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Netizen Report: Bangladesh remplazará su infame ley de internet, pero la nueva parece peor

Libertad de expresión en acción: Manifestantes de Bangladesh en la protesta de 2013 para exigir justicia por los crímenes de guerra. Foto de Mehdi Hasan Khan desde Wikimedia (CC BY-SA 3.0).

El Netizen Report de Advox ofrece una instantánea internacional de los problemas, victorias y nuevas tendencias en materia de derechos de internet en todo el mundo.

A comienzos de 2018, el Gobierno de Bangladesh prometió anular la infame Ley de Información y Tecnología (ICT), que se ha usado para silenciar a los críticos y a los trabajadores de los medios.

Sin embargo, en lugar de anular y mejorar esta ley, el Parlamento de Bangladesh la empeoró. La nueva ley de Seguridad Digital se promulgó justo antes de la época electoral, y amplía y refuerza los aspectos más draconianos de la ley ICT.

La Ley de Seguridad Digital penaliza varias formas de expresión en línea, que van desde los mensajes difamatorios hasta las manifestaciones que “ofendan los valores o sentimientos religiosos”. La ley también autoriza sentencias de hasta 14 años de prisión por reunir, enviar o conservar información clasificada de cualquier Gobierno en una computadora u otro dispositivo electrónico. Los periodistas se manifestaron contra esta disposición a comienzos de este año y se pronunciaron enérgicamente contra la ley.

Human Rights Watch, Amnistía Internacional y varios grupos locales criticaron la ley como un intento de sofocar la libertad de expresión.

Mientras tanto, la Ley ICT se mantiene fuerte y silencia la crítica legítima en línea. El 24 de septiembre, un profesor de Sociología de Chittagong fue encarcelado a causa de una crítica a la primera ministra Sheikh Hasina que publicó en Facebook. En julio, un afiliado al partido gobernante presentó una denuncia contra Maidul Islam bajo la ley ICT. Si bien inicialmente fue liberado bajo fianza, a fines de septiembre lo citaron a la comisaría y lo encarcelaron. También lo suspendieron de su cargo en la Universidad de Chittagong, que es estatal. Más de 50 docentes universitarios firmaron una declaración para exigir su liberación.

Kenia se suma a la lista de Gobiernos africanos que ponen impuestos al uso de internet

Kenia está por implementar un nuevo régimen fiscal que aplicará un impuesto especial de 15 % a los servicios de telefonía e internet. El impuesto pondrá una carga adicional sobre los ciudadanos, que ya pagan un impuesto especial de 20 sobre las transacciones de dinero móviles, que son un importante motor de la economía local.

Kenia estará cada vez mejor acompañada con este nuevo régimen fiscal, en vista de que las vecinas Uganda, Tanzania y Zambia empezaron a gravar recientemente diversas formas de uso de internet, desde la mensajería móvil hasta el blogueo, en un esfuerzo por incrementar el ingreso público. Sin lugar a dudas, estos regímenes también reducirán la capacidad de los africanos de comunicarse y expresarse libremente en línea.

Reguladores de Tanzania redoblan la apuesta con el ‘impuesto al bloguero’

En abril de 2018, el Gobierno de Tanzania puso en marcha las Regulaciones sobre las Comunicaciones Electrónicas y Postales (Contenido en línea), conocidas informalmente como el “impuesto a los blogueros”. La ley establece que los blogueros y cualquiera que tenga un medio independiente en línea se registre con la Autoridad Reguladora de Comunicaciones de Tanzania y pague más de USD 900 anuales por la licencia. También restringe la publicación de una larga lista de contenidos, que van desde los desnudos hasta las noticias falsas y los documentos confidenciales del Gobierno.

En una reciente entrevista con el medio local The Citizen, James Kilaba, director general de la autoridad reguladora, amenazó a los trabajadores de medios independientes que publican documentos gubernamentales en línea. “Estamos detrás de quienes publican documentación oficial en línea”, declaró. “Serán expuestos y arrestados en concordancia con la ley”.

Gobierno del Reino Unido admite que espía a grupo activista contra la vigilancia

Menos de dos semanas después de que la Corte Europea de Derechos humanos declarara ilegales los programas gubernamentales de vigilancia del Reino Unido, tres agencias de inteligencia británicas informaron por escrito que recopilaron y supervisaron ilegalmente las comunicaciones de Privacy International, ONG con sede en Londres que defiende el derecho a la privacidad dentro y fuera de la Unión Europea.

Francia condena por difamación a defensor de los derechos de los inmigrantes

El 25 de septiembre, un juzgado francés condenó por difamación a un activista por los derechos de los inmigrantes que había trabajado en el campo de refugiados de Calais por un tuit que envió a comienzos de este año. El juzgado sentenció a Loan Torondel, de 21 años, a una multa de suspensión y le ordenó pagar los gastos judiciales. En el tuit publicado a principios de enero, Torondel publicó una fotografía de dos policías franceses de pie frente a un joven (que parece un inmigrante) sentado en su bolsa de dormir.

Torondel escribió una leyenda satírica sobre la imagen, con un diálogo imaginario entre los policías y el joven en el que la policía le confiscaba la bolsa de dormir, y el hombre suplicaba que tuvieran compasión porque hacía dos grados centígrados afuera. “Puede ser, pero somos la nación francesa, señor”, contestaban los policías en el intercambio imaginario. Torondel aludía al discurso del presidente francés Emmanuel Macron, en el que dijo: ‘’no lo olviden, somos la nación francesa’’, declaración que sus críticos convirtieron en meme para burlarse de él.

Corte Suprema de India mantiene el sistema de identificación digital, con algunas excepciones

Una corte de cinco jueces dictaminó que se mantendrá el sistema de identificación digital de India, conocido como Aadhaar, pero estableció algunas restricciones claves sobre su uso. El sistema Aadhaar asigna a cada persona un número único de identidad asociado a múltiples datos demográficos y biométricos, y lo almacena en una base de datos centralizada. En teoría, los ayuda a autenticar la identidad de manera que los ciudadanos accedan a una serie de servicios sociales y federales.

Sin embargo, el sistema ha sufrido una mala gestión de datos y errores técnicos que, en ocasiones, incrementaron los obstáculos para que los ciudadanos pudieran acceder a todo, desde las inscripciones escolares hasta los subsidios de alimentos. Además, las múltiples filtraciones masivas demostraron que los números Aadhaar pueden quedar fácilmente expuestos, ser publicados en línea y utilizados con fines malintencionados.

La corte dictaminó que los números Aadhaar ya no serán requeridos a los ciudadanos para comprar tarjetas SIM, abrir cuentas bancarias, inscribirse a escuelas o rendir exámenes de ingreso a la universidad. La identificación Aadhaar será opcional para los indios que no reciben subsidios estatales. También se derogó el artículo de la Ley Aadhaar original que permitía a las empresas privadas pedir la autenticación a través de Aadhaar.

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