Imagen de la bandera de Trinidad y Tobago, de dominio público. Hojas de cannabis de Oren neu dag (CC BY-SA 3.0), vía Wikimedia Commons. Imágenes mezcladas por Georgia Popplewell.
Por parte de Nazma Muller
La prohibición del cannabis (o marihuana, como se conoce comúnmente a la forma seca de la planta) fue introducida en Trinidad y Tobago y el resto de naciones caribeñas angloparlantes durante la era colonial por el gobierno colonial británico [1]. Se ratificó con la firma de la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, tratado internacional que prohíbe la producción y el abastecimiento de algunas drogas (denominadas narcóticos) y de otras con efectos similares excepto las prescritas con objetivos específicos, como el tratamiento y la investigación médica.
Ahora que Trinidad y Tobago celebra 56 años de su independencia [2], se sigue usando esta convención y todos sus derivados, incluido el hecho de que la Organización Mundial de la Salud haya clasificado al cannabis como droga de tipo I, como obstáculos para cualquier reforma legal de la ley sobre estupefacientes. Todo esto ocurre a pesar de que el mercado ilegal causa estragos en el país, provoca la muerte de cientos de personas y corrompe las fuerzas policiales, la guardia costera, las fuerzas armadas y oficiales de aduanas con sobornos y lucrativos pagos. Mientras cientos de personas mueren de cáncer relacionado con nuestro estilo de vida industrial y consumista, arrestan y encierran a miles por poseer cannabis, un sistema judicial corrupto y sobrecargado colapsa.
Para Trinidad y Tobago, que actualmente enfrenta el cierre repentino [3] de una importante refinería de petróleo en Petrotrin, es momento de volver a la realidad, que se preveía desde hace tiempo. Los ciudadanos están acostumbrados a llorar sobre miles de millones derramados, aunque no queda mucho en la Tesorería, y vamos a tener que pensar rápido mientras nos volvemos «independientes» a la fuerza del cojín de petróleo y gas sobre el que hemos flotado durante los últimos cien años.
Durante décadas, los economistas han presionado al Gobierno para diversificar la economía. Bueno, ahora no tienen elección. Y la opción evidente sería el cannabis. Es decir, si Canadá siente que necesita legalizar el cannabis recreativo, ¿quiénes somos en esta pequeña isla tropical para despreciar el oro verde?
Durante el período previo a las últimas elecciones generales de 2015, tanto el actual primer ministro de Trinidad y Tobago, el doctor Keith Rowley, como su predecesora, Kamla Persad-Bissessar, respondieron a preguntas sobre la despenalización del cannabis con que cederían a la institución regional, la Comunidad del Caribe (CARICOM [4]), que estableció la Comisión Regional de Marihuana [5] en 2014.
Los miembros de la comisión, encabezada por la profesora Rose-Marie Belle Antoine [6], decana de la Facultad de Derecho del campus de Trinidad de la Universidad de las Indias Occidentales, se hallan entre los expertos más distinguidos en sus respectivas disciplinas. El vicepresidente es el profesor Wendell Abel, jefe de psiquiatría en el Hospital Universitario de las Indias Occidentales y director de psiquiatría en la Facultad de Ciencias Médicas –campus de Jamaica– de las Indias Occidentales. El profesor Abel ha trabajado en el campo de la salud mental durante muchos años en Jamaica y en el resto del Caribe y posee una maestría en Salud Pública por la Universidad de Johns Hopkins, entre otras calificaciones. Ha publicado varios capítulos de libros evaluados por expertos, informes técnicos y artículos de prensa sobre salud mental y temas de política sanitaria, como el suicidio, la depresión y los servicios comunitarios de salud mental. Ha estado al frente de la investigación empírica líder en el Caribe sobre efectos del cannabis en la salud mental. Otra comisionada es Esther Best, gerenta del Consejo Nacional sobre Estupefacientes de Trinidad y de la política y estrategia general sobre estupefacientes en el país. Ha representado al país y a la región en numerosos e importantes foros internacionales sobre reformas y políticas sobre estupefacientes.
La Comisión Regional publicó su informe final [7] el 3 de agosto. «En definitiva, tras evaluar los datos científicos y los testimonios del público, la comisión considera que los beneficios médicos demostrados del cannabis/marihuana en diversas áreas superan los riesgos», dice el informe. El informe, titulado «Esperando para exhalar – salvando nuestro futuro mediante una política social y legal responsable sobre marihuana»:
“This finding is consistent with those of numerous other national bodies/ Commissions in the region and globally and that of international bodies, the most influential of which have labelled the current legal regime ‘redundant’ and ‘obstructionist’. . . . The scientific data supports law reform to permit the use of marijuana, but in a controlled regulatory environment. A public health, rights-based, non-prohibitionist approach focused on high‐risk users and practices – similar to the approach favoured with alcohol and tobacco – allows for more control over the risk factors associated with cannabis‐related harms than the current, ineffective prohibition, which heightens health risks and induces social harms.”
Este hallazgo es consistente con los de numerosas comisiones nacionales de la región y del mundo y con las internacionales. Las más influyentes han calificado al actual régimen legal de «redundante» y «obstruccionista»… Los datos científicos apoyan la reforma jurídica para permitir el uso de la marihuana, aunque en un ambiente regulador controlado. Una salud pública, basada en los derechos, un enfoque no prohibicionista sobre usuarios y prácticas de alto riesgo –similar al enfoque del alcohol y el tabaco– permite un mayor control de los factores de riesgo asociados con los perjuicios del cannabis en comparación con la actual prohibición inefectiva, que eleva los riesgos de salud y provoca perjuicios sociales.
El informe recomienda tres opciones posibles para los Gobiernos individuales al aplicar sus conclusiones: despenalizar, legalizar con producción estatal o legalizar con producción del sector privado y supervisión del Estado.
El Gobierno de Trinidad y Tobago está bien preparado para aprovechar la inmensa capacidad técnica y de infraestructura de su producción de petróleo y gas para convertirse en líder y país clave en una industria del cannabis y de la marihuana a nivel de CARICOM. Tenemos en CARICOM todas las condiciones y experiencia necesarias para la colaboración técnica y el cultivo de un volumen suficiente de cannabis y marihuana. Y algo único en esta región es que tiene religión y movimiento social autóctonos y casi centenarios –rastafari [8]–, en que la marihuana juega un papel clave, actividad por la que los adeptos han pagado injustamente un precio. Una industria del cannabis desarrollada podría satisfacer las necesidades médicas de la población, crear productos de valor para vender en la región (nutracéuticos, papel de cannabis, etc.), crear trabajos y aumentar el nivel de vida de la clase trabajadora y de los marginados de la región. Se trataría de un movimiento verdaderamente independiente.
Nazma Muller es trinitense e integrante del movimiento Rastafari. Es líder del Colectivo Caribeño por la Justicia, que defiende una justicia medioambiental y social para toda la región.