Etiquetas “Una organización que apoya la inmigración” (“Bevándorlást támogató szervezet” en húngaro) en la puerta del Comité de Helsinki en Budapest el 27 de junio de 2018 de miembros del partido gobernante. Foto de HHC, usada con autorización.
Nuevas leyes recién aprobadas por el Parlamento húngaro que penaliza a grupos que ayudan a los migrantes han sido recibidas con amplia condena.
La más reciente es de la Comisión Europea por la Democracia a través de la Ley (más conocida como Comisión de Venecia pues se reúnen en esa ciudad), el ente asesor del Consejo de Europa en asuntos constitucionales. Asesora a Estados miembros, incluido Hungría, sobre cómo regularizar sus estructuras legales con las normas europeas de democracia, derechos humanos y el estado de derecho.
La Comisión determinó que las leyes antimigratorias «infringen el derecho a la libertad de asociación y expresión» y se deberían derogar.
Entre otras cosas, las leyes crean un nuevo delito llamado «permitir la inmigración ilegal» que incluiría dar asistencia legal e información sobre derechos y responsabilidades a migrantes [1], y acarrearía hasta un año de prisión.
También impone una tasa de 25 por ciento a las donaciones extranjeras en favor de ONG que apoyen la migración en Hungría.
Como lo expresó Human Rights Watch [1], si el presidente húngaro promulga la ley, «a partir del 1 de julio, los trabajadores de derechos humanos y voluntarios comunitarios podrían ser procesados y pasar un año en prisión por brindar servicios, asesoría o apoyo a los migrantes y solicitantes de asilo»
Al paquete legislativo lo han llamado «Alto a Soros», en referencia al magnate de negocios húngaro-estadounidense George Soros, cuya filantropía progresista lo ha hecho blanco de teorías de la conspiración que lo pintan como una mente maestra maligna con la intención de destruir a Hungría y al cristianismo [2](nota del editor: Global Voices es beneficiario de la Fundación Open Society, parte de la red Soros).
Un ambiente cada vez más hostil para la sociedad civil
La atmósfera para el trabajo de la sociedad civil en Hungría se ha vuelto cada vez más hostil [3] en los últimos años, y las leyes «Alto a Soros» son las últimas de una serie de reformas de políticas en Hungría dirigidas a aumentar el poder gubernamental a expensas de las organizaciones no gubernamentales, las ONG.
El informe de derechos humanos 2017 preparado por el Departamento de Estado de Estados Unidos [4] destacó que ese año, Hungría había aprobado legislación que exigía que las «ONG que reciban más de 7.2 millones de forintos (US$26,000) al año de financiamiento del extranjero se deben registrar como organizaciones con financiación extranjera y publicar su caildad de ‘financiación extranjera’ en sus sitios web y publicaciones» además de informar de otras obligaciones.
Esos nuevos requisitos de la ley eran, en palabras de la Comisión Europea, “discriminatorios y creaban una carga administrativa y a la reputación de estas organizaciones”.
Según el informe de derechos humanos del Departamento de Estado, el «Gobierno dio por terminados antiguos acuerdos de cooperación con algunas ONG» durante 2017, en particular los que están involucrados en vigilar su trabajo relacionado con derechos humanos, mientras que Szilard Nemeth, vicepresidente del partido gobernante Fidesz, declaró que las ONG financiadas por George Soros deben “eliminarse”.
También expresó que las «ONG afectadas por la legislación suelen ser blancos de ataques de los medios afines al Gobierno», mientras que los trabajadores de las ONG consideran la declaración de Nemeth como incitación a la violencia [5].
En ese momento, más de 180 ONG húngaras protestaron [6] contra la ley, que les parecía “estigmatizante” porque implica que “son una amenaza al país” y “socava la confianza mutua en la sociedad y cuestiona el derecho a la libertad de expresión”. El impacto [5] general de estas acciones está «desalentando a los húngaros a crear sus propias ONG para apoyar proyectos de comunidades locales» y reprimiendo el trabajo del sector civil de manera similar a lo ocurrido en Russia en 2011 y 2012 [7].
Según la opinión de la Comisión de Venecia sobre la noticias de las leyes «Alto a Soros» [8], «establecer responsabilidad penal por ayudar intencionalmente a migrantes irregulares a eludir las leyes de inmigración no es, en sí mismo, contrario a las normas internacionales de derechos humanos».
Sin embargo, djo que «van más allá» porque el paquete legislativo «penaliza actividades organizacionales que no están directamente relacionadas con la materialización de la migración ilegal» y «conlleva riesgo de proceso penal contra personas y organizaciones que brindan asistencia legítima a los migrantes».
Muchos periodistas y activistas de la sociedad civil en Hungría y en Europa han estado diciéndolo, y han advertido que la nueva ley parece formar parte de esta mayor estrategia para socavar y controlar a la sociedad civil y los medios. Lili Bayer, periodista estadounidense-israelí-húngara, tuiteó:
Remember: Hungary's gov targets NGOs not because of any concern about migration, but because Hungary is small and these happen to also be the only NGOs working on civil rights of Hungarian citizens: looking into police abuses, representing protesters in court for free, etc.
— Lili Bayer (@liliebayer) June 21, 2018 [9]
Recuerden: El Gobierno de Hungría ataca a las ONG no porque le preocupe la migración, sino porque Hungría es pequeña y esas ONG son las únicas que trabajan en derechos civiles de ciudadanos húngaros: buscan abusos policiales, representan a los manifestantes gratis en los tribunales, etc.
Comparaciones con la Europa del siglo XX
Algunos han trazado paralelos entre estas novedades en Hungría y la injusticia legalizada de los regímenes del siglo XX en Europa Central y del Este. Por ejemplo, el escritor y bloguero serbio Igor Čobanović tuiteó:
«U Mađarskoj donose zakon po kojem će biti kažnjivo pomagati migrantima»
Poslednji takav zakon je imao Adolf Hitler i odnosio se na pomaganje Jevrejima.
— Igor Čobanović (@DaZivimSan) June 21, 2018 [10]
«Hungría adopta ley que penaliza ayudar a los migrantes».
La última de estas leyes la impuso Adolf Hitler y se refería a ayudar a los judíos.
Los partidarios de las polítcas contra la sociedad civil y contra la inmigración del Gobierno húngaro han avivado mayores comparaciones.
El 12 de junio, integrantes del Partido Popular Demócrata Cristiano (KDNP) pegaron etiquetas [11] en la entrada de edificios que albergan ONG que trabajan con inmigrantes legales y refugiados. Las etiquetas decían: «Esta organización apoya la inmigración» («Bevándorlást támogató szervezet» en húngaro).
En un caso ampliamente publicitado, esta campaña se dirigió contra las oficinas de la ONG Menedék, que ayuda a integrar refugiados que han sido aceptados por el Gobierno húngaro. El edificio es una casa con estrella amarilla [12], parte de la red de la Segunda Guerra Mundial de lugares obligatorios para que vivieran cerca de 220,000 judíos de Budapest que los colaboradores nazis indicaron para ser ejecutados en 1944. A las casas y a sus ocupantes se les obligó a portar la estrella amarilla, y después de la guerra, en la mayoría se instalaron placas conmmemorativas con los nombres de las víctimas del Holocausto que vivían en ese edificio.
Otra entidad a la que llenaron de etiquetas fue el Comité Helsinki húngaro, que trabaja para proteger y promover los derechos humanos. Sus miembros tuitearon en vivo cuando Fidelitas (rama juvenil del partido Fidesz) pegó los autoadhesivos mientras sostenían una conferencia de prensa [13] frente a su edificio el 27 de junio.
We are getting the stigmatising anti-NGO sticker right now! Live press conf being held right now in front of our building. pic.twitter.com/a2GT8VdZ7J [14]
— HunHelsinkiCommittee (@hhc_helsinki) June 27, 2018 [15]
¡Están pegando autoadhesivos estigmatizantes contra la ONG! Hay una conferencia de prensa en vivo en este momento frente a nuestro edificio.
Aunque la opinión de la Comisión de Venecia no es directamente vinculante, ofrece causales legales para otras acciones a nivel nacional y europeo. El 25 de junio, por ejemplo, la Comisión de Justicia y Asuntos Internos del Parlamento Europeo votó con gran mayoría en favor de iniciar el llamado proceso del artículo 7 de la Unión Europea contra Hungría [16], que podría llevar a sanciones por no defender los valores fundamentales de la Unión Europea.