[1]Laboratorio de cómputo en la Universidad de Ghana. Foto de SandisterTei (Creative Commons BY-SA 3.0).
Ciudadanos y defensores políticos ghaneses denunciaron judicialmente a su Gobierno por sus planes de implementar la llamada «Plataforma Común», sistema técnico que permitiría a los reguladores vigilar los ingresos acumulados por las empresas de telecomunicaciones que operan en el país.
Los denunciantes dicen que el sistema vigilará más que solamente los ingresos, y advierten que permitirá que el Gobierno fisgonee llamadas y mensajes.
Los funcionarios dicen que quieren implementar el sistema con la finalidad de vigilar a las empresas de telecomunicaciones en Ghana y aseguran que están pagando la cantidad correcta de tributos. La plataforma es propiedad de Kelni GVG, empresa que también la administra.
En julio, los denunciantes Sara Asafu-Adjaye y Maximus Ametorgoh apelaron a la Corte de Derechos Humanos [2] en la capital, Accra, para escuchar su caso. Sostienen que el sistema invadiría derechos fundamentales a la privacidad. Los denunciantes trabajan en los sectores de tecnología y diseño.
Exhortaron a la corte que «evite que el Ministerio de Comunicaciones y otros denunciados permita que un tercero, Kelni GVG, tenga acceso a sus datos privados».
En caso de implementarse, la Plataforma Común será operada por Kelni GVG, según contrato suscrito con el Gobierno.
La empresa tendrá la capacidad de conectar con sistemas de comunicación de empresas de telecomunicaciones y acceder a sus patrones de ingresos, en lo que parece ser una iniciativa para aumentar los ingresos tributarios del sector de telecomunicaciones e internet.
Cuando el tercero se conecte al nodo del sistema de vigilancia a la red de las empresas de telecomunicaciones, tendrá acceso a los ingresos acumulados y a todos los datos de los suscriptores, incluido el contenido de llamadas de voz y mensajes de texto.
En junio de 2018, la Cámara Ghanesa de Telecomunicaciones corroboró la afirmación de los denunciantes, y explicó que la Plataforma Común [3] «tiene la capacidad de grabar, supervisar o intervenir, activa o pasivamente, el contenido de cualquier tráfico de comunicación electrónica entrante o saliente, como voz».
Muchos grupos se han expresado contra el plan, como Occupy Ghana [4] y el Centro para Política y Educación IMANI, que planteó preocupaciones [5] sobre las dimensiones de la privacidad del plan, y los intereses de negocios de actores gubernamentales y corporativos, que se beneficiarán del contrato de Kelni GVG. El parlamentario Ras Mubarak también ha amenazado con demandar [6] al Gobierno y a empresas de telecomunicaciones si el acuerdo de concreta.
El 10 de julio de 2018, ante la Corte Suprema, Asafu-Adjaye y Ametorgoh sostuvo [2] que la «pretendida conexión a la Plataforma Común es una infracción a la ley 864 y, finalmente, al derecho humano fundamental de los denunciantes a la privacidadd de su correspondencia y comunicaciones, protegido por el artículo 18 (2) de la Constitución tion de 1992″.
En apoyo de este argumento, Don Derrick respondió [7] a la publicación de Ametorgoh en Facebook [8]:
This is good. We all need to be concern about privacy. if they want access to revenue, they can get that with an API [Application Programming Interface] but if they want full access to data, communications, financials and logs, that is a very nasty move. I am with you Maximus. Keep up with the Good work.
Esto es bueno. Deberemos preocuparnos por la privacidad. Si quieren acceso a los ingresos, podrán tenerlo con un API [interfaz de programación de aplicaciones], pero si quieren acceso total a datos, comunicaciones, finanzas y registros, es una medida muy fastidiosa. Estoy de acuerdo contigo, Maximus. Sigue con el buen trabajo.
En Facebook [9], Gyebiba Ebony planteó [10] la pregunta de qué constituye la infracción a la privacidad con la Plataforma Común y la comparó con una infracción de privacidad de algunas plataformas de medios sociales.
En respuesta [11], Ametorgoh explicó que la Plataforma Común se conectará con «todos los nodos de la red, en vez de solamente el nodo del sistema de facturación»:
They can intercept the content of the communication. The system is not supposed to have the capability to intercept or access the content.
[In contrast,] You decide what you post on social media. It’s called “social” media. If you share private content here, that’s up to you. You can’t even share some kinds of images here.
Pueden interceptar el contenido de la comunicación. El sistema no debería tener la posibilidad de interceptar o acceder al contenido.
[En contraste,] tú decides qué publicas en medios sociales. Se llaman medios “sociales”. Si publicas contenido privado ahí, depende de ti. Hasta puedes publicar algunas imágenes.
Pero la Corte de Derechos Humanos en Accra, Ghana, desestimó [12] la petición planteada por Asafu-Adjaye y Ametorgoh.
En la resolución, la corte indicó [12] que los denunciantes no ofrecieron evidencia real que respaldara sus afirmaciones de infracción de privacidad de implementarse la Plataforma Común y que sus argumentos se basaban solamente en sentir y debates públicos.
Franklin Cudjoe, director ejecutivo de IMANI y gran partidario de la petición de Asafu-Adjaye y Ametorgoh, indicó [13] que las empresas de telecomunicaciones reconocieran que la Plataforma Común, una vez implementada, tendría la tendencia a infringir la privacidad del cliente y que la corte ignoró esta evidencia en su resolución.
El parlamentario Emmanuel Kyeremanteng Agyarko [14] sostuvo que la tendencia de que una plataforma cause una infracción de privacidad no significa, necesariamente, una infracción de privacidad.
Probablemente, la Plataforma Común se implementará independientemente de la audiencia final, porque la corte indicó que [12] el Estado podría verse afectado por daños irreparables si se concedía un mandamiento judicial.
La denuncia presentada por Asafu-Adjaye y Ametorgoh fue desestimada el 10 de julio de 2018. Pero se puede esperar que continúe la oposición de la sociedad civil y hasta de algunos legisladores.