Se aviva discusión sobre el destino de las aguas protegidas en México

Cataratas de Agua Azul, México. Fotografía de Donar Reiskoffer. Publicada bajo licencia Creative Commons (Attribution 3.0 Unported)

Con los hashtags #PrivatizacionAgua y #ReservasDeAgua, la población mexicana debate sobre el destino de sus aguas, luego de que una nota originada por el portal de noticias Sin Embargo y reproducida por una decena de medios nacionales alertase sobre la supuesta privatización de las aguas nacionales durante el primer partido de México en el Mundial. Esto a raíz de la firma de diez decretos presidenciales el 5 de julio #DíaMundialDelMedioAmbiente que modifican el estatus jurídico de aguas protegidas.

Bajo la aguda polarización que permea la opinión pública en vísperas de las elecciones presidenciales del país, la discusión sobre el tema también se ha dividido en dos. Por un lado están quienes denuncian la publicación de noticias falsas por no haber acontecido los hechos en el día aludido, ni constituir por sí mismos un acto de privatización. Por otro, están aquellos que denuncian que los decretos emitidos habilitan condiciones para  facilitar la explotación indebida, potenciando la posibilidad de daños sociales y ambientales a futuro.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de Comisión Nacional del Agua, emitió un comunicado arguyendo que los decretos en cuestión tienen por finalidad el abastecimiento público de agua para consumo humano y la conservación ambiental atendiendo a recomendaciones internacionales. Mientras tanto, la organización World Wide Fund for Nature calificó de positiva e “histórica” la decisión de cambiar las “zonas de veda” a “reservas”.

Por su parte, la red Agua Para Todos, conocida por agrupar pueblos, comunidades y organizaciones defensoras del agua y ser autora de la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas, emitió una petición en línea para revertir la disposición presidencial y la Universidad Autónoma de México convocó hoy a una rueda de prensa en torno al tema.

¿Cuáles son los riesgos?

Entre las calificaciones de “excelente” y “terrible” y el silencio de actores clave como la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho Humano al Agua o el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, distintos medios de comunicación han intentado encontrar datos para aclarar si los nuevos decretos ponen en riesgo o no el derecho humano al agua o a los ecosistemas. El periódico El País recogió opiniones de siete académicos, algunos de ellos promotores de la reforma de 2012 al artículo 4 constitucional que reconoció dicho derecho.

En medio de la discusión y por la falta de claridad respecto de los contenidos y alcances de los recién publicados decretos, muchos piden que quienes usualmente no dan seguimiento al tema revisen bien todas las fuentes y los contextos de las discusiones. La preocupación principal es evitar reducir a intereses políticos del momento discusiones que trascienden el periodo electoral y traer a la mesa los elementos que forman parte de los conflictos hídricos en México:

La gran inquietud de quienes denuncian estos decretos es que el gobierno intente por vía ejecutiva lo que no ha podido lograrse por vía legislativa debido al rechazo social. En efecto, los esfuerzos por acaparar las aguas para explotación particular, algo que constituye un tema histórico en el país, no han tenido pausa durante el gobierno saliente. Ejemplos de estos intentos lo constituyen la #LeyKorenfeld, en 2015 y la #LeyPichardo, en 2018. En este contexto serán clave los alcances de la figura jurídica de “utilidad pública”, así como la ubicación y disponibilidad de 55% de los acuíferos del territorio Mexicano.

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