Defensores de la libertad de expresión señalan que nueva ley de seguridad digital de Bangladesh está «lista para el abuso»
En febrero de 2018, varios periodistas manifestaron su oposición a la nueva ley con la etiqueta #IamASpy [Soy espía], en referencia a la disposición de la norma de acusaciones de espionaje contra quienes manejan documentos estatales clasificados como confidenciales. Captura de pantalla de Facebook.
Como sustituta de Ley de Tecnologías de la Información y la Comunicación, la nueva ley penaliza diversos tipos de mensajes virtuales, desde los difamatorios hasta los que “perjudican valores o sentimientos religiosos”. Además, autoriza largas condenas de cárcel por usar internet para agitar a la población y por «recabar, enviar o guardar» documentos gubernamentales clasificados por medio de aparatos digitales.
Se acercan las próximas elecciones generales, y algunos especulan que la ley intenta silenciar las críticas del partido gobernante y la difusión de desinformación en internet. La ley fue parte de la agenda «Bangladesh Digital» – el marco para llevar los servicios del país, el Gobierno, el sector privado y los ciudadanos al siglo XXI con tecnología.
El Consejo de Editores de Bangladesh, conformado por editores de varios canales bangladesías de noticias, considera que la ley es «contraria a la libertad garantizada por la Constitución, libertad de prensa y libertad de expresión”. La prensa internacional y grupos defensores de los derechos humanos, como Human Rights Watch, también han condenado la ley.
En respuesta a las críticas, la primera ministra Sheikh Hasina ha sugerido que los periodistas no tienen nada de qué preocuparse. “El periodismo no debe incrementar los conflictos ni debe empañar la imagen del país», declaró en el parlamento.
Secciones de interés de la ley
- La sección 21 dice que quien difunda propaganda contra la Guerra de Liberación o la noción de la guerra, o contra el Padre de la Nación a través de dispositivos digitales será condenados a hasta 14 años en la cárcel o multado a un máximo de 10 millones de takas bangladesíes (120 000 dólares), o ambas sanciones.
- La sección 25(a) autoriza condenas de hasta tres años por publicar información que sea “ofensiva y amenazadora” o que denigre la imagen de Bangladesh.
- La sección 28 permite sentencias de hasta cinco años de cárcel por decir algo que “ofenda valores y sentimientos religiosos”.
- La sección 29 autoriza hasta cumplir tres años de cárcel o multas de 500 000 taka (6250 dólares) si alguen publica información con intención de difamar a otra persona.
- La sección 31 autoriza siete años de cárcel o 500 000 takas (6250 dólares) de multa o ambas sanciones, por deteriorar el orden público con disturbios o caos, sembrar hostilidad y odio entre comunidades, además de obstaculizar la armonía colectiva.
- La sección 32 autoriza hasta 14 años de cárcel por reunir, enviar o guardar información clasificada de cualquier Gobierno por medio de ordenadores o dispositivos digitales, y lo equiparan al espionaje; todo un golpe a los derechos de los denunciantes.
La ley también reclama establecer laboratorios de análisis forense digital y una agencia de seguridad digital, además de un equipo para emergencias informáticas nacional y un consejo de seguridad digital de 11 miembros.
El Foro Derecho a la Información, coalición de 45 organizaciones en Bangladesh, también expresaron “gran preocupación» por la aprobación parlamentariade la ley de seguridad digital 2018. En un comunicado de prensa, la coalición afirma:
[The Act is] clearly inconsistent with the fundamental constitutional rights to freedom of speech and expression as per Article 39 of the Constitution and, therefore, undermines democracy and human rights, which are among the fundamental principles of state policy.
[La ley] es claramente incompatible con los derechos constitucionales fundamentales de libertad de expresión, de conformidad con la Constitución y, por tanto, socava la democracia y los derechos humanos, que están entre los principios fundamentales de la política de Estado.
Concretamente, el grupo expresó preocupación por las cláusulas de la ley que «impiden» a los ciudadanos obtener información del Gobierno. Esto contrasta con la ley del derecho a la información, aprobada en 2009 para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas del Gobierno pues permite que los ciudadanos presenten peticiones formales sobre documentos y datos gubernamentales.
La nueva legislación también incorpora elementos históricos, invoca la ley de secretos oficiales del periodo colonial. Esta tendencia también se ha visto en el vecino Myanmar, donde dos periodistas de Reuters fueron condenados a siete años de cárcel a principios de septiembre por la ley de secretos oficiales del periodo colonial.
El ministro de Correos, Telecomunicaciones y Tecnología de la Información, Mustafá Jabbar, había anunciado que la nueva ley de seguridad digital sustituiría la sección 57 de la anterior ley de Información y tecnología de la comunicación de 2006, que ya había sido criticada por activistas de derechos humanos y periodistas por la manera en que se usaba para atacar y perseguir periodistas. Recientemente, acusaron al fotógrafo y periodista Shahidul Alam según la sección 57 por publicar una amplia cobertura de las protestas estudiantiles en Dacca y de conceder una entrevista a Al-Jazeera acerca de las protestas. Tiene preso más de dos meses.
Pero el texto final de la ley de seguridad digital amplía y refuerza esta sección, en vez de derogarla, como prometieron. Y a pesar de las declaraciones de Jabbar de mayo de 2018 sobre “las enmiendas necesarias para que la libertad de prensa encuentre obstáculos”, la ley se aprobó sin grandes reformas.
Internacionalmente, la ley aprobada fue recibida con condena. El director de Human Rights Watch Asia, Brad Adams, declaró:
The new Digital Security Act is a tool ripe for abuse and a clear violation of the country’s obligations under international law to protect free speech. With at least five provisions criminalizing vaguely defined types of speech, the law is a license for wide-ranging suppression of critical voices.”
La nueva ley de seguridad digital es un instrumento para el abuso y la clara violación de las obligaciones del país para proteger la libertad de expresión. Con al menos cinco cláusulas que penalizan tipos de discurso con definiciones imprecisas, la ley es una licencia para acallar una gran cantidad de voces críticas.
En las redes, los usuarios muestran preocupación:
The Digital Security Act, which replaces the much-criticised Information and Communication Technology Act (ICT), retains the most problematic provisions of that law and adds more provisions criminalising peaceful speech, @hrw said yesterday.#DigitalSecurityAct #Bangladesh pic.twitter.com/0B3HKVwWWz
— Mosrur Zunaid (@MosrurZunaid) September 25, 2018
La ley de seguridad digital, que reemplaza la tan criticada Ley de Tecnologías de la Información y la Comunicación (ICT), conserva las cláusulas más problemáticas de la ley y añade más cláusulas que criminaliza el discurso pacífico, dijo ayer Human Rights Watch.
#Bangladesh‘s new Digital Security Act, passed today by the parliament unanimously through voice votes, criminalises dissent, threatens #FreedomOfExpression and media freedom. Shocking!
https://t.co/5YixdeuMUi via @dailystarnews— Saad Hammadi (@saadhammadi) September 19, 2018
Aprueban ley de seguridad digital.
La muy debatida ley de seguridad digital 2018 fue aprobada en el Parlamento anoche con una dura disposición que permite a la policía registrar o arrestar sin orden judicial.
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El Parlamento aprobó hoy la nueva ley de seguridad digital de Bangladesh por unanimidad, que penaliza la discrepancia, amenaza la libertad de expresión y la liberta de los medios. ¡Impactante!
El Consejo de Editores programó una cadena humana de protesta contra la ley para el 29 de septiembre, frente al Club de la Prensa Nacional.
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Este articulo es de GV Advox, un proyecto de Global Voices con su propio sitio web, en pro de la defensa de la libertad de expresion y contra la censura en internet. · Todos los articulos
