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Activistas taiwaneses y vietnamitas trabajan juntos para obtener justicia para las víctimas del desastre de la vida marina en Vietnam

Pescador vietnamita sobre un bote hecho de mimbre y cuero, en el que solo viaja una persona. Captura de pantalla, vía YouTube, del episodio “La muerte del pescado de Vietnam” del programa “Nuestra isla” de la televisión pública taiwanesa.

Escrito por el equipo chino de Global Voices Lingua

En 2016, los residuos tóxicos provenientes de la planta de acero de Formosa, de dueños taiwaneses, provocaron un desastre masivo en la vida marina de Vietnam. Dos años después, con activistas en prisión y los medios de vida de los lugareños destruidos, la lucha por obtener justicia aún está lejos de acabar, y ha mostrado una colaboración significativa entre taiwaneses y vietnamitas.

La dimensión del daño en el medio ambiente sigue incierta. El Gobierno vietnamita no ha publicado su informe oficial de investigación o información ambiental.

Las autoridades afirman que ya resarcieron a casi todos los habitantes afectados; no obstante, con muchos los que indican que no recibieron nada o solo les entregaron una parte.

A pesar de que los peces comenzaron a regresar, son menos que los que había antes del desastre. Los pescadores se quedaron desempleados, y a las personas les preocupa si es seguro comer los peces que atrapan.

Los vietnamitas de la región afectada protestaron, pero las autoridades reprimieron sus acciones. Con base en la investigación dirigida por activistas, académicos y vietnamitas en Taiwán, 17 vietnamitas fueron arrestados o enfrentan orden de detención en relación con el desastre de Formosa en diversos niveles:

  1. Nguyen Van Hoa, condenado a siete años en prisión por realizar “propaganda contra el Estado”, puesto que utilizó un dron con cámara para trasmitir en vivo una protesta que realizaron los pescador alrededor de la planta de acero;
  2. Hoang Duc Binh, condenado a 14 años en prisión por “abusar de las libertades democráticas con el fin de atentar contra los intereses del Estado”, y por “resistirse a los oficiales en el cumplimiento de su deber” que se relaciona con la cobertura que realizó acerca del desastre en su blog;
  3. Nguyen Nam Phong, condenado a dos años en prisión por “resistirse a los funcionarios”, tras rehusarse a abrir la puerta del vehículo que conducía, donde viajaban los defensores de derechos humanos, el padre Nguyen Dinh Thuc y Hoang Duc Binh, a solicitud de un grupo de hombres vestidos como civiles y policía uniformada;
  4. Tran Hoang Phuc, condenado a seis años en prisión por “realizar propaganda contra el Estado”, por la ayuda que brindó a las víctimas del desastre;
  5. Bach Hong Quyen, quien actualmente se encuentra oculto pues enfrenta acusaciones por “provocar desorden público”, por organizar una marcha en 2017 para conmemorar el primer aniversario del desastre;
  6. Thai Van Dung, activista católico involucrado en protestas, buscado por la policía presuntamente por violar su libertad condicional vinculada a una sentencia previa relacionada con “actividades que aspiraban derrocar a la administración del pueblo”, en 2013.

Además de los procesos legales, los sacerdotes católicos y las iglesias, que ayudaron a las comunidades de pescadores a obtener indemnización, recibieron amenazas de “Bandera Roja”, grupo afiliado al partido comunista. La misión de este colectivo, según el sacerdote Dang Huu Nam en Radio Free Asia, es “evitar que los católicos protesten contra la planta de acero de Formosa y deshacerse de los enemigos católicos”.

El Estado unipartidista consideró subversiva la crítica negativa sobre la planta de acero y el manejo del desastre por parte del Gobierno, y las solicitudes de control de contaminación.

No obstante, suprimir el desacuerdo no hace desaparecer los problemas ambientales del país.

Después de que Vietnam ingresara a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2007, el partido comunista gobernante se esforzó por impulsar el desarrollo económico a través de la atracción de inversión extranjera. No obstante, ese desarrollo acelerado se dio a costa del medio ambiente.

En 2016, se denunciaron 50 escándalos de residuos tóxicos importantes. Entre estos escándalos, verter ilícitamente residuos tóxicos en vías fluviales es un problema particularmente serio, y 60% de las infracciones las cometieron compañías de capital extranjero.

Con una línea costera que se extiende por 3000 kilómetros, Vietnam es el hogar de una de las industrias de frutos del mar más grande del mundo. Aproximadamente el 3% de sus exportaciones es marisco, y se estima que cerca del 10% del total de la población vietnamita genera ingresos de manera directa o indirecta de las pesquerías. La mayoría de las comunidades que se dedica a la pesca es pobre, por lo que esta actividad y la acuicultura aportan en promedio 75% de su ingreso familiar. Además, la mitad de las proteínas que consumen los vietnamitas provienen de estos productos marinos.

La compañía detrás de uno de los peores desastres ambientales que impactó al país, Corporación de Acero Formosa Ha Tinh, es de lejos la inversión extranjera más grande en Vietnam. En un inicio, estaba conformada por el grupo Formosa Plastics de Taiwán en 2008, y  luego en 2015, atrajo más inversión de la Corporación de Acero de China, ubicada en Taiwán, y Acero JFE de Japón.

Cesaron sus operaciones tras el derrame, pero a mediados de 2017 las reanudaron, y planean incrementar su capacidad de producción con un segundo horno alto en 2018.

La erradicación de los peces en 2016 no fue su único problema de seguridad. En mayo de 2017, se suscitó una explosión de polvo durante un procedimiento de prueba de la planta. Y en diciembre de ese mismo año, la planta recibió una multa de $25 000 USD por enterrar residuos sólidos nocivos.

‘Si experimentamos este dolor, no deberíamos infligirlo en Vietnam’

El desastre ambiental y sus repercusiones han sido una situación vergonzosa para el Gobierno de Taiwán, puesto que la planta de acero pertenece a una compañía taiwanesa y, por la Nueva Política del Sur del Gobierno, que aspira a mejorar la cooperación con los miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), a la cual pertenece Vietnam.

Taiwán ofreció enviar a sus especialistas ambientales a Vietnam tras el desastre, pero los rechazaron. Aparte de esto, las autoridades taiwanesas no han tomado acción, por lo que vietnamitas en Taiwán y activistas taiwaneses probaron diferentes enfoques para obtener justicia por las vías que tienen a su disposición.

Han solicitado que el grupo Formosa Plastics promueva su información de control ambiental y asuma responsabilidad social, pero hasta el momento los han ignorado. También cuestionaron al otro inversionista en Taiwán, Corporación de Acero de China, pero sus representantes afirman no saber nada al respecto.

Puesto que los tribunales de Vietnam no aceptan demandas contra la Corporación de Acero Formosa Ha Tinh, los vietnamitas albergaban la esperanza de que los taiwaneses pudiesen ayudarles a demandar a la compañía en Taiwán. No obstante, esto no es posible porque la planta de acero Formosa tiene sede en Vietnam.

El padre Peter Nguyen Van Hung, sacerdote católico vietnamita en Taiwán, viajó a Europa junto con otros sacerdotes de las regiones afectadas en Vietnam y varios representantes taiwaneses de organizaciones no gubernamentales para atraer atención internacional a los problemas ambientales y de derechos humanos que provocaron el grupo Formosa Plastics y el Gobierno vietnamita. También visitó organizaciones en Estados Unidos que están dispuestas a brindar apoyo legal para las víctimas.

El padre Hung también trabaja con vietnamitas, académicos y organizaciones no gubernamentales en Taiwán, como la Asociación de Juristas Ambientales (EJA), la Asociación Taiwanesa de Derechos Humanos y Covenant Watch en Taiwán, para presionar a al grupo Formosa Plastics y al Gobierno taiwanés a fin de que lidien con el desastre.

En diciembre de 2016, unas ONG taiwanesas solicitaron al Yuan Legislativo de Taiwán que realizara una audiencia pública sobre el incidente y que revisara la Ley para la Innovación Industrial, relacionada co la exhortación a la inversión extranjera. Pese a que revisaron la ley, en noviembre de 2017, no incluyeron ningún artículo sobre auditoría o evaluación. Esto significa que el Gobierno taiwanés no puede penalizar a una corporación por delitos ambientales y de derechos humanos cometidos en el extranjero.

Antes de que se diera a conocer el desastre ambiental, el grupo Formosa Plastics recibió $3,5 mil millones USD en préstamos de más de 30 bancos en Taiwán y del extranjero. Luego, ONG taiwanesas solicitaron a dos bancos que están bajo el control del Gobierno taiwanés, Banco de Taiwán y Banco Land de Taiwán, que consideraran adoptar los Principios del Ecuador –conjunto de normas para las instituciones financieras para evaluar los riesgos ambientales y sociales en la financiación de un proyecto– pero lo rechazaron. Por otra parte, otros dos bancos entre los 30, Cathay United Bank y el Banco comercial E.SUN, sucribieron los Principios del Ecuador.

Los taiwaneses están familiarizados con los desastres ambientales. Yuyin Chang de EJA habló sobre cómo el pasado influenció su solidaridad durante una manifestación en 2016:

美國的RCA公司(民國)59年到80年在台灣設廠,造成台灣的土地、地下水的污染,以及人民許許多多健康的損害,目前都還在台灣訴訟當中,這是台灣人民切身的痛,我們台灣人民曾經有過這種痛,不應該再移植到越南去。

La compañía estadounidense RCA estableció sus fábricas en Taiwán, de 1970 a 1991, y provocaron bastante contaminación en el suelo y las aguas freáticas de Taiwán, y enfermaron a muchas personas. Este es un caso que aún sigue en litigio. Es el dolor de los taiwaneses. Si experimentaron este dolor, entonces, no deberíamos infligirlo en Vietnam.

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