Marcha del Grupo de Trabajo de Mujeres en Kampala, Uganda, junio de 2018. Foto de Katumba Badru, utilizada con autorización.
El Netizen Report de Advox ofrece una instantánea internacional de los problemas, victorias y nuevas tendencias en materia de derechos de internet en todo el mundo.
Siguiendo al «impuesto a los blogueros» de Tanzania [1] y el reciente impuesto a los medios sociales de Uganda [2], el Gobierno de Zambia [3] aprobó, a mediados de agosto, un impuesto similar para los usuarios de medios sociales y plataformas de comunicación vía internet como WhatsApp, Facebook, Viber y otras.
El Gobierno de Benin [4] también aprobó una enmienda similar a la ley impositiva que apunta a la mensajería y las llamadas de celulares para agregar un impuesto adicional al uso de aplicaciones de mensajería por internet.
El interés en estas aplicaciones plantea las antiguas discrepancias que tienen muchos Gobiernos con las aplicaciones de comunicación por internet como WhatsApp, que son gratuitas para cualquiera con acceso a internet. Durante mucho tiempo, los funcionarios gubernamentales manifestaron su preocupación [5] por la pérdida de ganancias de las operadoras de telecomunicaciones nacionales que, anteriormente, eran los principales proveedores (y beneficiarios económicos) de estos servicios.
Sin embargo, a esta altura del desarrollo del sector de telecomunicaciones en gran parte de África Subsahariana, las herramientas como WhatsApp y Messenger de Facebook son plataformas esenciales para que las comunidades distribuyan información, noticias y alertas públicas durante las emergencias. Encarecerlas reduciría drásticamente la posibilidad de los ciudadanos de comunicarse.
Zambia aprobó el nuevo impuesto pese a la oposición de varios sectores, como la Cámara de Comercio e Industria del país, que anticipó que el impuesto [6] crearía importantes restricciones a los negocios.
El capítulo de Zambia del Instituto de Medios de Comunicación de África Meridional publicó una declaración de preocupación [7] frente al problema, en colaboración con el colectivo nacional Blogueros de Zambia. Según expresan:
This is a form of double and punitive taxation and taxing individual users in lieu of the social media companies that actually make money. We are concerned about this proposal because it falls within a pattern of government clampdown on online expression as we have noted of late.
[…]
Why should we make this expensive in the midst of already over-taxed residents, coupled with high poverty levels?
Es una forma doble de impuesto castigo e imposición de un gravamen a los usuarios en vez de a las empresas de redes sociales, que son las que ganan dinero. Nos preocupa esta propuesta porque cae dentro de un patrón de restricción gubernamental de la expresión en línea que hemos venido observando últimamente.
[…]
¿Por qué hacerlo más costoso para los ciudadanos ya agobiados de impuestos, y además con niveles de pobreza tan altos?
Quartz Africa [3] también señaló que cayó el uso de internet móvil en Zambia, de 6,1 millones a 5,2 millones de usuarios en 2017, y sugirió que el costo de conexión se ha encarecido demasiado. Con la aplicación de este nuevo impuesto, las cifras caerían aún más.
Ejército de Myanmar se instala en VKontakte de Rusia
Luego de que Facebook bloqueó [8] un total de 18 cuentas y 52 páginas vinculadas al Ejército de Myanmar a fines de agosto como respuesta a los hallazgos de Naciones Unidas sobre las actividades del Ejército para promover la violencia étnica contra los pueblos rohingya, el despacho del jefe del Ejército de Myanmar se apuró en crear una nueva cuenta [9] en la red social rusa VKontakte (VK), seguido por otros tantos funcionarios militares.
Desde el 14 de septiembre, la cuenta reunió 37 000 seguidores. Solo el tiempo dirá si esta transición permitirá al Ejército reconstruir su presencia en línea a través de VK. Al igual que Facebook, la plataforma prohíbe el contenido [10] que “promueva y/o contribuya al odio u hostilidad racial, religiosa y étnica, y haga propaganda del fascismo o la superioridad racial”.
Arrestan a mujeres chinas por advertir a sus amigos sobre el riesgo sanitario vinculado a las inundaciones
El 25 de agosto de 2018, dos usuarias de WeChat de la provincia china de Shandong fueron arrestadas por difundir “rumores” sobre la propagación de enfermedades del ganado, causadas por un nivel sin precedentes de inundaciones en la región. Ambas usuarias habían publicado mensajes para advertir a sus amigos y familiares que tomaran precauciones contra la enfermedad, que se ha extendido desde el tifón Rumbia [11] debido a las inundaciones. En China, cualquier información [12] que no venga de los canales oficiales del Gobierno puede considerarse un rumor.
Reportero gráfico egipcio Mahmoud Shawkan saldrá de prisión
El reportero gráfico Mahmoud Shawkan [13], sentenciado en 2013 a cinco años de prisión por informar sobre los abusos policiales contra manifestantes [14], pronto saldrá en libertad [15]. El veredicto de Shawkan fue parte de un juicio masivo que incluía a 739 personas acusadas luego de la violenta dispersión de un campamento de protesta en apoyo al expresidente egipcio Mohamed Morsi en 2013. Durante el mismo juicio, 75 miembros y afiliados destacados de la Hermandad Musulmana fueron sentenciados a muerte [16].
Google acata los requerimientos rusos de censurar activistas
Un día antes de que se planificara una gran marcha contra un plan de reforma de pensiones muy impopular [17] en Rusia, Google informó a los organizadores [18], la Fundación contra la Corrupción, que iba a eliminar los videos de YouTube que convocaban a la marcha, por supuesta violación a las leyes electorales de Rusia. Los expertos jurídicos afirman que se trata de una interpretación cuestionable de la ley. Leonid Volkov, un exdirector de campaña de activismo opositor, y Alexey Navalny, excandidato a alcalde de Moscú, advirtieron sobre [19] el cumplimiento incondicional de los requerimientos de censura de Gobiernos represivos por parte de Google.
¿Y si la nueva directiva europea de derechos de autor da aún más poder a las empresas de tecnología?
El Parlamento Europeo aprobó [20] una Directiva de Derechos de Autor [21] que, probablemente, tendrá importantes consecuencias sobre la libertad de expresión en línea. La directiva incluye un “impuesto de enlace” que permitirá a los editores cobrar una tarifa a las grandes plataformas como Google cuando arrojen listados de enlaces a sus publicaciones o trabajos. La directiva también exigirá que las plataformas de contenido generado por el usuario como YouTube analicen la titularidad de un contenido (ya sea video, audio, texto o imagen) antes de que el usuario pueda publicar el archivo. En una crítica de The Guardian [22] a la directiva, James Ball argumentó que, en lugar de quitarle poder a las grandes plataformas de internet, estarán haciendo todo lo contrario:
…building these pre-filters will be time-consuming and expensive – meaning that they will serve to entrench existing social networks in their positions of power and make it harder for new competitors – perhaps with better business models not based on data harvesting – to appear.
… imponer estos filtros previos será muy costoso y connsumirá mucho tiempo, lo que significa que servirá para afianzar la posición de poder de las redes sociales existentes y hacer más difícil la aparición de nuevos competidores, quizá con mejores modelos de negocio que no se apoyen en la recopilación de datos.
India despenaliza las relaciones homosexuales, y eso podría favorecer los derechos de privacidad
La Corte Suprema de India resolvió por unanimidad [23] la inconstitucionalidad de la ley de 157 años de antigüedad que penalizaba las relaciones homosexuales. La decisión de la Corte podría sentar un sólido precedente para la defensa de una serie de derechos a la privacidad, especialmente en línea. En un comentario sobre el fallo, la directora del Programa por los Derechos de la Mujer de APC, Jac sm Kee, dijo [24]: «La labor para alcanzar el derecho a la privacidad y su vínculo ineludible con el derecho a la autonomía, la vida y la dignidad es un importante reconocimiento de este derecho fundamental en una era de vigilancia e intrusión digital cada vez mayor que existe sobre las vidas personales, privadas y públicas de la gente por parte de los gobiernos, las empresas y otros actores”.