Grupo de trabajo de mujeres protestan en junio de 2018 en Kampala, Uganda. Foto de Katumba Badru, utilizada con permiso.

El 1 de julio, Uganda implementó un nuevo impuesto diario sobre el uso de redes sociales y plataformas de mensajería, por tratarse –según el presidente Museveni– de «bienes de lujo».

Sin duda, este impuesto ampliará la división digital para los ugandeses con menos recursos. No obstante, el resultado puede ser peor para las mujeres, que ya enfrentan a fuertes barreras al acceder y utilizar internet.

Según una tabla de resultados de la Fundación World Wide Web, en Uganda, el coste de 1GB supone el 22 % de los ingresos promedios mensuales. Los países con internet caro, como Uganda y Mozambique, son los que tienen el menor número de mujeres en línea. En términos regionales, solo una de cada nueve mujeres en África tiene acceso a internet. Solo un 37 % de las mujeres encuestadas en diez ciudades seleccionadas del mundo, incluida Kampala, utilizan internet, comparado con el 59 % de hombres.

La investigación llevada a cabo por la red Mujeres de Uganda y la Fundación Web indica que, como resultado de pobreza feminizada, muchas ugandesas que dependen de la agricultura de subsistencia no pueden pagar un teléfono inteligente o paquetes de datos. Las que sí pueden pagar dispositivos móviles y servicios suelen enfrentarse a barreras lingüísticas y de baja alfabetización.

La cultura y la sociedad también juegan un papel en la brecha digital de género. En la sociedad ugandesa hay normas arraigadas de pensamiento negativo hacia la participación y el compromiso de la mujer en espacios públicos. Esto se extiende a espacios como cafeterías y telecentros, donde suele haber acceso a internet. Los patrones de desigualdad de género, tal como se refleja en la participación política y representación en estructuras de tomas de decisiones; las diferencias en las oportunidades económicas, el acceso a la educación (y por tanto, en alfabetización) y la división del mercado laboral en la economía contribuyen a la brecha digital de género.

Aún así, algunas ugandesas sí acceden a internet. La revolución digital dio a las mujeres de Uganda una voz en línea para participar políticamente, decir la verdad al poder, desmantelar el patriarcado, buscar consejo de sus amistades, acceder a la información, conectarse con clientes, promocionar sus productos, iniciar organizaciones benéficas, formar grupos de apoyo psicológico, coordinar grupos de ahorro, organizar la supervisión de niños en barrios cuando están fuera, entre muchos otros objetivos. El presidente Museveni omite cuando dice que las redes sociales son para los chismes. Pero si así fuera, la comunicación es una necesidad básica humana.

El impuesto también ignora una falta crítica de alfabetización digital, sobre todo entre los ugandeses más pobres. Cuando entrevisté a mujeres de Bwaise, un suburbio de Kampala, me enteré de que para ellas, WhatsApp y Facebook son internet. Son las únicas plataformas que saben utilizar. Por tanto, con el nuevo impuesto, tampoco las podrán usar.

Ojalá el Gobierno de Uganda de adhiriera a la resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de 2016 sobre la promoción, protección y disfrute de los derechos humanos eniInternet. Así sabrían que internet debería ser abierto. El artículo 6 busca «superar la brecha digital de género y fomentar el uso de la tecnología instrumental, especialmente la de la información y comunicación, para promocionar el empoderamiento de mujeres y niñas». Y el artículo 10 condena «medidas para evitar o interrumpir intencionalmente el acceso o la difusión de información en línea, lo que viola la ley internacional en derechos humanos, y pide a todos los estados que detengan y cesen tales medidas».

Museveni defiende que las redes sociales son un artículo de lujo y que la gente tiene la opción de utilizarlas o no. Duele oírlo decir esos. Estamos en 2018. Mientras el resto del mundo avanza hacia la inteligencia artificial, la innovación del Internet de las Cosas y el acceso gratuito en lugares públicos, Uganda va en dirección contraria.

Si los parlamentarios, los muchos consejeros del presidente y el ministro de TIC escucharan un momento el clamor del pueblo ugandés –que ha sido alto y claro desde que el impuesto entrara en vigor el 1 de julio– derogarian el impuesto.