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Riquezas naturales cercadas por el terror: ¿Qué motiva los ataques en el norte de Mozambique?

Sobrevivientes que perdieron a sus familiares y casas durante un ataque a la aldea de Naunde, Municipio de Mucojo, Distrito de Macomia, Cabo Delgado. Foto: Borges Nhamire. Usada con autorización.

A fines de 2014, cuando la empresa australiana Triton Minerals anunció, que había encontrado el mayor depósito de grafito conocido del mundo en el norte de Mozambique, la noticia llegó como una bendición para el país, que actualmente lucha para reestructurar su deuda externa.

Las 115,9 millones de toneladas de grafito se suman al impresionante tesoro mineral de la provincia de Cabo Delgado: 40% de las reservas conocidas de rubí del mundo, descubiertas en 2009; gas y petróleo que, según proyecciones del Gobierno, transformarán al país en el tercer mayor exportador de gas natural del mundo, después de Qatar y de Australia, a partir de 2022.

Sin embargo, la promesa de riqueza puede estar amenazada por episodios de violencia cuya motivación y objetivos parecen poco claros para las autoridades locales.

Al parecer, todo empezó en octubre de 2017, cuando un grupo de 30 encapuchados atacó durante tres días consecutivos comisarías de policía en Mocimboa da Praia, ciudad de cerca de 30 mil habitantes a 100 km de la frontera con Tanzania. Según la polícia, el enfrentamiento dejó 16 muertos, 14 de la banda y dos policías.

Ese fue el primer episodio de una serie de ataques que la región sufriría en los meses siguientes. Desde entonces, se registraron 27 ataques en la provincia, que han dejado por lo menos 95 muertos, entre autoridades gubernamentales y civiles, según el informe hecho por la agencia de noticias local Zitamar News.

Dieciséis ataques ocurrieron solo entre mayo y junio, durante los que 650 casas fueron incendiadas y 62 personas asesinadas –casi la mitad decapitadas.

Todos los datos son de Zitamar, que desarrolló un mapa interactivo con la localización y característica de cada uno de los ataques desde octubre. Otra lista de los ataques, compilada por usuarios de Wikipedia y basada en reportajes de medios de comunicación locales producidas desde octubre, da cuenta de 103 muertos hasta ahora.

A pesar de que el Gobierno afirma que los ataques no afectan las inversiones en la provincia, dos empresas de petróleo y gas anunciaron la interrupción de sus actividades hasta que la situación se normalice. El 23 de junio ocurrió un ataque a apenas cinco kilómetros de una de las empresas de gas natural.

Las ofensivas tienen aterrados a los habitantes, lo que ha llevado a que muchos abandonen sus casas y se refugien en ciudades vecinas. El archipiélago de las Quirimbas es el destino preferido. No se sabe el número exacto de desplazados internos pero, según el reportaje de la Agencia Lusa, solo en las islas de Ibo y Matemo habría llegado a 1.500 en la primera quincena de junio.

Las bandas armadas parecen haber adoptado métodos más violentos a partir de mayo, en comparación con ataques anteriores. Mientras los primeros ataques fueron a instituiciones públicas y establecimientos comerciales, en los últimos dos meses hubo decapitaciones en masa, con utilización de machetes.

A la población y al Gobierno les asusta el hecho de que ninguno de los ataques fue publicamente reivindicado. No queda clara la fuente de financiamiento, el entrenamiento militar y los verdaderos intereses del grupo en cuestión, pero hay fuertes sospechas.

No es por la fe, es por el dinero

Casas destruídas después del ataque a la aldea de Naunde, Municipio de Mucojo, distrito de Macomia, Cabo Delgado. Foto: Borges Nhamire. Usada con autorización.

Desde el primer ataque en octubre, la población se refiere a los grupos armados como “al-Shabaab”, a pesar de no haber ninguna relación demostrada entre estos y la secta radical islámica de Somalia.

Mozambique es de mayoría católica, y cerca de 18% de la población se identifica como musulmana. La mayoría vive en la región norte.

Un estudio conducido por el Instituto de Estudos Sociales y Económicos (IESE) en colaboración con la Fundación Mecanismo de Apoyo a la Sociedad Civil (MASC) publicado el 22 de mayo, demuestra que se trata de un grupo con origen en Cabo Delgado y cuyos objetivos van más allá del radicalismo islámico.

Los investigadores hicieron tres viajes a Cabo Delgado entre noviembre de 2017 y febrero de 2018, y entrevistaron a líderes religiosos, familias de jóvenes que se unen a los grupos y autoridades locales, entre otros actores relevantes.

Las conclusiones preliminares de la investigación apuntan a que el grupo era inicialmente conocido como Ahlu Sunnah Wa-Jammá, que significa “adeptos a la tradición profética y de la congregación”, y cuestionaba el islamismo que las comunidades locales practican.

A partir de 2015, el movimiento empezó a incorporar células militares. De acuerdo con el mismo estudio, los miembros habrían sido entrenados por exagentes de la Policía de la República de Mozambique (PRM), que fueron despedidos de la entidad por comportamiento y actitudes incompatibles con la función, y también por milicias de Tanzania y de otros países de la región de los Grandes Lagos.

El grupo estaría compuesto por células de jóvenes socialmente marginados, sin empleo formal y sin escolaridad y, aunque tenga una raíz religiosa y haga propaganda basada en la recuperación de supuestos valores tradicionales del islam, no tendría como objetivo final la ocupación de Cabo Delgado o la creación de un estado islámico en el norte del país.

Confirman esta tesis los relatos de los detenidos por la policía, que afirman que aceptaron integrarse a la banda después de recibir promesas de que saldrían millonarios de las misiones.

El estudio también indica que el objetivo, en realidad, parece ser crear oportunidades de negocios ilícitos en la región, como el de tráfico de madera, marfil, carbón vegetal y rubíes. Los investigadores explicaron que la banda llega a cortar ilegalmente 50 mil tablas de madera por semana, con un perjuicio al Estado de 3 millones de dólares americanos en el mismo período.

El lanzamiento en 2017 de la “Operación Tronco” del Gobierno Central, que pretende combatir el comercio maderero ilegal, ha amenzado esa fuente de ingresos del grupo, lo que probablemente ha contribuído al sentimiento de rebeldía.

También se cree que algunos insurrectos han sido expulsados de los yacimientos de rubíes de Montepuez, al sur de la provincia de Cabo Delgado, donde existían minas ilegales antes de la llegada de Montepuez Ruby Mining Partnership, que en 2012 ganó la concesión para explotar la mina.

En febrero de 2017, el Gobierno Central dio órdenes a las fuerzas de seguridad para expulsar a todos los mineros ilegales que permanecían en el local. En ese momento, la prensa local divulgó ampliamente denuncias de tortura practicada por los militares, lo que llevó a una investigación penal que todavía no ha terminado.

Montepuez Ruby Mining Partnership es una sociedad compuesta por la empresa inglesa Gemfields, que posee 75% de su capital, y la mozambiqueña Mwiriti Limitada, formada por altos funcionarios del Frente de Liberación de Mozambique (Frelimo), partido político que gobierna el país desde su independencia en 1975. Samora Machel Jr, hijo del revolucionario y expresidente Samora Machel, es el presidente del Directorio de la empresa. Solo en una subasta, realizada en Singapur en 2018, Gemfields tuvo un beneficio sin precedentes de 71,8 millones de dólares por los rubíes de Montepuez.

Para los autores del estudio, lo que facilita el reclutamiento son las condiciones sociales degradantes de la región, como el desempleo y la falta de servicios básicos como la educación y la salud. Según datos de 2016 del Gobierrno Central, la provincia de Cabo Delgado está compuesta por cerca de 1,8 millón de habitantes, de los cuales 16,2% están desempleados, donde 24% jóvenes entre 15 y 24 años.

Terror y fuga

La investigadora mozambiqueña de Human Rights Watch Zenaida Machado visitó uno de los locales atacados.

A esta mujer y a cientos de vecinos les quemaron sus casas durante un ataque terrorista nocturno, en Naunde, al norte de la provincia de Cabo Delgado. Se ha quedado porque no tiene dónde ir. Cuando intenté hablar con ella, no paraba de preguntarme: “por qué, por qué, por qué…”

Las aldeas están en sitios sin acceso a la red eléctrica, donde las casas están hechas con materiales precarios como estacas, barro y paja, lo que facilita la propagación de incendios.

Al huir, niños y mujeres se llevan algunos objetos preciosos y pequeños animales.

Frente a la situación de miedo e incertidumbre, el Gobierno de Cabo Delgado decidió suspender la circulación nocturna de transporte público de pasajeros y de carga, mientras que Estados Unidos, Inglaterra y Portugal emitieron avisos para que sus ciudadanos no viajaran a la provincia. Malaui, país vecino, se declaró en alerta.

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