Arcoíris al atardecer visto desde la Estatua de la Justiça | Foto: Fellipe Sampaio/Supremo Tribunal Federal/divulgación.

En medio de una de las elecciones más polarizadas de Brasil, el Supremo Tribunal Federal —supremo tribunal brasileño— vivió días de batallas por decisones judiciales entre sus ministros para definir si el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, arrestado por la Polícia Federal desde el 7 de abril en el proceso que se le sigue por lavado de dinero y corrupción pasiva, podía dar entrevistas a medios de prensa nacional.

A fines de septiembre, el diario Folha de São Paulo, uno de los mayores medios de noticias del país, pidió a la jueza responsable de la ejecución de la pena de Lula, acesso para una entrevista. El pedido fue denegado y el diario llevó el caso al tribunal, que alegó derecho de libertad de prensa.

El 28 de septiembre, Ricardo Lewandowski, ministro del Supremo Tribunal Federal, autorizó la entrevista con el sustento de que el “derecho de las personas custodiadas por el Estado, nacionales o extranjeras, de conceder entrevistas a medios de prensa está considerado como una de las formas de ejercer autodefensa”.

Esa misma noche, Luiz Fux, en su condición de vicepresidente del Supremo Tribunal Federal, suspendió la decisión de la corte. El pedido de suspensión fue presentado por el Partido Nuevo, agremiación partidaria liberal que tiene entre sus valores el libre mercado y la libertad individual.

En su decisión, el ministro Fux prohíbe al expresidente “realizar entrevistas o declaraciones a cualquier medio de comunicación, impreso u otro medio destinado a la transmisión de información al público en general”. Además, determina que “en caso de cualquier entrevista o declaración ya realizadas por parte del aludido, se prohíbe la divulgación de ese contenido en cualquier forma, bajo pena da configurar delito de desobediencia”.

Según Fux, “existe elevado riesgo de que la difusión de la entrevista con Luiz Inácio Lula da Silva, que tiene denegado su registro de candidatura, cause desinformación antes de las elecciones”, y justificó lo que en palabras del ministro, sería “una relativización excepcional de la libertad de prensa”.

En respuesta, el 1 de noviemblre, el ministro Ricardo Lewandowski reafirmó su decisión y ordenó su cumplimiento. Además de expresar que Fux no tiene poder de interferir en la decisión, sostuvo que elevar la decisión al pleno del tribunal haría que la posición del Supremo Tribunal Federal no tuviera consecuencias.

Tres días después, el presidente del Supremo Tribunal Federal salió al frente. El ministro Dias Toffoli se manifestó tras un pedido de aclaración del Ministerio de Seguridad Pública. En su comunicado, afirma que se debería cumplir la suspensión de la decisión expedida por el ministro Luiz Fux hasta que el grupo de ministros tome una decisión.

Así, se mantuvo la prohibición de que el expresidente Lula se manifestara públicamente, que se realizara o transmitiera entrevistas con el político preso. Además de Folha de São Paulo, también quedó prohibida una entrevista al periodista Florestan Fernandes Jr. y a otros medios.

En un reportaje de Folha sobre el caso, el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), Edison Lanza, dijo:

A decisão de proibir a realização e difusão de uma entrevista por parte da imprensa, a meu ver, constitui censura prévia e afeta o direito de liberdade de expressão do protagonista da entrevista, assim como do meio de comunicação que quer fazer seu trabalho de perguntar e informar o público

La decisión de prohibir la realización y difusión de una entrevista por parte de la prensa, en mi opinión, constituye censura previa y afecta el derecho de libertad de expresión del protagonista de la entrevista, y del medio de comunicación que quiere hacer su trabajo de preguntar e informar al público.

Reacciones

Ministro Dias Toffoli preside sesión del Supremo Tribunal Fiscal. Foto: Nelson Jr./Supremo Tribunal Federal/Divulgación.

La guerra de decisiones del Supremo Tribunal Federal se vio interrumpida por manifestaciones de entidades representativas de sectores de la prensa. Tras la primera decisión del ministro Luiz Fux que determinó la “relativización excepcional de la libertad de prensa”, la Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo (ABRAJI) divulgó una nota en la que sustenta la posición de que “no es posible compatibilizar la ‘libre expresión de ideas’ con regulación y censura”, y apelando al tribunal para que “reestablezca el entendimento, ya afirmado per la propia Corte en el momento de la extinción de la ley de prensa, de que:

não cabe ao Estado, por qualquer dos seus órgãos, definir previamente o que pode ou o que não pode ser dito por indivíduos e jornalistas (…) a censura governamental, emanada de qualquer um dos três Poderes, é a expressão odiosa da face autoritária do poder público.

no cabe al Estado, por ninguno de sus órganos, definir previamente lo que pueden o no decir las personas y periodistas (…) la censura gubernamental, emanada de cualquier de los tres poderes, es la expresión odiosa del rostro autoritario del poder público.

La Federación Nacional de Periodistas (FENAJ) también divulgó una nota pública después de la confirmación de la decisión del ministro Toffoli. En la nota, la federación rechaza la censura y afirma que la “democracia brasileña está amenazada porque el estado democrático de derecho ha sido violado por instituciones que deberían velar por su conservación”, y califica la postura del Supremo Tribunal Federal como “inaceptable”.

En tono menos combativo, la Asociación Brasileña de Prensa (ABI) afirmó en nota oficial que a pesar de estar prohibidas por la Ley de Ejecución Penal, las entrevistas con personas encarcerladas son comunes en los medios brasileños, y admite que la prisión del expresidente Lula sería un “situación inédita”. La entidad afirma que la solución de la controversia no se dará por la “intolerancia ni al calor de las pasiones que impregnan la actual campaña política”.

Prensa de Brasil en el mapa

Presidente del Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli concede entrevista a periodistas | Foto: Rosinei Coutinho/Supremo Tribunal Federal/Divulgación.

En la última clasificación mundial de libertad de expresión elaborada por la ONG Reporteros sin Fronteras – RSF, Brasil aparece en el puesto 102 de 180 países. La situación se describe como “más insegura que nunca”. Según el comunicado de RSF, Brasil es uno de los países más violentos de América Latina para periodistas. La libertad de prensa en el país se encuentra con violencia y con concentración de plataformas de notícias en manos de pocos grupos familiares, generalmente ligados a políticos y partidos.

Con relación de la seguridad de los profesionales, faltan mecanismos legales e institucionales para la protección de periodistas y sus fuentes. Además de amenazas a la vida y la integridad física, los periodistas brasileños enfrentan amenazas de sanción estatal, y están sujetos a procesos abusivos en el ámbito judicial.

A pesar de haber avances tímidos gracias a decisiones recientes en el sentido de proteger la libertad de prensa, el propio Supremo Tribunal Fiscal se volvió lugar de una disputa en los intereses político-partidarios parecen estar por encima de la libertad de prensa.

Mientras la decisión final esté suspendida hasta la manifestación del pleno del Supremo Tribunal Fiscal, siguen los ataques a la libertad de prensa, lo que es una marca de este proceso electoral. Según datos de ABRAJI, en 2018 hay registrados 137 casos de violencia en contexto político, partidario y electoral contra periodistas. Ese número tiende a crecer a medida que se profundice la polarización partidaria y los ataques a la prensa se vuelvan comunes en la retórica de candidatos, partidos y la militancia política.