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En Nicaragua, los defensores de derechos humanos son los ojos y oídos de las víctimas del conflicto

Captura de pantalla del video de cobertura #SOSNicaragua compartido por en el canal de Youtube del diario La Prensa Nicaragua.

En tan sólo dos meses, desde el 18 de abril, la ciudadanía nicaragüense ha pasado de iniciar manifestaciones contra varias decisiones impopulares del gobierno, a organizar lo que se presenta ya como un levantamiento popular en toda regla, basado en formas de resistencia pacífica: universidades ocupadas, carreteras cortadas, huelga general y barrios enteros blindados con barricadas informales montadas por los vecinos para evitar la entrada de los grupos “parapoliciales” en favor del gobierno.

De acuerdo con los testimonios de los manifestantes, la causa de esta rápida evolución de la resistencia popular parece radicar en la profunda indignación hacia los altos niveles de represión desatados por el gobierno de Ortega y Murillo, con una cifra de víctimas que al momento de la edición de este artículo ascendía ya a 178 personas fallecidas y otras 1,400 heridas.

La mayoría de las muertes confirmadas (el número real podría ser mayor) fueron debidas a disparos mortales en cabeza, cuello y torso. Grupos defensores de los derechos humanos como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) o Amnistía Internacional han calificado estos sucesos como “ejecuciones extrajudiciales“.

Los eventos tienen evolución rápida y las denuncias en redes son numerosas. Desde distintas partes del país se comparten videos y denuncias tanto en Facebook como en Twitter de grupos armados que intimidan y agreden manifestantes o personas que se resisten a colaborarles. Durante el fin de semana una familia, incluidos dos niños, falleció calcinada en una casa que fue incendiada por grupos armados. Las acusaciones se intercambiaron de un lado al otro, pero de acuerdo con familiares y testigos, los responsables fueron grupos parapoliciales afines al gobierno.

La mirada de los defensores de derechos humanos: “Estamos patas arriba”

Mientras el foco de la noticia se encuentra hoy en la acción en las calles y en los intentos de diálogo nacional que parecen vislumbrar un cambio de gobierno, desde Global Voices nos hemos acercado al trabajo de un grupo de activistas que, en medio de este caos, se coordinan para documentar las violaciones a los derechos humanos en el país. Estas personas reciben denuncias de la ciudadanía, escuchando y archivando caso por caso, día a día.

Para comprender mejor su tarea y la dimensión más profunda del conflicto, entrevistamos a “Marina” (cuyo nombre hemos cambiado por motivos de seguridad), quien colaboradora con el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) en la ciudad de León. “Marina” es también ciber-activista feminista, abogada y especializada en género y desarrollo.

El CENIDH es una organización de promoción y protección de los derechos humanos que nace de la sociedad civil nicaragüense en 1990, en un contexto de posguerra y transición democrática. A raíz de la crisis política iniciada el 18 de abril de 2018 y la represión extendida en toda Nicaragua, el CENIDH se alió con feministas leonesas como “Marina” para iniciar la recogida de denuncias en todo el territorio occidental del país.

GV: ¿En qué contexto comienzan a documentar violaciones contra los DDHH en León?

M: En este momento existe un desmantelamiento profundo de las instituciones de orden y justicia del estado de derecho más básico. Existe en la sociedad un clima de amenaza y terror general. Estamos patas arriba. La Policía Nacional ha abandonado su función de protección de la ciudadanía y ahora es la fuerza que reprime y asesina a los ciudadanos. El Instituto de Medicina Legal ha omitido exámenes forenses o ha falseado reportes. El Ministerio Público se dedica a fabricar delitos para procesar a ciudadanos inocentes por delitos cometidos por la Policía Nacional.

Las víctimas continúan bajo asedio, al igual que sus familias. Varias de ellas han sido obligadas a desistir de las acciones de denuncia. Y para nosotros es más complejo aún porque los defensores de derechos humanos son también sujetos de persecución e intimidación.  

GV: Cuando les llega una denuncia, ¿cuál es el procedimiento a seguir y cómo gestionan la carga de trabajo?

M: No contamos con una oficina, trabajamos desde nuestras casas y en otros municipios del Occidente, en lugares como iglesias, hospitales, sedes que nos prestan otras organizaciones afines, cafés, etc. En varios casos, y por temor a represalias, las víctimas nos envían sus denuncias por audios. No hemos llegado a verles. Realizamos las transcripciones y enviamos las hojas de caso vía email para su ratificación o ampliación.

La ciudadanía sólo confía en las instituciones de derechos humanos. Eso para nosotras es una tremenda responsabilidad y compromiso. Creemos que en este momento, después de la Iglesia Católica, las instituciones de defensa y promoción de derechos humanos son las que gozan de mayor credibilidad.

GV: ¿Qué tipo de testimonios están recogiendo? ¿Cuáles son las demandas más comunes entre las personas a las que atienden?

M: Los testimonios más graves han sido una denuncia de asesinato atroz y violación sexual e imputaciones de delitos de asesinato. Los más frecuentes son las agresiones físicas, agresiones policiales graves, casos de jóvenes baleados, represión del derecho a protestar, amenazas de muerte, intimidación, coacción en el caso de empleados públicos que han denunciado ante nosotras, tortura… No podemos hablar mucho de los casos particulares, solo de tipificaciones, por principio de confidencialidad.

“El trauma no entra dentro del lenguaje jurídico.”

Más allá de las posibilidades legales, la labor de quienes defienden los derechos humanos de la ciudadanía está muy ligada a la denuncia y al acompañamiento de personas que sufren de traumas. Del mismo modo, la labor de recolectar testimonios, dejar rastros de denuncias y crear archivos es un trabajo que es difícil de ver desde lejos y en el corto plazo, pero que resulta fundamental en los procesos de reconciliación, de memoria y de revitalización de las instituciones.

GV: ¿Qué posibilidades legales existen en este momento para las víctimas?

M: Las posibilidades legales son casi nulas. En un contexto como éste el acto de denunciar se vuelve un gesto de justicia simbólica. Una primera manera de enfrentar el trauma. Y sabemos bien que el trauma no entra dentro del lenguaje jurídico.

Creemos que lo importante de nuestro trabajo radica en la creación de un archivo. Ahora mismo muy poco se puede hacer. Mi compañera me decía que sueña con que podamos crear un Registro Nacional de Víctimas del Terrorismo de Estado como el recién creado en Guatemala con la sentencia histórica del caso Molina Thiessen. Guatemala en estos temas, y en medio de sus vaivenes, ha sido un ejemplo grande en Centroamérica.

Queremos ayudar a contar juntas esta historia para que no se repita nunca más. No es posible que hace apenas 39 años en estas mismas fechas estábamos en la víspera de la derrota de una de las dictaduras dinásticas más largas y crueles del continente americano. 

GV: ¿Qué está suponiendo este trabajo para ustedes? ¿Cómo lo gestionan emocionalmente y cuál es su motivación?

M: Los testimonios son difíciles: procesarlos, escucharlos, digerirlos. Es lo más cristiano que he hecho en mi vida: ‘amar al prójimo como a vos misma’. Es un trabajo peligroso, arriesgado, no contamos con los recursos y fondos necesarios. Los defensores de derechos humanos estamos siendo los últimos en escuchar nuestros propios cuerpos y demandas. Hay víctimas de este sistema en todos los niveles. Somos víctimas que atienden víctimas.

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