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¿Ley de ciberdelito de Trinidad y Tobago sofocará la libertad de los medios?

Foto de “Seguridad de datos 3D” de Chris Potter, ccPixs.com, CC BY 2.0.

Los legisladores en Trinidad y Tobago apuntan a una serie de problemas en línea –que van desde el odio al phishing y el fraude– con un proyecto de ley de ciberdelito, siguiendo los pasos de muchos Gobiernos en todo el mundo que han aprobado amplia legislación referida a delitos en línea.

Pero periodistas y usuarios de redes de medios sociales han expresado su preocupación por secciones específicas de la recién enmendada ley que podría afectar el periodismo y la expresión en línea.

La ley se presentó en marzo de 2014, y abarca varios ciberdelitos, como sexo de venganza, pornografía infantil, chantaje, discurso de odio y protección de secretos nacionales, pero originalmente enfrentó críticas por la cláusula 8, que penaliza la “adquisición ilegal de datos de computadora” y “recibir o tener acceso a datos que se sabe se han obtenido ilegalmente”.

Al igual que la ley de protección de datos de Jamaica, el proyecto de Trinidad y Tobago ha recibido muchas críticas por sus imprecisiones y la severidad de sus sanciones a periodistas e informantes.

De acuerdo con el proyecto de ley, quien sea declarado culpable de filtrar archivos “ilegales” puede enfrentar multas de TT $500,000 (unos US $75,000) y hasta tres años de prisión.

Aunque esto puede sonar como delitos, se podrían extender a acciones como filtrar documentos gubernamentales que pueden ser fundamentales para periodistas y activistas que buscan que sus Gobiernos rindan cuentas. La actual versión de la ley penaliza esas acciones.

Esas sanciones tan severas han preocupado a la Asociación de Medios de Trinidad y Tobago (MATT) sobre lo que llama #ShutUpLegislation [Legislación Cállate]. Muchos miembros del grupo hablaron en una sesión del comité parlamentario conjunto que está revisando la norma.

Represento a la Asociación de Medios de Trinidad y Tobago ante un comité conjunto sobre la propuesta de ley de ciberdelito. La norma amenaza con afectar la libertad de prensa y penalizar el trabajo de los periodistas.

En la reunión del comité, la doctora Sheila Rampersad, presidenta del comité directivo de la Asociación de Medios de Trinidad y Tobago sobre el asunto, instó a los legisladores a incluir una cláusula de exención de interés público en el proyecto de ley de ciberdelito, y dijo:

[a public interest exemption would] retain criminal accountability for mischief and malice, while pre-emptively protecting the constitutional rights of all citizens, organisations and institutions engaged in nation-building through greater transparency.

[una exención de interés público] retendría la responsabilidad penal por daños y dolo, aunque protegería preventivamente los derechos constitucionales de todos los ciudadanos, organizaciones e instituciones comprometidas en construir la nación con mayor transparencia.

En una entrevista con Global Voices, la doctora Rampersad enfatizó que la cláusula de exención propuesta por MATT “abarcaría a periodistas y otras organizaciones y personas que trabajan en interés del público”.

Rampersad calificó la aún no proclamada ley de protección de datos como “problemática y anticuada”, y dijo que el periodismo quedaría vulnerable a responsabilidad penal por difamación y calumnia según la sección 8 de la ley de calumnia y difamación, ley con 167 años de antigüedad, y que “interpretaciones ampliamiente divergentes amenazan con neutralizar las mejores intenciones de la ley de libertad de información“.

El doctor Emir Crowne, asesor legal gratuito de MATT en la materia, agregó que “tradicionalmente, muchos sindicatos se han formado con datos obtenidos subrepticiamente”, y que “sin una exención para asuntos de interés público, el sindicalismo se ve directamente impactado”.

MATT sugirió la cláusula de exención en 2016, durante una consulta con la Fiscalía General, que consideró la propuesta “demasiado amplia”.

A los periodistas les preocupa el futuro de su profesión, en caso de aproebarse la ley. En uno de los muchos artículos que ha escrito sobre el tema, Mark Lyndersay expresó:

Other restrictions that are likely to cause a chilling effect show up buried in clauses like the one covering the disclosure of details of a (court) order, which restricts someone placed under an order to reveal contested information from disclosing either the fact that the order has been made or the details of the order.

Which means that a media house which has been subject to such an order cannot report on the situation.

Otras restricciones que probablemente causen un efecto negativo aparecieron en cláusulas ocultas, como la referida a la revelación de una orden (judicial), que restringe que alguien que tenga una orden para revelar información impugnada revele el hecho que motivó la orden o los detalles de la orden.

Lo que quiere decir que un medio de comunicación que ha sido objeto de una orden así no puede denunciar la situación.

La expectativa de MATT es que tras detallar y analizar las disposiciones no democráticas y las infracciones constitucionales de la ley, el comité conjunto del Parlamento –que consiste de senadores independientes y miembros de la oposición– retirarán la ley para una revisión adecuada o insertarán la cláusula de exención de interés público propuesta por la asociación de medios.

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