La política de separar a los niños de sus padres en las fronteras de Estados Unidos llevada a cabo por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha suscitado indignación y rechazo en los últimos meses. Sin embargo, se ha prestado poca atención a la manera en que el ICE opera dentro de las fronteras del país. En julio de 2018, el ICE llevó a cabo una de las mayores redadas en muchos años, y detuvo a más de 140 personas en el estado de Ohio. El gobierno de Trump ha querido justificar estas prácticas agresivas con el argumento de que harán las ciudad más seguras, aunque lo contrario podría ser cierto. En pocas palabras, la forma de actuación de las autoridades migratorias destruyendo el tejido social de las comunidades en Estados Unidos.
Quienes defienden la inmigración han expresdado preocupación por el ICE y su historial de abusos, la militarización de sus operaciones y su propensión a identificarse como policías. En este año, siete inmigrantes han muerto bajo custodia del ICE, y ha salido a la luz que un factor primordial sería la falta de atención médica. La actitud indiferente con la que el ICE lleva a cabo sus operaciones debería preocupar a todos, especialmente si se considera que la agencia ha detenido o deportado negligentemente a más de 20 000 ciudadanos estadounidenses desde 2003.
El terror que las redadas del ICE siembran en la comunidades nos afecta a todos. En las comunidades de inmigrantes, este miedo suele producir reticencias a llamar a la policía, a cooperar con las autoridades o a presentarse ante los tribunales, y los efectos empiezan a mostrarse. En 2017, las denuncias por delitos sexuales cayeron un 25 % entre los latinos, y las denuncias por violencia doméstica se redujeron en un 10 %. En Denver, Colorado, los fiscales informaron que las víctimas de violencia doméstica se niegan a testificar por temor a ser detenidas por el ICE en los juzgados.
La amenaza a nuestra seguridad colectiva se extiende a la salud pública también. El miedo generalizado ha llevado a los inmigrantes a rechazar la asistencia de salud para ellos y hasta para sus hijos con ciudadanía estadounidense, lo que pone a todos en mayor riesgo. La violencia de la agencia también tiene efectos directos y tangibles. Un estudio de 2017 de la Universidad de Michigan documentó las consecuencias en la salud después de una redada en 2008 en Iowa. El estudio concluyó que las mujeres latinas, incluidas las ciudadanas estadounidenses, tenían más posibilidades de dar a luz a bebés prematuros o con peso inferior al normal tras la redada.
Si bien los efectos inmediatos sobre la salud y la seguridad han quedado documentados, tomará décadas comprender los efectos a largo plazo. Esto incluye el gran trauma infligido a los niños separados de sus padres que están bajo custodia, y los devastadores efectos de interrumpir su educación a causa redadas. Al día siguiente de las redadas en el este de Tennessee este año, más de 500 niños no asistieron a clases.
El temor e inestabilidad que acompañan a estas redadas han forzado a las autoridades escolares a asumir un papel que se ha vuelto muy común para profesores, profesionales de la salud y trabajadores sociales, que tratan de ofrecer orientación y consuelo en un momento de enorme incertidumbre. Una encuesta entre 5 400 docentes, directores y consejeros escolares, llevada a cabo por The Civil Rights Project de UCLA [Universidad de California-Los Ángeles] descubrió que el 68 % de los administradores de escuelas citó el ausentismo entre los estudiantes inmigrantes como un problema, y el 70 % de los directores y consejeros escolares mencionaron el descenso del rendimiento académico entre los estudiantes inmigrantes.
Estas consecuencias colaterales se mencionan pocas veces en el debate sobre la inmigración y su aplicación, pero sirven para destacar el costo humano que se paga colectivamente. Estados Unidos detiene a más inmigrantes que cualquier otro país del mundo, y la expansión del presupuesto del ICE y el aumento de las políticas de detención corren el riesgo de cambiar la forma al carácter de nuestro país.
Las pruebas que documentan el efecto destructivo de la actuación del ICE brindan una perspectiva clara del costo devastador que nuestra sociedad debe pagar por estas políticas. Debemos unirnos para proteger nuestras comunidades y reclamar que se ponga fin a las políticas que separan a nuestras familias y destruyen el tejido social de nuestras comunidades.
Una versión de este artículo se publicó originalmente en Common Dreams.