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Ugandeses rechazan impuesto a medios sociales porque asfixia a mujeres, jóvenes y pobres

Categorías: Uganda, Activismo digital, Derecho, Derechos humanos, Juventud, Libertad de expresión, Medios ciudadanos, Mujer y género, GV Advox, UPROAR

Los ugandeses se enfrentan a un nuevo impuesto a las redes sociales y a los pagos por internet.

El 1 de julio de 2018, el Gobierno ugandés comenzó a aplicar a los ciudadanos una tasa de 200 libras ugandesas (0,05 dólares estadounidenses) por utilizar medios sociales, lo que ha suscitado la condena general de los ugandeses.

En Uganda, con un PIB promedio per cápita de 604 dólares estadounidenses [1], el uso diario de medios sociales o de aplicaciones de mensajería podría suponer un 3% de las ganancias medias anuales de los ciudadanos.

La lucha contra el impuesto a medios sociales dio un giro legal el 2 de julio, cuando muchos ciudadanos preocupados recurrieron a los tribunales, alegando que la tasa era contraria la Constitución de Uganda.

Los demandantes [2] arguyen que el impuesto infringe los derechos humanos de los ugandeses, contemplados en «las disposiciones específicas de la Constitución de la República de Uganda de 1995″.

El diario keniata The Daily Nation informa:

The petition, filed by a team of young advocates under their Cyber Law Initiative (U) Limited and four individuals, Mr Opio Bill Daniel, Mr Baguma Moses, Mr Okiror Emmanuel and Mr Silver Kayondo against the attorney-general, is challenging the Constitutionality of the (200 USH) [$0.05 USD] daily charge for access to social media platforms.

[…]

The petition is particularly targeting several sections of the Excise Duty Amendment Act 2018 [3], which provided for taxes on Over The Top (OTT) services from mobile telephone usage.

La demanda, presentada por el equipo de jóvenes abogados Cyber Law Initiative (U) Limited, y otras cuatro personas —Opio Bill Daniel, Baguma Moses, Okiror Emmanuel y Silver Kayondo contra el fiscal general, cuestiona la constitucionalidad de la tasa diaria de 200 libras/0,05 dólares estadounidenses por el acceso a las plataformas de medios sociales.

(…)

La demanda se opone concretamente a varias secciones de la ley de Tasas de 2018 [3], que impone aranceles a servicios OTT (Over the Top) de telefonía móvil.

El impuesto amenaza los derechos fundamentales a la libertad de expresión y al acceso a la información garantizados no sólo en la Constitución Ugandesa [4], sino también protegidos por tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos [5] y la Declaración Universal de Derechos Humanos [6]. Uganda ha suscrito ambos documentos.

Los demandantes también solicitan al tribunal que ordene la suspensión permanente del pago del impuesto a medios sociales. Según informa [7] PCTech magazine:

They want the court to issue an order, permanently stopping the government and all her agencies, authorities and officials from imposing any tax on internet or social media usage. In addition, they also want an order, directing the government and government regulatory body of the communications sector; Uganda Communication Commission (UCC) to only regulate OTT services in a manner that guarantees free access, net neutrality, and open internet.

Quieren que el tribunal emita una orden que impida permanentemente al Gobierno y a todas sus agencias, autoridades y funcionarios imponer cualquier tasa al uso de internet o medios sociales. Además, quieren una orden que permita a la institución reguladora del Gobierno ─la Comisión de Comunicaciones de Uganda (UCC)─ reglamentar los servicios OTT de forma que se garanticen el acceso libre, la neutralidad de la red y una internet abierta.

El abogado Silver Kayondo prometió «luchar hasta el Tribunal Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos»:

El periodista Raymond Mujuni se ha unido a los demandantes contra la tasa a medios sociales en defensa de las fuentes periodísticas OTT y las emisiones digitales. Vamos camino al juzgado para presentar la demanda contra la fiscalía. Se han unido la Comisión de Comunicaciones de Uganda y la autoridad tributaria de Uganda para que se emitan órdenes adicionales. Llegaremos hasta el Tribunal Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos.

La comunidad de Global Voices que representamos también ha expresado su posición en este tema, y ha organizado un «tuitatlón» en solidaridad con los activistas ugandeses, que tendrá lugar el lunes 9 de julio.

Afiche de la campaña #NoToSocialMediaTax. Imagen diseñada por Innocent Amanyire (@NinnoJackJr) y utilizada con su autorización.

Mientras continúa la batalla legal, las preguntas sobre igualdad, justicia y acceso siguen en pie y deben ser estudiadas. Según un sondeo de la Autoridad Nacional de Tecnología de la Información, el 77% de los ugandeses no pueden pagar el costo de un uso básico de internet, y solo el 22% de la población utiliza actualmente internet.

En lugar de investigar sobre infraestructuras que pudieran extender el acceso de los ugandeses a una conexión de banda ancha, el Gobierno impone un impuesto a los medios sociales que limita considerablemente el acceso, mientras recauda más dinero para sus arcas [11].

Los críticos ven esta tasa como una forma de doble tributación [12], puesto que ya se aplica un impuesto a los datos y al tiempo de conexión. En la actualidad, muchos usuarios simplemente no pueden pagar las 200 libras extra por usuario y día para acceder a plataformas sociales y de comunicación muy asentadas, también conocidas como servicios over the top (OTT).

La tasa aumenta la brecha del acceso a internet, no solo entre la gente joven y la más humilde, sino también entre las mujeres, lo que amplía la brecha digital de género [13].

Parlamentarios reciben 10,000 millones de reembolso de impuestos [más de 2,dos millones de dólares].
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Exoneraciones para los ricos: impuestos para los pobres.

La juventud ugandesa, a la vanguardia de los medios sociales, siente la presión del impuesto

Uganda lucha contra una de las tasas de desempleo más altas de África Oriental. Un informe del censo [16] publicado en 2014 indica que más de 18 millones de personas de edades comprendidas entre los 14 y los 64 años están desempleadas. Al mismo tiempo, un 52% de los ugandeses posee un teléfono móvil, y el 71% de estos usuarios vive en zonas rurales, según un informe de 2014 [17] de la Comisión Ugandesa de Comunicaciones.

Los jóvenes de 15 a 24 años están a la cabeza en el uso de teléfonos inteligentes, y suman el 28% de la población. Muchos dependen de sus teléfonos y de WhatsApp para llevar a cabo negocios que funcionan a base de pagos por internet [18]. Estos jóvenes afirman que la tasa a los medios sociales solamente asfixiará a los emprendedores, la facilidad de crear empresas y la creatividad

CIPESA (Colaboración en Política Internacional de Tecnologías de la Información y la Comunicación en África Oriental y Austral) señala que un solo gigabite de datos le cuesta ahora al usuario casi un 40% del sueldo promedio mensual:

Primero parte: El costo de la conexión para los ugandeses más pobres se disparará un 10%, lo que implica que un 1 GB de datos le costará cerca de un 40% de su sueldo promedio mensual. Los ugandeses más ricos experimentarán un incremento del 1% en el coste de su conexión.

Un agravio a ciudadanos que ya soportan una carga excesiva

La tasa a medios sociales se suma al controvertido «impuesto al chisme [23]» que entró en vigor en abril de 2018 y se consideró un insulto más a ciudadanos ya sobrecargados. En ese momento, el presidente Museveni escribió:

I am not going to propose a tax on internet use for educational, research or reference purposes… these must remain free. However, olugambo (gossip) on social media (opinions, prejudices, insults, friendly chats) and advertisements by Google and I do not know who else must pay tax because we need resources to cope with the consequences of their lugambo.

No voy a proponer un impuesto al uso de internet con fines educativos, de investigación o referencia (…) eso debe seguir siendo gratuito. No obstante, olugambo (el chismorreo) en medios sociales (opiniones, prejuicios, insultos, charlas amables) y anuncios de Google y no sé quién más deben pagar impuestos porque necesitamos recursos para afrontar las consecuencias de su lugambo.

El hecho de que el Gobierno otorgue a las plataformas de medios sociales la categoría de actividad de lujo expone la profunda falta de cultura digital que padecen los legisladores del régimen de Museveni.

El periodista ugandés Daniel K. Kalinaki [24] resumió el impacto del «impuesto al chismorreo» y la «tasa a medios sociales» en la vida diaria de los ciudadanos ugandeses:

There are basically two problems with the social media tax. First, it shoots the wrong person twice: A Facebook user has already paid tax on the mobile phone, data and electricity; they are, except in a few cases, the product, not the revenue. The tax is like taking money at the gate then also charging for the seats in an empty stadium.

Secondly, people generally don’t gossip or insult others for a living; they do so because they are idle, sad and often unemployed. Imposing a tax to keep them quiet is the cyber equivalent of asking starving people who don’t have millet to eat red velvet chocolate cake instead. This and the mobile money tax have taken many young and poor people, including many in the countryside who have never paid a direct tax, through the organ grinder of our tax system. You can hear the screams from Kidera to Kyotera.

Básicamente, hay dos problemas con la tasa a medios sociales. Primero, dispara dos veces a la persona equivocada: un usuario de Facebook ya ha pagado impuestos por el teléfono móvil, los datos y la electricidad; salvo en algunos casos, son el producto, no el impuesto. Esta tasa es como cobrar una entrada, y después volver a cobrar por los asientos en un estadio vacío.

Segundo, la gente no suele chismorrear o insultar a otros para ganarse la vida: lo hacen porque están ociosos, tristes y a menudo sin trabajo. Imponer una tasa para mantenerlos callados es el ciberequivalente a pedirle a gente que muere de hambre porque no tiene pan que coma pastel. Esto y el impuesto a los pagos por internet han metido a un montón de jóvenes y pobres, entre ellos muchos campesinos que nunca han pagado un impuesto directo, a la gran picadora que es nuestro sistema fiscal. Se oyen los gritos de Kidera a Kyotera.