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Gobiernos del sur de Asia siguen bloqueando internet — y dejan a los usuarios a oscuras

Cuando los estudiantes de Bangladesh protestaron para exigir mejoras en la seguridad vial, las conexiones de internet móvil quedaron cortadas. Imagen de Asive Chowdhury vía Wikimedia Commons. CC: BY-SA 4.0.

Este artículo se publica como parte de una asociación editorial de Global Voices y Ranking Digital Rights.

Cuando los estudiantes de Dacca, Bangladesh, protestaron públicamente para exigir mejoras viales después de que un bus atropelló a dos estudiantes el 29 de julio, las conexiones de internet móvil quedaron interrumpidas.

Cuando las protestas se tornaron violentas el 3 de agosto, después de que rumores y violación y secuestros desencadenaron enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, las autoridades recurrieron a bloquear las redes 3G y 4G en Dacca y sus alrededores.

Los medios locales informaron que la Comisión Regulatoria de las Telecomunicaciones ordenó a los proveedores de servicio que redujeran la señal de la red de telefonía móvil durante 24 horas para que solamente funcionaran las redes 2G.

Las medidas hicieron que fuera imposible difundir multimedia y video en vivo, que muchos manifestantes usaban con la intención de mostrar en tiempo real lo que realmente estaba ocurriendo en las calles para desmentir falsas declaraciones. Los operadores de telecomunicaciones en Bangladesh no dieron ninguna explicación a los suscriptores del corte del servicio.

Estas medidas no se dieron solamente en Bangladesh. Representan una parte de una creciente tendencia en el sur de Asia, donde el acceso a redes o plataformas se restringe o bloquea totalmente cuando surgen protestas o violencia, y se deja al público saber lo que está ocurriendo, con poca o nada de información sobre las causas de esos bloqueos.

¿Fallo técnico o cierre estratégico?

En 2018, las autoridades de Sri Lanka bloquearon internet en el distrito de Kandy en respuesta a actos de violencia sectaria. El Gobierno, que también ordenó a los operadores de telecomunicaciones que bloquearan Facebook, Viber y WhatsApp en todo el país, culparon a los medios sociales de difundir discurso de odio y llamados a la violencia.

Aunque los proveedores de servicio alertaron a los usuarios antes de los bloqueos, “no hubo indicación de la razón en la notificación formal”, contó a Global Voices Amalini De Sayrah, editora de GroundViews, galardonado grupo de medios de Colombo. GroundViews contactó a la Comisión Regulatoria de las Telecomunicaciones para pedir más información, pero “hubo confusión o poca disposición a divulgar más”, según De Sayrah. “Nos dijeron [que el bloqueo] terminaría en algunas horas, pero duró varios días”.

La falta de una transparencia corporativa es también un problema en India, donde el Centro de Derecho de Software Libre documentó 106 bloqueos en el país hasta septiembre de 2018.

En India, a los usuarios “casi no” se les informa sobre estos bloqueos antes de que se lleven a cabo, y “se les deja sin saber si es un fallo técnico o un bloqueo”, dijo a Global Voices Mishi Choudhary, director legal del Centro de Derecho de Software Libre en un artículo anterior.

“A la transparencia en la relación operador-usuario le falta recorrer un camino largo en el sur de Asia”, dijo Subhashish Panigrahi, autor de Global Voices y cofundador de O Foundation (OFDN), organización sin fines de lucro que trabaja para preservar lenguas y culturas surepresentadas a través de la tecnología digital. “India había bloqueado hasta 23 030 sitios web en 2017. Hay casos en que los operatores cuentan sobre los bloqueos y hay muchos [otros] en que los usuarios son sorprendidos”.

‘Los operadores les deben transparencia a sus usuarios’

Las empresas de telecomunicaciones enfrentan cada vez más obligaciones en este rubro, de todas partes. Las empresas que no hacen caso de las órdenes se arriesgan a perder sus licencias. Aunque las empresas no suelen tener mucha más opción que seguir estas órdenes, eso no las debería absolver de responsabilidad hacia los derechos humanos de sus usuarios.

En ambientes jurídicamente complicados, las empresas deben al menos notificar a sus usuarios cuando vayan a ocurrir bloqueos, nombrar a las autoridades que ordenaron el bloqueo y especificar la duración, según manifestaron los activistas a Global Voices.

De Sayrah dijo que le gustaría que los operadores publicaran alertas sobre los bloqueos que están a punto de ocurrir, y que también incluyeran información de quién y cuándo solicitó el bloqueo y cuánto durará la restricción.

“Así, las empresas rinden cuenta a los usuarios y hacen su parte, que es un avance con relación al Gobierno”, agergó.

Panigrahi expresó que las organizaciones del sector, como la Asociación de Proveedores de Servicio de Internet de India (ISPAI), que representa a 60 operadores, podría abordar el asunto con un registro público de los actuales bloqueos. Aunque hay grupos de la sociedad civil y activistas que documentan las restricciones, los “proveedores de servicio de internet tienen un mayor alcance, y más directo a los usuarios, y siempre pueden informar a los usuarios de los bloqueos”. Agregó que los activistas y grupos de la sociedad civil “a veces pueden poner en riesgo su propia seguridad” en sus esfuerzos por documentar casos de cierres.

La transparencia por parte de las empresas de telecomunicaciones pueden ayudar a los grupos de medios que tienen un rol clave en momentos de crisis a verificar información y brindar cobertura de medios adecuada. Durante los bloqueos de marzo en Sri Lanka, para GroundViews fue difícil obtener información sobre la situación en Kandy, según declaró a Global Voices la editora Raisa Wickrematunge.

“Dar justificación e idealmente la probable duración de un bloqueo o cierre puede ayudar a evaluar qué estrategia usar para seguir informando”, agregó.

Mapa de bloqueo de internet en India, enero de 2010 – marzo de 2017. Creador por el Centrio para Gobernabilidad en las Comunicaciones (CC BY).

La transparencia corporativa también puede ayudar a los activistas de derechos digitales y grupos de defensoría a entender el entorno, impacto y legalidad de los bloqueos.

Datos como la pérdida de ingresos que han tenido las empresas de telecomunicaciones, el impacto en el comercio eletrónico, son razones que da el Estado, y los términos de licencia podrían ser útiles para los grupos de defensoría, dijo Choudhary.

“Es importante tener un registro de cuánto tiempo persisten esos bloqueos, y cuándo y por qué comenzaron, para ayudar a los defensores de derechos digitales a prepararse para posible represión futura”, dijo Wickrematunge. Agregó que la transparencia puede ser útil cuando se participa con el Gobierno para “tratar de evitar que estos cierres ocurran arbitrariamente”.

A pesar del clamor de grupos de la sociedad civil y de una resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de condena a las “medidas para impedir o interumpir intencionalmente el acceso o la difusión de información en línea”, es poco probable que los Gobiernos del sur de Asia dejen de ordenar bloqueos pronto.

Se informa que el Gobierno indio, que ha estado culpando a WhatsApp y otras aplicaciones de mensajería y medios sociales por un aumento en los linchamientos, ha exhortado a los operadores de telecomunicaciones a “explorar diversas posibles opciones” para bloquear esas aplicaciones para “proteger la seguridad nacional”.

En Sri Lanka, los activistas temen que los bloqueos de Kandy no sean los últimos. “Creo que los incidentes de marzo han sentado un precedente para bloqueos similares en el futuro, sobre todo en medios sociales”, dijo Wickrematunge.

Tras los recientes bloqueos de redes 3G y 4G en Bangladesh, el ministro de Tecnologías de la Información y la Comunicación dijo que el acceso a Facebook y redes podía volver a quedar restringido por “seguridad del Estado y su pueblo”.

Ante la falta de transparencia gubernamental, la transparencia corporativa puede ayudar a los usuarios y a los grupos de derechos digitales a prepararse para combatir los bloqueos cuando están a punto de ocurrir, hacer rendir cuentas a los responsables y dar a conocer los impactos negativos.

“Los operadores les deben completa transparencia a sus usuarios, pues los consumidores les pagan, y también en aras de la rendición de cuentas”, expresó De Sayrah.

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