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Netizen Report: Fallo de la Corte Suprema de Gambia deja el futuro de la libertad de expresión en la incertidumbre

Categorías: África Subsahariana, Gambia, Derecho, Libertad de expresión, Medios ciudadanos, Netizen Report, GV Advox, UPROAR

Manifestantes en Gambia tras la elección de Adama Barrow en 2017. Captura de pantalla de un video de YouTube de circulación masiva.

El Netizen Report de Advox ofrece una instantánea internacional de los problemas, victorias y nuevas tendencias en materia de derechos de internet en todo el mundo.

La Corte Suprema de Gambia derogó [1] la ley de Enmienda de la Información y las Comunicaciones (ICA) de 2013 y la declaró inconstitucional, aunque mantuvo algunos artículos claves de la ley sobre sedición del país. Ambas leyes han sido utilizadas como herramientas de represión sobre los medios de comunicación.

El fallo fue el resultado de un expediente presentado en 2015 [2] por el Sindicato de la Prensa de Gambia donde se cuestionaba la constitucionalidad de las leyes sobre sedición, calumnias, difamación criminal y noticias falsas. Recientemente, el juzgado regional de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental emitió su dictamen sobre las mismas leyes [3] en un caso presentado por cuatro periodistas gambianos exiliados, y las declaró inconstitucionales.

Sin embargo, la Corte Suprema de Gambia tuvo una visión distinta. El fallo ratificó algunas leyes sobre sedición que se pueden utilizar para penalizar el discurso crítico o las investigaciones periodísticas relativas al presidente, mientras que derogó la modificación a la ICA de 2013, que penalizaba la difamación en línea y la difusión de “noticias falsas” en internet. Los infractores tenían que pagar fuertes multas y cumplir sentencias de prisión de hasta quince años.

En Twitter, el periodista gambiano Sanna Camara describió la ley ICT [4] como «una de las leyes de internet más severas de África». El propio Camara recibió amenazas legales [5] en Gambia por su cobertura sobre el tráfico de personas publicada en The Standard. En 2014, Camara fue acusado de publicar “noticias falsas” y, poco después, se fue del país.

Angela Quintal, del Comité para la Protección de Periodistas [6], describió el fallo como “un paso adelante y dos atrás”. Según declaró, “envía el mensaje de que los periodistas aún no tienen la libertad de trabajar sin la amenaza de enfrentar procesos penales”.

El fallo es la primera decisión importante del juzgado que afecta la libertad de expresión desde la transición del poder [7] del líder Yahya Jammeh [8], que presidió el país desde 1994, al actual presidente Adama Barrow en 2017. Poco después de asumir el cargo, Barrow liberó a cientos de prisioneros [9] e inició una serie de investigaciones sobre las presuntas violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el régimen de Jammeh. Sin embargo, los activistas y ciudadanos que dicen lo que piensan en los espacios públicos en línea y fuera de línea siguen haciéndolo bajo mucha presión.

En febrero de 2018, un catedrático universitario fue detenido [9] por comentarios que hizo a un medio local. A inicios de mayo, arrestaron a unos jóvenes activistas [10] luego de que llamaran la atención sobre la amenaza de degradación medioambiental [11] causada por Golden Lead, fábrica china de procesamiento de pescado ubicada en el asentamiento costero de Gunjur.

Juzgado de Tanzania frena el ‘impuesto a blogueros’, por ahora

Un tribunal supremo de Tanzania frenó [12] la aplicación del «impuesto al bloguero» de USD 900 [13] que propuso el Gobierno en el marco de las regulaciones sobre las comunicaciones electrónicas (contenido en línea) y postales [14], que exigían a los blogueros pagar una multa o dejar de publicar.

Seis grupos de derechos humanos pidieron al juzgado la revisión de la norma con el argumento de que el Ministerio de Información actuó fuera de los límites de su autoridad y violando el derecho a la libertad de expresión. Aunque provisional, el fallo del Tribunal Supremo es un triunfo para la libertad de expresión en Tanzania.

Siguen a periodista hondureño tras recibir amenazas de muerte en Facebook

El periodista de televisión y radio hondureño Mauricio Ortega recibió una amenaza de muerte [15] en un mensaje privado de Facebook poco después de presentar una serie de reportajes sobre algunos incidentes de pasajeros que habían sido atacados físicamente mientras viajaban en el transporte público. Más tarde ese mismo día, lo estuvo siguiendo un auto sin placa de identificación. En una entrevista con el Comité por la Libertad de Expresión de Honduras, dijo:

…las amenazas en contra de nosotros es lamentablemente hasta normal, estamos acostumbrados a que los que se sienten ofendidos nos insulten, amenacen y nos desacrediten y tristemente no hay confianza ni eficiencia en los entes encargados de administrar o impartir justicia, esto nos vuelve más vulnerables.

Fallan las redes móviles rusas en medio de las protestas por la inauguración oficial de Putin

Con el estallido de protestas en toda Rusia de cara a la inauguración oficial del cuarto mandato presidencial de Vladimir Putin, varios activistas denunciaron que su señal de telefonía móvil [16] se había vuelto débil o inexistente. Algunos afirmaron que las operadoras de telecomunicaciones rusas estaban reduciendo intencionalmente la calidad del servicio o, incluso, desactivando sus líneas por orden de las autoridades. El activista Denis Styazhkin denunció [17] que su operadora de telecomunicaciones, Beeline, le informó que su línea había sido dada de baja por orden de la policía.

Los censores chinos tienen los ojos puestos en Peppa Pig

Una subcultura china que asociaba a la célebre personaje de dibujos animados “Peppa Pig” con “Shehuiren” [18], término que hace referencia a los sindicatos del crimen organizado, se ha vuelto un charco de lodo para la popular cerdita. Luego de que los principales medios estatales criticaran esta asociación, la conocida plataforma de videos de China, Douyan, en anticipación a una prohibición total de Peppa, eliminó más de 30.000 videos [19] del adorable personaje rosa e hizo que el término “Peppa Pig” no se pudiese buscar en su sitio.

Legisladores egipcios buscan vigilar los viajes de Uber

El 7 de mayo, el parlamento de Egipto promulgó una ley [20] que exigirá que los servicios de traslado como Uber y Careem, de Emiratos Árabes Unidos, a instalar servidores en Egipto para procesar todos los datos de los usuarios residentes en el país. La ley, que aún espera la aprobación del Poder Ejecutivo, obliga a estas empresas a entregar los datos de los usuarios (que incluyen la ubicación del conductor y del pasajero) previa solicitud de las autoridades en materia de seguridad. Las dos empresas estuvieron suspendidas en marzo de 2018 luego de que un grupo de operadores de taxi locales las demandaran por falta de licencia.

¿Serán obligatorias las cédulas biométricas en Europa?

La Comisión Europea propuso nuevas medidas contra el terrorismo que contemplan la inclusión obligatoria [21] de datos biométricos en las cédulas de identidad y documentos de residencia para los residentes de la Unión Europea y sus familiares. Esta medida requeriría que se tomen las huellas dactilares de los residentes europeos de manera que se puedan verificar sus identificadores biométricos en los pasos fronterizos.

Un elector logró que Cambridge Analytica entregara sus datos. ¿Y los demás?

El Comisionado de Información del Reino Unido dio 30 días a Cambridge Analytica para que entregara [22] todos los datos e información personal que tenga de un elector estadounidense, so pena de enfrentar un proceso penal. El elector, David Carroll, descubrió que, como Cambridge Analytica había procesado los datos del electorado estadounidense en el Reino Unido, él podía hacer valer sus derechos amparado en la legislación británica. Esta semana, Cambridge Analytica anunció que entra en liquidación.

Declaración por el Día Mundial de la Libertad de Prensa

Los participantes de la Conferencia Internacional del Día Mundial de la Libertad de Prensa de UNESCO publicaron la Declaración Accra [23] para pedir a los estados miembrso de la UNESCO que creen y fortalezcan los marcos legales y de políticas para garantizar el respeto por la libertad de expresión y la privacidad, y para resguardar la seguridad de los periodistas y trabajadores de los medios.

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