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En Ecuador, los apellidos de dos mujeres abrieron un nuevo episodio en la lucha por los derechos de las familias diversas

Nicola y Helen, las madres de Satya. Captura de pantalla del corto documental “Satya: el caso de Helen y Nicola” compartido  por el usuario ‘bo2 studio’ en Youtube.

Con cinco votos a favor y tres en contra, los magistrados de la Corte Constitucional de Ecuador han reconocido el derecho a la identidad en el caso que todo el país conoce como el caso Satya. 

Satya es la hija de Nicola y Helen, dos mujeres inglesas radicadas en Ecuador que mantienen una unión de hecho y han concebido a su hija por medios de reproducción asistida. Sin embargo, el nacimiento de Satya trajo consigo una forma particular de odisea legal con la negativa del Registro Civil de Ecuador en 2012 a registrar a la niña con los apellidos de sus dos madres.

Seis años después, luego de denuncias, debates legales y numerosas discusiones en medios ciudadanos y tradicionales, a principios del mes de junio de 2018, la Corte se ha pronunciado indicando que el Registro Oficial debe inscribir a Satya con los apellidos de sus madres. La decisión hizo circular de nuevo reacciones diversas sobre el caso en redes, en espacios académicos de debate y en medios independientes.

A través de espacios como Medium, por ejemplo, se han compartido algunas reflexiones que buscan proyectar los modos en los que la historia de Satya hará eco en la historia de los derechos civiles en Ecuador. Así, el defensor y especialista en derechos humanos, Patricio Benalcázar Alarcón, destaca que la reacción de los trabajadores del Registro Oficial fue un reflejo de cómo el caso sacude las bases heteronormativas que se han tomado como “naturales” en la historia republicana del país:

La Corte Constitucional al resolver la acción extraordinaria de protección, da un paso trascendente y transformador frente a las estructuras culturales, jurídicas, ideológicas y políticas que sostuvieron un régimen de discriminación […] por su parte, Satya, Helen y Nicola a través de su sueño de vivir la simple y tierna felicidad de una familia, rompen materialmente siglos de exclusión y plantean a la sociedad la legítima presencia de la diversa condición humana.

Un caso entre muchos

Las familias homoparentales en Ecuador existen, pero su invisibilidad frente a la ley se traduce en problemas constantes. En primer lugar, si uno de los padres o una de las madres fallece y el hijo no estaba inscrito con su apellido, desaparecen los derechos del padre o de la madre que no estén legalmente registrados. Las consecuencias pueden ser múltiples, y pueden contemplar incluso que el menor entre en proceso de adopción. 

En caso separación las consecuencias no son más sencillas: la pérdida de derechos de uno de los padres o el acceso a la pensión alimenticia, visitas, u otros aspectos pueden limitarse también, así como los derechos ligados a la herencia y a la identidad. En suma, las inseguridades jurídicas que rodean la realidad de las familias homoparentales se deben a la incapacidad de la función legislativa de reconocer el derecho de igualdad ante la ley. Por ello, para los redactores del medio en línea Andes, la decisión de la Corte:

Es, además, una forma de reconocer una situación social que se da de hecho y cuyo desconocimiento oficial no hace sino llevar a niños, niñas y adolescentes que se crían en familias no convencionales a no gozar de la protección que deben proveer el Estado, la sociedad y la familia para lograr su desarrollo integral. 

Otros analistas, por su parte, desdoblan el caso Satya y sostienen que su relevancia está aún por verse:

No es sino un comienzo

Al parecer la sentencia no será vinculante sino para este caso exclusivamente y la función legislativa del país tendrá un año para legislar en torno a esta laguna jurídica. Podría esperarse que la función legislativa use la sentencia del Caso Satya como guía para elaborar una norma que reconozca la constitución del país, el derecho a la identidad, el derecho a la igualdad ante la ley, y interés principal de estas reformas: los derechos de los niños y las niñas que son parte de familias homoparentales.

A partir de la reforma constituyente en Ecuador en el 2008, el marco jurídico para las personas LGBTI se amplió. Se reconoció a las familias diversas, la diferencia entre identidad y orientación sexual, la unión de hecho universal, entre otros. Sin embargo, después de una década de la nueva constitución ecuatoriana todavía existen normas que son inconstitucionales y que discriminan a las personas LGBTI en ejercicios de derechos que resultan menos visibles para las mayorías y quienes buscan mantener el status quo.

En el corto documental “Satya: El caso de Helen y Nicola” se recogen opiniones y análisis que ayudan a comprender el alcance y la complejidad del debate. En el video participan activistas por la defensa de derechos LGBTQI, funcionarios públicos de defensa de derechos humanos y representantes de colectivos que se oponen al reconocimiento de Satya como hija de dos madres. En este último caso, se argumenta que no son necesariamente razones religiosas, sino antropológicas, las que buscan defender el “respeto a las leyes de la naturaleza” y al “equilibrio” que viene con la educación dada por familias formadas por hombres y mujeres.

Sin embargo, trabajadores de defensa de derechos humanos y activistas argumentan la importancia de mirar antecedentes legales -como el voto de las mujeres, impensable menos de un siglo atrás- y avances colectivos. Para estas personas se trata de seguir una pauta global y evolucionar de modo igualitario en el reconocimiento real de los derechos de todas las personas, en especial de aquellas no validadas por estructuras sociales patriarcales o heteronormativas, y cuyos derechos se vulneran a pesar de las leyes.

Así lo expresó Danilo Marzano, perteneciente al colectivo LGBTI y que fue entrevistado para el documental durante una de las manifestaciones organizadas en apoyo a Satya, Nicola y Helen:

“En realidad hoy más que un deseo personal es un deseo colectivo. […] Necesitamos estar incluidos dentro de los beneficios constitucionales como ciudadanos de primera categoría. No es solamente el caso de Satya […Es] importante reconocer constitucionalmente el derecho de las familias homoparentales; que tanto hombres como mujeres de las poblaciones del LGBTI podamos tener derecho a conformar nuestras propias familias […] derecho al desarrollo de la libre personalidad de amar [más aún al estar bajo la protección de una constitución] supuestamente tan de avanzada […] tan progresista [Algo que, sin embargo] no ha sido cierto.

La defensa de estos derechos cobra importancia capital de cara a los hallazgos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en el que se revelan niveles alarmantes de discriminación y violencia: “Del total de la población LGBTI entrevistada, el 70,9% reportó que vivió alguna experiencia de discriminación en su entorno familiar”. Y de este porcentaje “el 72,1% sufrió algún tipo de experiencia de control, el 74,1% experimentó algún tipo de imposición, el 65,9% sufrió rechazo y el 61,4% de violencia.”

Este trabajo fue escrito con la asistencia de la también autora de Global Voices Daniela Gallardo, que ha seguido el caso de Satya para Global Voices desde sus inicios en 2012 y su evolución en 2014.  

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