Desde el 23 al 27 de abril, más de tres mil líderes indígenas de todas las regiones de Brasil se reunieron en la capital del país. Foto: 350.org, CC BY-NC-SA 2.0.

Este es un artículo de Nathália Clark para 350.org, organización con el objetivo de crear un movimiento de base global para el cambio climático, y se reproduce aquí como parte de un acuerdo. 350.org participó de la Movilización Nacional Indígena de Brasil.

El campamento olía a humo y urucum, planta que se usa para pintar el cuerpo. Una energía desafiante recorría la multitud. Podíamos escuchar los cánticos, los mantras rituales y los llantos ceremoniales.

El lugar resonaba con las voces de más de 3000 indígenas de unas cien diferentes comunidades que llegaron desde todos los rincones de Brasil para reunirse en la edición 2018 de la Movilización Indígena Nacional, que tuvo lugar entre el 23 y el 27 de abril, en Brasilia, la capital del país.

La manifestación es conocida también como «Campamento Tierra Libre» y la organiza cada año la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB). Con la ediciión de este año, ya son 15 manifestaciones organizadas.

De acuerdo al último censo demográfico brasileño, existen 305 comunidades indígenas en el país que hablan 274 lenguas diferentes. En conjunto, conforman un total de 897 000 personas, lo que aproximadamente representa el 0,47 % de la población total de país, que se estima en unos 200 millones de personas.

La mayoría de los indígenas están repartidos a lo largo de miles de pueblos, de norte a sur del territorio nacional, ubicados en las 715 Tierras Indígenas que ya fueron regularizadas y formalmente reconocidas por el Gobierno federal. Existen aún más de 800 casos de tierras indígenas que esperan la regularización.

La «Opinión Genocida» y otros golpes

El movimiento ha sufrido una serie de contratiempos políticos que lo llenaron de un impulso renovado antes de la movilización de este año.

El Congreso Nacional brasileño, donde domina una mayoría que en la actualidad apoya al sector de la angroindustria, quiere aprobar un paquete de leyes que le quitaría a los pueblos indígenas derechos garantizados por la Constitución brasileña de 1988 y por legislación internacional, como la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

En la compleja situación política actual de Brasil, en el contexto del controvertido gobierno del presidente Michel Temer, los representantes del sector agroindustrial han ganado aún mayor terreno y manejan y ocupan otros niveles del Gobierno.

Días antes de que tuviera lugar el Campamento Tierra Libre, el presidente Temer cedió a las presiones de grupos ruralistas y solicitó la renuncia al presidente de la Fundación Indígena Nacional (FUNAI), que fue reemplazado por alguien más afín al sector agrícola.

La negativa por parte del Gobierno a un reconocimiento formal de los límites de las tierras indígenas y la criminalización de los líderes de los movimientos fueron los puntos de preocupación y reclamo más importantes de quienes se reunieron en Brasilia.

Kretã Kaingang, líder indígena del estado de Paraná y coordinador del programa de 350.org en Brasil, mencionó las amenazas que recibió: «Estuve detenido un tiempo, acusado de delitos que no pudieron ser comprobados y un juez me prohibió acercarme a la tierra en la que nací. Durante cuatro años no pude visitar el lugar donde mi cordón umbilical está enterrado», contó.

En septiembre de 2017, el fiscal general emitió un dictamen en el que se estableció que solo los indígenas que estuvieran ocupando el territorio a partir del día en que se promulgó la Constitución de 1988 obtendrían el beneficio del reconocimiento de su derecho a la tierra.

A este dictamen se le conoce como la tesis del «límite de tiempo», a veces también como la «opinión genocida«, y fue avalada por el presidente Michel Temer. De convertirse en ley, coartaría de forma severa el reconocimiento de nuevas tierras indígenas.

‘Acá hay un solo objetivo: concluir con el proceso de demarcación de nuestras tierras’

La noche llegó y encontró a los líderes indígenas haciendo guardia frente al edificio gubernamental. En un momento, la multitud encendió velas y puso fin a sus actividades para escuchar la canción de lamento de una de las mujeres indígenas. Era una ceremonia de duelo.

Al día siguiente, la Explanada de Ministerios, la ruta principal donde se ubican todos los edificios gubernamentales, se llenó una vez más de manifestantes que marcharon hacia el Congreso Nacional.

Con pinturas y adornos, bailando y cantando gritos de guerra, indígenas de las comunidades kaingang, guaraní, guaraní-kaiowá, guaraní-mbya, xucuru, pataxó, munduruku, awá-auajá, guajajara, marubo, xerente, xavante, kayapó, tenetehara, tembé, tucano, krahô, kanela y muchos otros más marcharon para pedir la conclusión del proceso de demarcación de sus tierras y exigieron el respeto de sus derechos, tal como garantiza la Constitución de 1988.

Los líderes indígenas llevaron carteles con mensajes dirigidos a las autoridades: «¡Demarcación ya!», «¡No a la fracturación hidráulica en nuestras tierras» y «Los guaraníes resisten». Otros carteles hablaban de la destrucción de los territorios, ríos y recursos naturales por parte de proyectos gigantes de infraestructura y energía.

«Acá hay un solo objetivo: concluir con el proceso de demarcación de nuestras tierras. Muchos familiares nuestros no pudieron estar presentes, así que venimos a representar a nuestras comunidades», declaró Kretã Kaingang.

Durante la manifestación, las calles fueron teñidas de rojo, como símbolo de la sangre del pueblo indígena derramada en actos de represión y violencia que muchos consideran una continuación del genocidio histórico perpetrado en su contra durante la época colonial.

«El camino de ‘sangre’ que dejamos representa la violencia y los ataques impuestos por el estado a los pueblos originarios de este país. Han ocurrido varias invasiones, amenazas y asesinatos en Brasil, además de un cruel proceso de criminalización de nuestros líderes. Sin embargo, a pesar de esta coyuntura problemática, siempre resistiremos y pelearemos, como nos enseñaron nuestros guerreros ancestrales», explicó el jefe Marcos Xukuru de Pernambuco.

Joênia Wapichana, la primera mujer abogada indígena que se presentó ante la Corte Suprema, habló sobre lo que está en juego: «El hecho de que el Ejecutivo cuente con los instrumentos para restringir el derecho a la demarcación pone en riesgo las vidas de los pueblos indígenas, cuya subsistencia depende de forma directa de la tierra y todo lo que otorga».

«La demarcación de nuestras tierras es sinónimo de preservación. Hemos recibido denuncias de nuestros familiares en todas las regiones sobre invasiones por parte de leñadores, buscadores, recolectores y empresas estatales. Lo que queremos es asegurarle esta forma de vida a las generaciones futuras. Luchamos no solo por nosotros, los pueblos indígenas, sino para la sociedad brasileña como un todo», afirmó Tupã Guarani Mbya, de la tierra indígena de Tenondé Porã, en São Paulo.

Para el jefe Juarez Munduruku, los pueblos indígenas son como árboles. «La misma vida que se encuentra en los árboles está en nosotros. Si se los asesina, mueren y nunca renacen. Si un leñador mata a un ‘cacique’, la historia se acaba».

Además, contó que en medio del río Tapajós, en el Amazonas, donde se encuentra su territorio, existen proyectos de construcción de 43 plantas hidroeléctricas grandes, que van a embalsar uno de los ríos más grande del país, un lugar sagrado para su pueblo. Dos de estos proyectos ya han sido implementados y además hay planes de construir 30 puertos para transportar granos de soja de monocultivo, además de minería y tala ilegal.