Polémico referéndum constitucional de Burundi revela problemas políticos más serios
Jacob Zuma, presidente de Sudáfrica (centro de la primera fila) visita Burundi, 25 de febrero de 2016. Crédito de la foto: GovernmentZA. Flickr, licencia CC.
El 17 de mayo de 2018, los burundeses acudirán a las urnas para votar propuestas de reformas constitucionales. Los votantes deberán votar «Sí» o «No» a cambios que incluyen extender los mandatos presidenciales a siete años y reiniciar la cuenta que puede ayudar al actual presidente, Pierre Nkurunziza, a seguir en el poder hasta 2034.
La actual Constitución de Burundi es de finales de 2005 y fue ampliamente junto con los Acuerdos de Arusha como pacto que finalizó la guerra civil en el país y abrió la puerta a la llegada del presidente Nkurunziza al poder en 2005. La tensión en relación con la supuesta parcialidad y coacción en la campaña del referéndum ha reflejado actuales disputas políticas en esta nación de África Oriental.
Parcialidad en la campaña del referéndum de Burundi
Las campañas del «Sí y del «No» se han acelerado en la campaña oficial de dos semanas que acaba el 14 de mayo de 2018. Sin embargo, hacer campaña antes o después del periodo oficial o por grupos no registrados estaba estrictamente prohibido.
Aún así, los oponentes a la reforma constitucional denuncian que durante meses las autoridades del Gobierno han defendido la campaña por el «Sí«, liderados por el partido gobernante y a quienes se unieron otros, como la oficialmente reconocida rama del UPRONA (Unión por el Progreso Nacional).
El vicepresidente Joseph Butore dijo que era el «deseo del pueblo», y el presidente Nkurunziza prometió que es el «deseo de Dios» liberar a Burundi de colonos extranjeros para un futuro mejor. Animó a los partidarios a votar libremente, si bien las autoridades también advirtieron sobre las consecuencias de «sabotear» la votación e instaron a la gente a informar a la policía sobre los sospechosos.
Agathon Rwasa, jefe de la coalición Amizero y’Abarundi, defiende el «No» e insiste que el referéndum no representa al pueblo y que podría suponer la instauración de un régimen autoritario. La no reconocida UPRONA se unió a esta campaña, y también el Frente por la Democracia en Burundi (FRODEBU), que protestan contra el referéndum para proteger los Acuerdos de Arusha, el diálogo mediado y evitar un estado monopartidista.
El anuncio de Nkurunziza de que actuaría como el Guía Supremo del partido gobernante desató preocupación por autoritarismo entre los críticos.
La oposición también lamenta que el texto definitivo del referéndum no haya circulado públicamente, por lo que no se pudo controlar detalles ni consultar el desarrollo de cambios propuestos. Otros sostuvieron que en los mítines públicos de la oposición se vio libertad de expresión:
6ème journée de la campagne pour le #Referendum2018: Agathon Rwasa, leader de la coalition Amizero y’Abarundi était en @CibitokeProv au nord-ouest du #Burundi pour la promotion du «Non» contre la révision de la Constitution. Des milliers de sympathisants sont venus l'accueillir pic.twitter.com/0J8ydFWVTr
— Ikiriho (@Ikiriho) May 6, 2018
Sexto día de campaña por el referéndum de 2018: Agathon Rwasa, líder de la coalición Amizero y’Abarundi, estuvo en la provincia de Cibitoke, noroeste de Burundi, para defender el «no» a cambiar la Constitución. Miles de partidarios se reunieron para recibirlo.
No obstante, los detractores de la reforma están divididos. Los que están en Burundi defienden ampliamente el «No», si bien algunos disidentes respaldan el «Sí». Mientras tanto, los miembros exiliados de la oposición reunidos en el Consejo Nacional por el Respeto a los Acuerdos Arusha y la Paz y Reconciliación de Burundi (CNARED) defendieron el boicot. Algunos partidarios en el exilio expresaron su frustración ante estas divisiones.
Un burundés de Ruanda contó al blog Yaga, con sede en Burundi:
Visiblement elle chancelle face à un pouvoir qui se consolide de jour en jour. Elle peine à parler d’une même voix»
La oposición está obviamente asombrada de enfrentarse a un poder que crece día a día. Lucha por hablar con una sola voz.
Coacciones y restricciones en la precampaña
En abril de 2018, Human Rights Watch describió la «anarquía» del país. Grupos internacionales de crisis criticaron una «campaña de intimidaciones» antes del referéndum, que incluyen el arresto e incluso la muerte de los acusados de oponerse a la votación. Las autoridades lo rechazan, dicen que son mentiras destinadas a empañar la imagen de Burundi.
La Federación Internacional de Derechos Humanos también criticó la cobertura parcializada de los medios a favor del «Sí».
En el proceso al referéndum, los ciudadanos informan sobre presiones considerables para registrarse como votantes, para abstenerse de votar «No» o boicotear la votación. La polémica también rodea a comentarios sobre «contribuciones» de ciudadanos coaccionados para financiar las elecciones.
SOS Médias Burundi, colectivo clandestino de periodistas, utilizó su página de Facebook para informar sobre arrestos y actos intimidatorios, como por ejemplo un video de un miembro del Consejo Nacional por la Defensa de la Democracia-Fuerzas por la Defensa de la Democracia (CNDD-FDD) donde amenaza con «romperles los dientes» a quienes defiendan el «No».
Las fuertes restricciones sobre los medios han continuado durante la campaña. El Consejo Nacional de Comunicaciones (CNC) suspendió recientemente a la British Broadcasting Corporation (BBC), los acusan de amenazar la «cohesión nacional», y a Voice of America (VOA), durante seis meses.
Reporters Sans Frontières (Reporteros sin Fronteras) calificó la restricción de ataque a la libertad de prensa, particularmente el hecho restringir el debate acerca del referéndum y los programas de radio en kirundi, por lo que no es posible acceder a ellos.
El CNC también advirtió a Radio France International (RFI) y a las radios locales Isanganiro y CCIB FM+, y en abril suspendió la sección de comentarios en linea del periódico Iwacu durante tres meses.
¿Signo de independencia o vuelta a un país monopartidista?
Las tensiones han aumentado desde 2015, cuando durante el tercer mandato del presidente Nkurunziza –considerado ampliamente como prohibido por la Constitución de 2005 y los Acuerdos de Arusha– desató las protestas, un golpe fallido y rebelión.
Como resultado, muchos miembros de la oposición, disidentes del partido gobernante CNDD-FDD y periodistas huyeron del país; mientras que otros se vieron desplazados dentro del país. Aunque miles han vuelto desde 2017, Naciones Unidas registró aún 396.000 refugiados desde 2015 en campos de refugiados mal equipados. Los ministros reclaman que estas cifras están manipuladas.
Desde 2015, supervisores locales e internacionales de derechos han criticado la represión, la impunidad y las restricciones en los medios y activistas por parte de los servicios de seguridad y de los jóvenes «Imbonerakure» del CNDD-FDD. Varias radios han sido clausuradas y diversos periodistas se han visto acosados o incluso han desaparecido. Recientemente, el activista Germain Rukiki fue condenado a prisión por «amenazar la seguridad del Estado».
Según el informe de una comisión de investigación de Naciones Unidas en 2017, puede que haya habido crímenes contra humanidad y ninguna mejora en marzo. El Gobierno rechaza estas acusaciones. La Corte Penal Internacional abrió una investigación, la cual continúa pese a que el Gobierno de Burundi abandonó el tribunal.
La inseguridad política ha golpeado la economía, con el consiguiente resultado de presupuestos austeros, cortes de energía e inflación. Un informe de Naciones Unidas de febrero estimó que los que necesitan ayuda humanitaria en 2018 ascienden a 3,6 millones.
Diplomacia estancada
La respuesta internacional ha sido mediocre y dividida, con un diálogo de mediación que no ha sido efectivo. Las sanciones han aumentado el estrés económico y la crisis ha afectado las relaciones con la vecina Ruanda en particular.
Francia, Estados Unidos y la Unión Europea han expresado su preocupación por la inseguridad y la represión que rodean el referéndum. Aún así, el embajador de Naciones Unidas en Burundi, Albert Shingiro, dijo que los Gobiernos debían respetar la soberanía. La influyente Iglesia católica dijo que no era el momento de enmendar la constitución, dada la inseguridad y la incapacidad de votar de muchos refugiados.
Los partidarios del gobierno defienden que el referéndum demuestra la independencia de la interferencia occidental. Las autoridades minimizaron las reformas, diciendo que solo afectan a parte de la constitución. Los opositores esperan que gane el «Sí», pero temen que consolide legalmente un «presidente eterno» y la vuelta a un estado monopartidista.
En cualquier caso, el referéndum parece haber afianzado más divisiones mientrasn persiste la presión política y dificultades en la economía.
