensa, específicamente en lo referente a la lucha contra la corrupción.

Primero se presentaron acusaciones contra Marques en diciembre de 2017. El juicio empezó finalmente el 19 de marzo. La última audiencia, programada para el 16 de abril, se canceló por la ausencia de João Maria de Souza, que sostuvo que, como juez retirado, podía invocar inmunidad de procedimientos y, por tanto, rechazar comparecer ante la Corte Provincial de Angola.

El juez que preside el caso determinó que João Maria de Souza sería obligado a comparecer el 24 de abril en una de las salas de la Fiscalía, a puerta cerrada.

Antiguo objetivo de las autoridades

No es la primera vez que Marques enfrenta procesos por su trabajo periodístico en Angola. En 1999, pasó 42 días en prisión sin ninguna acusación formal en su contra, luego de haber publicado un artículo donde describía al entonces presidente José Eduardo dos Santos de “dictador corrupto”.

En 2016, fue sentenciado a seis meses en prisión y a una multa por publicar el libro “Diamantes de sangre: Tortura y corrupción en Angola”, editado en Portugal en 2011, que denuncia abusos a los derechos humanos en las minas de diamantes del país. Marques fue acusado de difamación contra las empresas mineras y los generales angoleños en el comercio de diamantes.

En mayo de 2016, luego de la presión de organizaciones internacionales y de la sociedad civil, las autoridades angoleñas retiraron todas las acusaciones contra Marques relativas al libro.

Según el entonces abogado defensor de Marques, David Mendes, este juicio presentó una serie de irregularidades, como el hecho de que la corte se rehusó a escuchar testimonio de expertos y testigos, además del propio Marques. En su momento, declaró a DW:

Para quem acompanhou o processo, viu-se que não houve discussão da causa. Foi ouvido o réu mas não foi discutida a matéria fática ou seja os factos não foram discutidos. Ouviu-se o réu e as testemunhas e os declarantes foram dispensados. O juiz não pode decidir com aquilo que vem da instrução. Então não havia razão de haver um julgamento. […] O julgamento só serve para o apuramento das razões facticas da justificação ou não dos elementos constituintes do crime. Não foi discutido o crime, não foram discutidas as matérias que teriam levado a convicção do tribunal. De onde o tribunal partiu da convicção para condenar?

Quienes siguieron el juicio, vieron que no hubo discusión en el caso. Se escuchó al demandado, pero no se discutió el aspecto fáctico, es decir, no se discutieron los hechos. Se escuchó al demandado, pero se desestimó a testigos y oradores. El juez no puede decidir con eso qué viene luego de la audiencia. Entonces, no había razón para tener un juicio. […] Un juicio solamente sirve para verificar las razones fácticas para justificar o no los elementos constitutivos de un delito. El delito no se discutió, no se discutieron los asuntos que hubieran persuadido a la corte. ¿De dónde partió la certeza del tribunal para condenar?

El editor portugués de Tinta da China puso a disposición de los lectores una versión gratis en PDF para descargar el libro Diamantes de sangre.

Acoso a activistas de derechos humanos

Cuando se trata de personas que trabajan para revelar violaciones de derechos humanos, Rafael Marques no es el único que enfrenta presiones del Gobierno angoleño.

En un caso conocido como 15+2, un grupo de activistas fue arrestado en junio de 2015 durante una sesión de grupo de estudio de política angoleña, con especial atención al libro “De la dictadura a la democracia”, del escritor estadounidense Gene Sharp, que propone formas pacíficas de protesta.

En marzo de 2016, las cortes dictaron sentencias de cárcel que variaban entre dos años y tres meses, donde los acusaban de preparar rebelión y conspiración. En mayo de 2016, las sentencias fueron reducidas a arresto domiciliario.

Otro activista en la mira de las autoridades es José Marcos Mavungo, fundador de la organización de derechos humanos Mpalabanda Asociación Cívica de Cabinda. Mavungo fue detenido en marzo de 2015, acusado de rebelión, y luego fue sentenciado a seis años de prisión. En mayo de 2016 fue liberado por “falta de evidencia”.

Cabinda, actualmente un enclave de Angola al norte del río Congo, fue un protectorado portugués entre 1885 y 1956, cuando la administración colonial decidió gobernar la región desde Angola, pero sin el consentimiento de líderes locales. Desde la década de 1960, la región ha enfrentado insurgencia separatista armada que se intensificó después de la independencia de Angola, que heredó soberanía en la zona de los portugueses.

El conflicto ha causado mucho sufrimiento al pueblo de Cabinda. Con los años, diversas organizaciones internacionales han criticado las operaciones militares de Angola en Cabinda por violaciones a los derechos humanos y restricciones a la libertad de expresión.

En diciembre de 2017, 28 activistas de la organización Asociación para el Desarrollo de Cultura de Derechos Humanos (ADCDH) en Cabinda fueron detenidos cuando se preparaban para participar en una manifestación pacífica. Los dejaron en libertad el mismo día.

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