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Burundi reprime ONG internacionales y rechaza críticas a los derechos humanos

Informe sobre Burundi: Presentación de informes de expertos independientes al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Foto: Misión de Estados Unidos / ginebra / Flickr, 27 de septiembre de 2016.

El Gobierno de Burundi ha intentado repetidamente llamar la atención internacional en las elecciones de 2020 y ha puesto límites a las consecuencias de la crisis de las elecciones de 2015, que causaron inseguridad y diálogo con mediación regional con opositores en el exilio. En mayo, no fue sorpresa que la aprobación de controvertidos cambios constitucionales por referéndum, pero luego el presidente Nkurunziza dio el sorpresivo anuncio de que no postularía otra vez.

Aunque las posiciones varían, las críticas internacionales y burundesas contra la represión política y las dificultades económicas continúan mientras funcionarios gubernamentales en la capital, Buyumbura, estrechan el control sobre las agencias no gubernamentales.

Investigaciones de derechos humanos

En la trigésima novena sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en septiembre de 2018, la comisión investigadora de Naciones Unidas renovó su mandato por otro año, como habían pedido muchas organizaciones de derechos y opositores. Se estableció en 2016 para investigar abusos contra los derechos humanos que ocurren desde 2015.

Bujumbura amenazó con dejar el consejo, pero la moción se adoptó con 23 aprobaciones, 17 abstenciones y siete votos en contra. La mayoría de Estados africanos se abstuvo. El embajador de Burundi ante Naciones Unidas dijo que los Estados europeos trataron de “imponer su voluntad”.

Un informe de la comisión investigadora de Naciones Unidas de 2017 señaló que había “tenido motivos fundados para creer” que en Burundi se cometían crímenes contra la humanidad. El presidente de la comisión la investigadora de Naciones Unidas, Doudou Diène, advirtió que el referéndum constitucional había exacerbado los problemas, en junio volvió a expresar su preocupación por la represión, y mencionó la dura condena a prisión del activista opositor Germain Rukuki. También dijo que el anuncio del presidente Nkurunziza de no volver a postular no debía afectar la situación.

Un informe de la comisión investigadora de Naciones Unidas 2018 halló que las violaciones de derechos humanos en Burundi habían continuado con impunidad, incluidas torturas y desapariciones forzadas por parte de los servicios de seguridad e Imbonerakure, la cada vez más poderosa ala juvenil del partido gobernante. Lamentaba el “reducido espacio democrático” y el “creciente emprobrecimiento de la población”, y criticó directamente al presidente por incitar a la violencia.

El Gobierno negó el acceso a comisión investigadora de Naciones Unidas a Burundi, así que los investigadores recurrieron a centenares de entrevistas personales y telefónicas con refugiados.

El Gobierno y sus partidarios rechazan esos informes continuamente, sostienen que son falsos y que sirven como planes contra la soberanía nacional. Un portavoz del Gobierno dijo que un informe era “nulo” y basado en “fines ocultos”, y los funcionarios boicotearon su presentación —hasta exigieron reparaciones. Los investigadores fueron declarados ‘personas no gratas’.

“Burundi recibió y analizó profundamente el informe que acaba de presentar la comisión investigadora de Naciones Unidas sobre Burundi, y quiere rechazarlo públicamente porque es un informe deshonesto, hecho a la medida y con motivación polítical“, embajador en la sesión del trigésimo noveno Consejo de Derechos Humanos.

El enviado de Naciones Unidas, Michel Kafondo, en su calidad de mediador, adoptó un tono más positivo que la comisión, cuyos funcionarios sostuvieron que mostraba que la comisión no entendía todo el asunto. De otro lado, la investigación de la Corte Penal Internacional sobre la violencoia y la impunidad, iniciada en 2017, continúa. Buyumbura también se negó a cooperar y salió de la corte en una acción sin precedentes.

Medidas drásticas contra ONG

Después de la crisis de 2015, aumentaron las restricciones a los críticos del Gobierno, lo que llevó a acosos de los opositores, medios y la sociedad civil, y cierre de varios radios independientes. El periodista Jean Bigirimana fue desaparecido a la fuerza, y el activista Pierre Claver Mbonimpa salió al exilio después de un atentado. Otros, como el activista Nestor Nibitanga, enfrentaron acusaciones generales relacionadas con seguridad.

En 2016, a diversas organizaciones de derechos humanos de Burundi se les canceló el registro, y hace poco, fueron las organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales las que estuvieron bajo presión.

En septiembre, el Consejo Nacional de Seguridad, presidido por Nkurunziza, anunció que todas las ONG –excepto en hospitales y escuelas– quedaban suspendidas por tres meses a partir del 1 de octubre, y las empresas mineras por un mes.

Esto es para garantizar el cumplimiento de las regulaciones de 2017 que incluyen cuotas étnicas y de género, originalmente de acuerdos de paz tras la guerra para instituciones de seguridad y políticas. Un portavoz del Gobierno acusó a algunas ONG de promover la homosexualdad y el conflicto político.

Además, el Gobierno ha obligado a las ONG a cumplir con nuevos impuestos y requisitos financieros para los que las ONG no estaban preparadas, lo que ha creado un callejón sin salida. Una posible motivación para los nuevos requisitos es generar fondos para ayudar a las complicadas finanzas estatales.

Los críticos sostiene que el consejo es solamente un ente consultor y carede de poderes legales, pero el ministro del Interior, Pascal Barandagiye, dijo que el consejo opera “por encima” de los ministros.

En una reunión del 2 de octubre, los funcionarios anunciaron que las ONG que hubieran cumplido podían reiniciar sus actividades en cuanto se entregaran cuatro documentos oficiales. A quienes no cumplieran en el término de tres meses se les cancelaría el registro. Se informó que varios trabajadores del Comité Internacional de Rescate fueron arrestados temporalmente acusados de continuar trabajando.

Las ONG protesaron, y Amnistía Internacional advirtió que un alto abrupto a las actividades “sumiría servicios vitales en el caos”. El periódico Iwacu informó luego que se habían frenado los servicios que ayudan a los refugiados a regresar a Burundi.

Los blogueros Landry Burundi y Patrick Nimpagaritse de Yaga Blog lamentaron las restricciones a las ONG como “una decisión que castiga a todos”, y citaron las ya altas tasas de pobreza y las consecuencias del reducido suministro de fertilizantes para energía.

La comisión investigadora de Naciones Unidas y otros siguen informando de abusos a los derechos humanos, y el Gobierno sigue refutándolos. Con desacuerdo internacional, o tal vez desinterés, la crisis política se ha estancado para ventaja del partido gobernante y consolidado su control sobre la oposición y agencias internacionales en el país, pero sin soluciones para la mayor impunidad y graves problemas económicos.

‘Elecciones creíbles’

Persisten las divisiones internacionales por la situación de Burundi. Mientras la diplomacia con China y Rusia está cordial, las sanciones de la Unión Europea continúan y los Gobiernos vecinos discrepan. La República Unida de Tanzania ha hecho un llamado para que los refugiados burundeses regresen a casa, mientras las tensiones con Ruanda están peor, con incursiones en la frontera de grupos armados.

En agosto, un comunicado del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas expresó preocupaciones humanitarias por “casi 180 000 personas desplazadas internalmente, 3.6 millones de personas necesitadas y casi 400 000 burundeses en busca de refugio en países vecinos”. También lamentó el lento y mal encaminado diálogo, y dijo que Burundi necesita mejoras en la libertad de expresión para elecciones creíbles en 2020.

El Grupo Internacional de Crisis expresó que las dificultades económicas exacerban riesgos de violencia, con desempleo, inflación y escasez, todo complicado por contribuciones financieras forzadas para las elecciones. Muchos han huido de la violencia política desde 2015, y aunque miles han regresado desde 2017, el Alto Comisionado de Nacionees Unidas para los Refugiados registró 319 753 refugiados después de 2015 en campos sin financimiento.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas saludó la decisión del presidente de no volver a postular y afirmó que la seguridad había mejorado, lo que insinuó un cambio de atención de la “crisis política” a “elecciones creíbles en 2020”, lo que refleja consolidación del control del Gobierno.

El embajador de Naciones Unidas Albert Shingiro saludó estas palabras, pero el político opositor Leonce Ngendikumana criticó la débil acción internacional, y dijo que era necesario un diálogo inclusivo para restablecer las paz y asegurar el retorno digno de los refugiados y la liberación de los presos políticos.

Por ejemplo, el periódico Iwacu informó de varios descubrimientos de cadáveres en algunas zonas de Burundi. Grupos de delincuentes armados y otros grupos rebeldes, sobre todo activos en la República Democrática del Congo, al este, también suponen riesgos mortales.

Pierre Celestin Ndikumana, de la coalición opositora Amizero y’ Abarundi, recordó que “ausencia de guerra no es sinónimo de paz”.

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