Imagen de Agência Brasil. Fotografía usada con autorización.

«Volkswagen mantenía a los trabajadores sin descanso hasta por 30 días». «La venta telefónica de los bancos y operadoras tomaban el tiempo que los empleados usaban el baño». «Los subcontratados de Petrobrás no recibían [sus] salarios». «La aerolínea abandonó a sus funcionarios». «Los costureros de la empresa Renner eran sometidos a trabajo de esclavos». Estos son algunas historias reunidas por la página Repórter Brasil para mostrar qué tanto, históricamente, la subcontratación ha dejado vulnerables a los trabajadores en Brasil.

La subcontratación se da cuando se transfiere una determinada función de una empresa a otra. Al final de agosto, el Supremo Tribunal Federal, la más alta corte de justicia del país, declaró constitucional el uso sin restricción de este tipo de contrato, y para las llamadas actividades fin (actividad que define el área de actuación de una empresa). El debate confirma lo que ya estaba previsto en la reforma laboral aprobada por el Congreso Nacional, aprobada por el presidente Michel Temer.

En la práctica, esto significa que, por ejemplo, las escuelas podrán contratar profesores a través de empresas subcontratadas. Pero en lugar de pagar los derechos a los trabajadores, sus salarios y crear vínculos de empleo con esos profesionales, tendrían un contrato con otra empresa intermediaria en la relación de trabajo.

Anteriormente, las actividades medias, las que no son el objetivo principal de la empresa, como limpieza, seguridad o mantenimiento, eran las únicas que se podían subcontratar. Hasta la decisión del Supremo Tribunal Federal, prevalecía en Brasil el entendimiento del Tribunal Superior de Trabajo que imponía límites a la subcontratación.

La Asociación Nacional de Magistrados criticó la decisión del tribunal y declaró que la ve «con gran tristeza y preocupación» y sostuvo que «esta medida traerá graves problemas».

Restará agora aos juízes do Trabalho avaliar concretamente, caso a caso, se o modelo adotado frustrará os direitos sociais, em detrimento das garantias constitucionais e legais do trabalhador.

Dependerá ahora de los jueces laborales evaluar concretamente, caso por caso, si el modelo adoptado fustrará los derechos sociales, en detrimento de las garantías constitucionales y legales del trabajador.

En 2015, un informe presentado por la Organización Internacional de Trabajo (OIT) ya alertaba que un 66 % de los trabajadores brasileños no contaba con contratos permanentes ni garantía de derechos. En comparación, en países desarrollados, esa tasa se encuentra alrededor de un 15 %, como muestra el diario O Estado de São Paulo. En es época, la ley sobre subcontratación aún se estaba discutiendo, pero la OIT ya alertaba que «amenazaría los derechos de los trabajadores» en Brasil.

En la entrevista para la revista Carta Capital, el sociólogo Ricardo Antunes, profesor de la Universidad de Campiñas, afirmó que mientras que «en la esclavitud se vendía al trabajador, en la subcontratación se le alquila»:

É evidente que não estamos voltando ao trabalho escravo de 1500, estamos falando de uma escravidão inclusive digital, do trabalho terceirizado, precarizado, informal, do trabalho sem direitos, de uma dependência do sistema perverso de metas, que tem levado a suicídios e adoecimentos do trabalho.

Es evidente que no estamos volviendo al trabajo esclavo de 1500, estamos hablando de una esclavitud, hasta digital, del trabajo subcontratado, precario, informal, de trabajo sin derechos, de una dependencia del sistema perverso de metas, que ha llevado a interminables suicidios y enfermedaddes del trabajo.

Una reforma profunda

La decisión del Supremo Tribunal Federal se refiera únicamente a la constitucionalidad de la subcontratación amplia, un único punto dentro de los profundos cambios pevistos en la reforma laboral, que alcanzaron más de cien dispositivos de la Consolidación de las Leyes de los Trabajadores, las reglas de los derechos laborales en Brasil, firmada en 1943, en el gobierno de Getúlio Vargas. La ley fue creada para reducir las tensiones  entre el movimiento obrero, responsable de grandes marchas populares en las décadas anteriores, como la huelga general de 1917, y el empresariado industrial ,que ganaba mucha importancia en la economía nacional.

Sin embargo, a pesar de seguir vigente hace 70 años, la consolidación de leyes ha pasado por diversas modificaciones. No obstante, ninguna es tan amplia como la reforma aprobada en el marco de 2017. La nueva legislación laboral brasileña deroga la contribución sindical, abre la posibilidad de que los acuerdos entre empleados y empleadores prevalezcan sobre los derechos previstos en la ley y supone nuevas modalidades de contratación, como los llamados contrato de cero horas, usados en el  Reino Unido, no garantiza el pago de un salario mínimo.

La reforma aprobada en el gobierno de Temer fue rescatada de un proyecto propuesto en 1998 por el gobierno del entonces presidente Fernando Henrique Cardoso. Temer defendió la propuesta como una herramienta para facilitar contrataciones y renuncias, y para aumentar el número de contratos temporales. La esperanza del gobierno era que la flexibilización de los vínculos laborales llevaría a una expansión en la oferta de trabajo con la generación de 2 millones de nuevos puestos de trabajo en los dos años siguientes.

Después de diez meses de vigencia, no hay indicios de recuperación del mercado laboral. Si en el segundo trimestre de 2018 el número de desempleados disminuyó de 12,9 % a 12,4 % y llegó a 13 millones de brasileños, los expertos señalan que la reducción se debe al crecimiento del mercado informal y del número de personas que desistieron de buscar empleo.

El porcentaje que se encuentra excluído de las estadísticas de desempleo es el número de personas que no trabaja ni busca empleo, que alcanzó un índice de 65 millones de personas. Es el mayor porcentaje registrado en el país

Los resultados parciales en Brasil parecen seguir la misma tendencia generada por la reforma laboral implementada por el Gobierno español en 2012. Después de cinco años de vigencia, los datos estadísticos del mercado laboral español indican un aumento en la oferta total de empleos, aunque con menores salarios y condiciones más precarias, lo que ha aumentado la desigualdad en el país.

En una entrevista con el diario Nexo, el profesor Marcio Pochmann, del Instituto de Economía de la Unicamp, afirma que la inseguridad y precariedad del trabajo resultante de la reforma pueden tener efecto negativo sobre el consumo de las familias y obstaculizar la recuperación económica:

A reforma trabalhista institui um contrato que não garante um direito a renda mensal, o que estudiosos chamam de precarização do mercado de trabalho, aprofunda a instabilidade. Isso tira a previsibilidade da renda. Então era uma mudança estrutural sobre a qual vem uma recessão e depois a precarização. Enquanto não houver uma revisão da forma de formalização do mercado de trabalho, o problema continua. A reforma impede uma sustentação do emprego.

La reforma laboral establecerá un contrato que no garantiza un derecho de ingreso económico mensual, lo que los estudiosos denominan precariedad del mercado laboral, que profundizará la inestabilidad. Esto reduce la predictibilidad del ingreso. Entonces, era un cambio estructural sobre la que viene una recesión, y la precarización. Mientras no haya una revisión de la manera de formalización del mercado laboral, el problema continuará. La reforma impide una sustentación del empleo.