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Empresas de telecomunicaciones deben revelar más datos sobre bloqueos de internet, según grupos de sociedad civil

Manifestación contra bloqueos de móviles en el norte del Sinaí. En el cartel: “No queremos usar redes israelíes por su descuido”. Foto de la página grupal Sinai2014/SinaiOutofCoverage.

Cuando activistas en Egipto organizaron protestas contra cierres de internet y móviles en el norte de Sinaí en 2014, en la campaña “Sinaí fuera de cobertura”, probablemente no esperaron que siguiera siendo relevante cuatro años después.

En febrero de 2018, cuando el Ejército egipcio lanzó otro operativo militar en la región del Sinaí, al norte de Egipto, el Gobierno volvió a ordenar un bloqueo regional de servicios de internet y telecomunicaciones. Como muchas veces en los últimos cinco años, el bloqueo dejó a los habitantes de la zona desconectados de otras partes de Egipto y el mundo, y sin posibilidades de comunicarse o pedir ayuda.

En años recientes, los bloqueos de internet se han vuelto muy frecuentes para los usuarios de varios países, y para los grupos de derechos digitales que los documentan. El problema ha llegado hasta las Naciones Unidas, donde el Consejo de Derechos Humanos adoptó una resolución en junio de 2016 donde condena “medidas cuyo objetivo o efecto deliberados es impedir u obstaculizar el acceso o la divulgación de información en línea, vulnerando el derecho internacional de los derechos humanos”.

Y el problema es global. En India, el Centro de Derecho de Libertad de Software (SFLC) documentó 70 incidentes de cierres regionales de internet en 2017, comparados con los 31 cierres en 2016 y solamente 14 en 2015. Hasta abril de 2018, ha habido 40 cierres en el país.

Durante más de un año en Camerún, en las regiones angloparlantes del país, en el noroeste y suroeste, internet ha estado totalmente bloqueado o con la velocidad reducida al punto que se volvía inútil.

En Sri Lanka, las autoridades cerraron completemente internet en el distrito de Kandy en marzo de 2018, en repuesta a actos de violencia sectaria. El Gobierno culpó a los medios sociales por difundir discurso de odio y llamados a la violencia.

Hasta donde saben los investigadores, la mayoría de estos bloqueos han ocurrido por orden de las autoridades gubernamentales, que ordenan a las empresas de telecomunicaciones que presionen el ‘interruptor de emergencia’.

Las empresas de telecomunicaciones no suelen tener más opción que cumplir con estas órdenes. En algunos casos, brindan a su suscriptores alguna explicación por el corte del servicio. Pero en la mayoría de casos, no dan explicación alguna.

Nuevas investigaciones de Ranking Digital Rights, iniciativa de investigación sin fines de lucro que evalúa las prácticas de internet y de empresas de telecomunicaciones que afectan los derechos de los usuarios a la libertad de expresión y la privacidad, muestran que las mayores empresas de telecomunicaciones del mundo revelan poco o nada sobre sus procesos para responder a solicitudes gubernamentales para restringir acceso a redes o a algunos servicios y plataformas.

Ranking Digital Rights: Índice de Responsabiildad Corporativa 2018

El Índice de 2017 clasifica a 10 empresas de telecomunicaciones y 12 empresas de internet en un grupo de 35 indicadores de derechos humanos diseñados para medir si la empresas dan a conocer  las políticas que afectan los dreechos de libertad de expresión y privacidad de los usuarios y qué tan bien lo hacen. El Índice evalúa políticas en la empresa matriz, en la empresa operadora y de servicios seleccionados, dependiendo de la estructura de la empresa.

Lee sobre la metodología, investigación y criterios de evaluación de RDR.

En varios paises del Medio Oriente y Norte de África, tanto Gobiernos como “actores no estatales” han ordenado cierres de internet o interrupciones de red, según Asser Khattab, que informa de cierres de red en la región para Social Media Exchange (SMEX), organización de desarrollo y derechos digitales con sede en Beirut.

En African Freedom of Expression Exchange (AFEX), red de grupos de defensoría de libertad de expresión en África, los describen los bloqueos como “desenfrenados” en varios países africanos.

Los cierres suelen ocurrir en momento en que la seguridad pública o la estabilidad están bajo amenaza, como conflictos armados, operaciones de seguridad, protestas y crisis políticas. Pero en estos tiempos en que la seguridad es la máxima preocupación, los bloqueos de red ponen trabas al acceso de los usuarios a servicios de información y comunicación en momentos en que más se les necesitan.

En India, donde la libertad de expresión ha disminuido, los bloqueos de redes son “otro instrumento directo” para restringir este derecho fundamental, dijo Mishi Choudhary, directora legal de SFLC a Global Voices. Por ejemplo, como parte de la represión estatal contra las protestas por la independencia en Cachemira, las autoridades indias recurrieron a prohibir acceso a medios sociales y a interrumpir el acceso redes de internet móvil e internet, lo que limita la capacidad de los habitantes de comunicarse, organizarse y expresarse.

En zonas de conflicto, los bloqueos pueden poner en riesgo la vida de las personas.

En estos casos, la “consecuencia puede ser muy arriesgada”, dijo Asser Khattab, que informa de cierres en el Medio Oriente y Norte de África, incluidas zonas de conflicto como Siria, el norte del Sinaí en Egipto y Yemen. Agrega:

I have heard about people who were wounded or in a dire health situation but were not able to access emergency services, like calling an ambulance, because of network disruptions. It also becomes harder to report on cases of collateral damage, or cases of death, in time. People may not be able to hear the news about what is really going on around them, which would create an atmosphere of stress and fear, especially for those who suddenly lose touch with a loved one who’s not home for instance

He sabido de personas heridas o en complicadas situaciones de salud que no pudieron tener acceso a servicios de emergencia, como llamar a una ambulancia, por interrupaciones de la red. También se vuelve más difícil informar en casos de daño colateral o causas de muerte a tiempo. Las personas pueden no recibir noticias de lo que ocurre a su alrededor, lo que crearía una atmósfera de tensión y temor, sobre todo para quienes pierden contacto con un ser querido porque no  está en casa, por ejemplo.

En África Subsahariana, Internet sin Fronteras (ISF), organización sin fines de lucro que promueve derechos digitales en África, documentó las muchas maneras en que un bloqueo de internet puede interrumpir el trabajo y las necesidades diarias vitales de las personas. Pequeñas empresas, empresas de tecnología, operaciones de banca y transferencia de dinero, profesionales de la salud que usan aplicaciones de medios sociales para comunicarse con pacientes en zonas remotas, periodistas que dependen de redes de comunicaciones para informar y enviar noticias, y hasta personas que buscan trabajo están entre los más más afectados.

Julie Owono, directora ejecutiva de ISF, dijo a Global Voices que los “bloqueos no solamente son negativos para ellos [empresas de telecomunicaciones] sino que también [son] negativos para los clientes a los que se supone deben servir, y por último, también es negativo para todos los estamentos de la sociedad’.

Gráfico de Olivia Solis.

¿Cómo deben manejar las empresas de telecomunicaciones las solicitudes gubernamentales de cierre? Aunque las empresas pueden tener poca opción además de seguir las órdenes oficiales, pueden intentar darle información al público cuando ocurren los cierres. ¿Quién ordenó el cierre y con qué fin? ¿Dónde ocurre? ¿Cuánto se espera que dure?

El Índice de Responsabilidad Corporativa de RDR sostiene que las empresas deben:

  • informar al público cómo responden a pedidos gubernamentales de cierre de redes, e indicar bajo la autoridad de quién se ordena el cierre para que los responsables puedan rendir cuentas;
  • comprometerse a notificar directamente a los usuarios sobre estas restricciones;
  • comprometerse a rechazar solicitudes de cierre de una red o restringir el acceso a sun servicio; y
  • publicar datos sobre la cantidad de solicitudes de cierre que reciben.

Solamente dos empresas, Vodafone y Telefónica, alcanzaron el 50% en este indicador. Las ocho empresas restantes, entre las que están el grupo multinacional francés Orange, el grupo sudafricano MTN y AT&T, alcanzaron menos del 20%. Vodafone fue la única empresa que revela claramente su proceso para responder a estos pedidos gubernamentales y que se compromete a rechazar estos pedidos cuando es posible. Telefónica fue la única empresa que reveló cuántas solicitudes de cierre recibió.

Choudhary de SFLC comentó que estos resultados “no le sorprenden en lo absoluto”. Dijo que en India, a los usuarios no se les suele informar de estos cierres antes de que ocurran, y “los dejan sin saber si es un fallo técnico o un bloqueo”.

El Índice de RDR 2018 incluye a Bharti Airtel, proveedor de servicios de telecomunicaciones indio, que no reveló casi nada sobre las circunstancias bajo las cuales cumple con las solicitudes gubernamentales de cierre, y alcanza apenas 6% en el indicador que evalúa las políticas de cierre de redes, como muestra el gráfico de arriba. El mal desempeño de Bharti Airtel es parecido al de Axiata, grupo malasio de telecomunicaciones y al Ooredoo de Qatar. La segunda región de la región Medio Oriente y Norte de África evaluada en el Índice, la emiratí Etisalat, también obtuvo un bajo 13% en el mismo indicador.

A los operadores en la región del Medio Oriente y Norte de África “no les suele gustar hablar al respecto y se incomodan al responder preguntas después de afirmar que son órdenes gubernamentales”, dijo Khattab a Global Voices. “Fuentes en la gobernación de Norte Sinaí en Egipto dicen que nunca les notifican los bloqueos, que pueden durar entre 10 y 12 horas, lo que aumenta su preocupación sobre operaciones militares cercanas”, agregó.

En África Subsahariana, cuando los operadores comunican a los usuarios sobre cierres, la comunicación “suele llegar muy tarde”, dijo Owono. “[Los usuarios] solamente saben que no pueden acceder a la red y nada más”.

Las empresas de telecomunicaciones enfrentan crecientes cargas en este rubro, de todos lados. Las empresas que rechazan las órdenes de cierre pueden arriesgarse a perder su licencia o que sus trabajadores terminen presos. En Egipto, el Parlamento aprobó recientemente una disposición de una polémica ley de ciberdelito que multará a los proveedores de internet y trabajadores hasta con un año de cárcel si se niegan a cumplir con órdenes de censura de contenido.

No obstante, funcionar en un ambiente regulatorio represivo no deberían impedir que las empresas de telecomunicaciones al menos comuniquen al público cómo responden a las solicitudes de cierre, que notifiquen a usuarios cuando vienen bloqueos de red y que nombren a las autoridades que ordenaron los bloqueos cuando no están impedidos legalmente de hacerlo.

Publicar esa información puede ayudar a los usuarios y grupos de derechos digitales a prepararse para combatir los bloqueos cuando están a punto de ocurrir, hacer responsables a quienes los ordenan y dar a conocer sus impactos negativos.

Owono enfatizó la importancia de esta información para el público:

“Si [las empresas] de telecomunicaciones ni siquiera comunican, objetivamente se están poniendo del lado del opresor, que en este caso es un régimen opresivo”.

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