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Periodistas tunecinos dicen que ataques de sindicatos policiales provocan terribles efectos en la libertad de prensa

Policía tunecino vigila a los manifestantes reunidos ante la asamblea constitucional en diciembre de 2013. Foto de Amine Ghrabi en Flickr. CC BY-NC 2.0.

En Túnez, la policía está obligada a proteger a los periodistas, no solo porque son ciudadanos, sino también porque los ataques a periodistas son un delito que se castiga con penas de prisión. Pero cuando la prensa cuestiona la conducta de las fuerzas de seguridad, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y sus poderosos sindicatos ignoran con demasiada frecuencia su deber y amenazan directamente a los trabajadores de los medios, en línea y fuera de línea.

Estos ataques llevan mucho tiempo impunes. Para complicar aún más la situación, el borrador de una controvertida ley promovida por el ministro de Interior y los sindicatos policiales aumentaría la protección de las fuerzas de seguridad, y las pondría fuera del alcance de las críticas y de los mecanismos para exigir responsabilidades.

“Algunos de esos sindicatos representan una seria amenaza a la legalidad, ya que pretenden establecer la supremacía de la policía sobre los ciudadanos: poder absoluto, completa libertad e impunidad total”, dijo el periodista y comentarista de radio Haythem El Mekki a Global Voices en una entrevista por correo electrónico.

El propio Mekki ha sido objeto de estos abusos. En enero, cuando se produjeron las protestas contra la austeridad en las calles, el Gobierno respondió con mano dura, y la policía detuvo y acosó a los periodistas mientras hacían su trabajo. El 29 de enero de 2018, Mekki y Boubaker Ben Akecha, presentador de Mosaique FM, invitaron a un miembro del sindicato de periodistas para debatir este asunto.

Al día siguiente, Wahid Mabrouk, secretario general del sindicato de las fuerzas de seguridad de la región de Gafsa, llamó a Mekki y Akecha “bacterias mediáticas” en Facebook. “Lo que emiten en Mosaique FM no es más que veneno que difunden en nuestra sociedad”, escribió. Mabrouk también hizo un llamamiento a los tunecinos para que boicotearan su programa de radio y deseó a los dos periodistas: “Ojalá sufran una enfermedad incurable”.

Estos comentarios no han sido el único caso en el que los agentes de la ley han atacado a periodistas y medios por sacar irregularidades a la luz. “Hemos documentado casos de posturas, declaraciones y discursos peligrosos que incitan a la violencia contra los periodistas y su sindicato. Hemos sido señalados de una forma que claramente nos demoniza”, dijo a Global Voices Mohamed Yoursfi, secretario general adjunto para temas de libertad de prensa del Sindicato Nacional de Periodistas Tunecinos (SNJT).

Yousfi señaló un caso en el que está involucrado el sindicato de las fuerzas de seguridad interna de Sfax, a 270 km al sur de Túnez. Después de que el SNJT expresara su desacuerdo con las políticas del Ministerio de Interior en materia de libertad de prensa, la página oficial en Facebook del sindicato regional de las fuerzas de seguridad interna publicó una entrada en la que se tildaba a los periodistas de “traidores”, y el portavoz de esta rama regional del sindicato, Noureddine Ghattasi, insultó a los periodistas en su página personal en Facebook, y hasta llegó a sugerir a la policía que los violara: “Los hombres del ministerio de Interior pueden haceros orinar sangre, y saben preñar a los hombres mejor que a las mujeres”, escribió.

Estas amenazas tienen un espeluznante efecto en la libertad de prensa en Túnez, sobre todo en una época en que los grupos, periodistas y activistas de derechos humanos siguen cuestionando los abusos por parte de miembros de las fuerzas de seguridad. A principios de mayo de 2018, circuló un video que muestra a varios policías persiguiendo y atacando a dos hermanos tras un partido de su equipo local de baloncesto. Y el 1 de abril, un seguidor de uno de los equipos de fútbol más populares de Túnez se ahogó en un canal cuando huía de la policía.

¿Sindicatos tunecinos de policía: ¿Una amenaza para la democracia y los derechos humanos?

Días después de la caída del régimen de Ben Ali, en enero de 2011, miembros de las fuerzas de seguridad de Túnez iniciaron una campaña de manifestaciones y huelgas por todo el país para pedir ─entre otras prerrogativas─ el derecho a formar sindicatos. Las autoridades provisionales aceptaron sus demandas, y en marzo de 2011 se creó el Sindicato Nacional de las Fuerzas de Seguridad Interna (SNFSI). En mayo del mismo año se modificó el estatuto de las Fuerzas de Seguridad Interna para permitir que los policías se sindicaran.

Desde entonces, muchos servicios del ministerio de Interior han establecido sus propios sindicatos. Además del SNFSI, existen otros dos grandes sindicatos: el Sindicato de Oficiales del Directorado General de Unidades de Intervención (SFDGUI) y la Unión Nacional de Sindicatos de Fuerzas de Seguridad Tunecinas (UNSFST), todos con divisiones regionales.

Estos sindicatos han demostrado ser poderosos, y a menudo actúan al margen de la ley, y han llegado a desafiar al poder judicial. El 26 de febrero, 50 miembros del Sindicato de Oficiales del Directorado General de Seguridad Pública (SFDGSP) invadieron un tribunal de Ben Arous (suburbio al sur de la capital) para exigir la liberación de cinco oficiales de policía procesados por torturas. Enarbolando sus armas, los policías manifestantes pidieron a sus colegas que protestaran dentro del juzgado en lugar de velar por la seguridad del juicio.

El incidente de Ben Arous ha puesto aún más la conducta y los abusos de la policía en el candelero. En una carta abierta conjunta, 16 grupos locales e internacionales de derechos humanos describieron lo sucedido en el tribunal como “un indicador de la impunidad predominante en Túnez”, y piden al gobierno que termine con “la impunidad acostumbrada en casos de violaciones de los derechos humanos por las fuerzas de seguridad tunecinas”.

Restringir la libre expresión para “proteger a las fuerzas de seguridad de ataques”

“El discurso del odio y las campañas de demonización e incitación a la violencia contra periodistas amenazan directamente la libertad de prensa, puesto que ponen en riesgo la integridad profesional y física de los periodistas, y crean una cultura de autocensura en detrimento de la libertad de prensa y el derecho a la información”, dice Yousfi.

Y continúa: “Con sus prácticas paramilitares, [algunos sindicatos de las FFSS] se han convertido en el arma del ministerio de Interior y de algunos de sus líderes para atacar al sindicato nacional de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación”.

No es difícil adivinar por qué Yousfi aprecia un vínculo entre el comportamiento de los sindicatos policiales y las políticas del Ministerio de Interior.

Después de todo, el ministerio y los sindicatos de policía han presionado para que se elabore una ley “que proteja a las fuerzas de seguridad contra los ataques”. De aprobarse, esta ley restringiría la libertad de prensa, expresión y asamblea, criminalizaría cualquier discurso que se considere “denigrante” hacia la policía y prohibiría grabaciones de audio o video sin autorización dentro de instalaciones militares y de las fuerzas de seguridad, así como en lugares donde estas instituciones desarrollen operaciones.

Grupos defensores de los derechos ciudadanos rechazan la ley por los artículos que blindarán a la policía de cualquier responsabilidad por el uso de fuerza excesiva o incluso letal para defenderse de ataques contra sus viviendas, vehículos, cuarteles y polvorines militares y policiales.

Aunque se presentó ante el Parlamento hace más de tres años, la ley no ha sido aprobada aún, y algunos parlamentarios consideran que podría constituir una amenaza a las libertades. Este retraso ha enfurecido a los sindicatos de policía. En 2017, después de que un policía murió en un ataque con arma blanca, amenazaron con dejar de proporcionar protección personal a los diputados y líderes de los partidos políticos si el Parlamento no aprobaba la ley en dos semanas. Estas amenazas son “prácticamente un chantaje”, escribió Sharan Grewal ─que investiga los procesos de democratización en Oriente Medio─ en un artículo sobre la necesidad de “controlar a los sindicatos policiales de Túnez”.

El Parlamento respondió retomando el debate sobre la ley en la comisión legislativa, e invitando a sindicatos de seguridad y grupos de derechos humanos a discutir sus recomendaciones. En enero de 2018, en la Comisión de Seguridad y Defensa del Parlamento, el ministro de Interior, Lotfi Brahem, reiteró la demanda de su ministerio de un marco legal para proteger a las fuerzas armadas y de seguridad.

La impunidad por los abusos “se está convirtiendo prácticamente en una norma”

Además, las autoridades no hacen lo suficiente para evitar amenazas a los periodistas, y dificultan que los causantes tengan que asumir su responsabilidad, según el sindicato de periodistas. El Ministerio de Interior “rechaza el principio del diálogo”, y el actual ministro “no se ha molestado en investigar los abusos de los sindicatos de las fuerzas de seguridad”, dijo Yousfi. “Después de todo, los miembros de los sindicatos que han perpetrado estas infracciones están afiliados en el Ministerio de Interior como funcionarios y empleados, y deberían hacerse responsables”, añadió.

Según el artículo 14 del código de prensa de 2011, los periodistas están considerados “servidores públicos”. Por tanto, cualquiera que intimide, ataque o amenace a un periodista por cualquier medio (también en internet) podría enfrentarse a penas de hasta un año de prisión y multa de 120 dinares tunecinos (47 dólares estadounidenses), de acuerdo con el artículo 125 del Código Penal. Aún así, nunca se ha producido una condena a un miembro de las fuerzas de seguridad ni sus sindicatos, aunque se han presentado varias denuncias y se han llevado a cabo numerosas investigaciones.

La impunidad de las fuerzas de seguridad

Un estudio realizado en 2018 por el SNJT documentó 25 denuncias presentadas en tribunales por periodistas víctimas de ataques.

En febrero, cuando se publicaron las conclusiones del estudio, el 44% de estas denuncias seguían en las primeras fases de la investigación, lo que hizo que el 93,4% de los periodistas encuestados creyera que el proceso judicial suele ser muy lento.

El 64,4% de los periodistas encuestados que denunciaron haber sido atacados por miembros de las fuerzas de seguridad reconoció no haber recibido disculpas de la policía o el ministerio de Interior. Además, solo el 4,5% de los perpetradores fue sancionado administrativamente.

El periodista Haythem El Mekki, que ha presentado una de estas querellas, no confía en la seriedad del proceso judicial. “No he tenido respuesta alguna sobre mi denuncia, aunque no me sorprende”, dijo a Global Voices.

Aunque el fiscal de Sfax inició una investigación contra Ghattassi, que amenazó con violar a periodistas, no está claro si esta investigación culminará con alguna condena. Ghattassi fue expulsado junto con otros tres policías del sindicato que representa a las fuerzas de seguridad interna por “comportamiento inmoral hacia otros”, según comunicó dicho sindicato en una declaración emitida el 5 de febrero. La declaración no establecía que los ataques contra los periodistas eran la razón detrás de la decisión.

La impunidad por los abusos cometidos por los sindicatos de policía y fuerzas de seguridad “se está convirtiendo prácticamente en una regla que no debe normalizarse”, advirtió Yousfi.

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