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Tayikistán libera a informante, pero su condena sigue en pie

Khayrullo Mirsaidov. Imagen de Antuan Veselov, ampliamente difundida.

Un tribunal en Tayikistán cedió ante la creciente presión internacional, y liberó al periodista informante que había sido condenado a 12 años en prisión.

En el sorpresivo fallo del 22 de agosto, el tribunal regional de Sughd ordenó que se pusiera a Khairullo Mirsaidov en libertad, aunque la condena por los delitos de malversación de fondos, falsificación de documentos y prestar falso testimonio permanece vigente.

El abogado de Mirsaidov, Bakhtiyor Nasrulloyev, informó a la agencia de noticias Asia-Plus que su cliente todavía debe pagar 80 000 somonis (USD 8 500) en multas, realizar servicio comunitario y pagar un quinto de su sueldo al Estado durante dos años.

Este gesto de clemencia –acción casi insólita en un sistema de justicia que casi nunca se presta para retractarse en casos intensamente politizados– parece haber sido, en parte, un reconocimiento de la atención internacional que obtuvo el drama de Mirsaidov. La etiqueta #FreeKhayrullo (liberen a Khayrullo) obtuvo una popularidad considerable en medios sociales y hasta el embajador británico en Tayikistán la utilizó.

La historia empezó con un enfrentamiento entre Mirsaidov y unos funcionarios bien posicionados de la región de Sughd. En noviembre de 2017, el periodista, quien dirige también una popular compañía de comedia interactiva, publicó una carta pública dirigida al presidente Emomali Rahmon en la que detalló la disputa y las acusaciones de corrupción.

No obstante, el 5 de diciembre, fue Mirsaidov quien resultó arrestado. Pese a que no representaba ninguna amenaza inmediata al público, lo pusieron bajo custodia y permaneció así hasta ahora.

Sus seguidores afirmaron que todos los cargos fueron inventados e infundados.

La respuesta de parte de los activistas de derechos por la libertad de Mirsaidov fue variadas. A pesar de que sienten alegría al saber que no permanecerá en prisión, el hecho de que la condena se mantenga fue recibida con desconcierto.

Cabe destacar que,a aparentemente, fue la atención pública lo que hizo que Mirsaidov obtuviera su libertad. Antes de recibir su condena en el mes de julio, la comunidad diplomática internacional permaneció sin pronunciarse al respecto. Los diplomáticos occidentales en Asia Central suelen argumentar que las negociaciones privadas son más efectivas que ejercer presión de manera pública, sin embargo, los 12 años en prisión parecen haberlos sacado de su estado de autocomplacencia.

Inmediatamente después de la emisión del fallo, las embajadas de Reino Unido, Alemania, Francia, Estados Unidos y la delegación de la Unión Europea en Tayikistán publicaron una declaración conjunta para condenar lo que denominaron como un castigo “extremadamente cruel” que estaba fuera de proporción con los cargos. De forma amenazante para Dusambé, las embajadas insinuaron que podría haber consecuencias en el mundo real.

“Nos inquieta que esta condena vaya a comprometer nuestra lucha conjunta por una buena gobernabilidad y, por consiguiente, ensombrezca nuestra cooperación”, afirmaron en la declaración.

Las autoridades tayikas evidentemente no esperaban ese desborde de indignación, por lo que su primera reacción fue estar a la defensiva. Duplicaron la represión en los medios con amenazas a los periodistas que pensaban brindar información del caso.

“La discusión y crítica del veredicto de parte de los medios de comunicación masiva se puede considerar como obstrucción de la justicia y es una violación de la ética periodística”, afirmó la Fiscalía General en una declaración.

De manera similar, otras campañas recientes en los medios sociales tuvieron resultados inesperados.

Cuando al nieto de Muiddin Kabiri, exiliado líder del prohibido Partido de Renacimiento Islámico de Tayikistán, o IRPT, le negaron el permiso para salir del país para obtener tratamiento urgente de cáncer, se generó una indignación considerable. El niño de cuatro está gravemente enfermo, y la restricción de viaje parecía una represalia de parte del Gobierno contra Kabiri. Hubo muchas solicitudes en línea antes de que a Hamza Tillozoda le otorgaran un pasaporte que le permitiera salir de Dusambé.

En un hecho similar ocurrido el 7 de agosto, a la hija de 10 años de Shabnam Khudoydodova, activista opositora exiliada, la retiraron cuando se disponía a visitar a su madre en Polonia. La prohibición fue rápidamente catalogada como un cruel acto de represalia con motivación política contra Khudoydodova. Sin embargo, como señal de cambio de postura, a la niña le permitieron salir del país unos días después.

Es difícil comprender si algunos de estos acontecimientos indican que el Gobierno intenta moderar su comportamiento cada vez más severo e indiscriminado hacia todos los disidentes. La verdadera prueba se dará con los casos de la dirigencia de IRPT que se encuentra en prisión, a quienes se arrestó tras ser acusados de participar en un plan de golpe de Estado probablemente inexistente en septiembre de 2015. Incluso es más lamentable el destino de Buzurgmehr Yorov, abogado condenado a largos periodos en prisión, por delitos que la mayoría reconoce como falsos, en represalia por estar dispuesto a representar a IRPT en el tribunal.

Rumores sin confirmar indican que el Gobierno está considerando otorgar clemencia a más de una docena de prisioneros del consejo directivo de IRPT a cambio de que se comprometan a denunciar públicamente a su líder autoexiliado, Kabiri. Los mismos rumores sugieren que los prisioneros declinaron ese trato.

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