¿Ves todos los idiomas arriba? Traducimos las historias de Global Voices para que los medios ciudadanos del mundo estén disponibles para todos.

Entérate más sobre Traducciones Lingua  »

Organizaciones de la sociedad civil critican la nueva legislación que reduce derechos en Bulgaria

Protesta ciudadana en Sofía, Bulgaria. Foto: Tihomira Metodieva – Tihich. Usada con autorización.

Este artículo se basa en la publicación “Menos derechos para los ciudadanosde  para BlueLink, revista electrónica regional que informa sobre Europa Central y del Este. Se reproduce aquí como parte de un acuerdo con Global Voices

En junio de 2014, la sociedad civil de Bulgaria celebró una importante victoria para la protección de la naturaleza y el estado de derecho cuando la Corte Suprema Administrativa del país rechazó una autorización ambiental para una nueva instalación de almacenamiento de desechos nucleares en central nuclear de Kozloduy. Sin embargo, después de una reforma al Código de Procedimientos Administrativos de Bulgaria de septiembre de 2018, se establecieron audiencias cerradas, mayores costos para casos de apelación y retiro de casos de apelación en algunas instancias –y ahora, muchos temen que estas victorias de la sociedad civil sean cosa del pasado.

Derogan ley de derechos civiles de 150 años de antigüedad

Los búlgaros han gozado de acceso a una corte de apelaciones de 1868, que fue implantada por las autoridades otomanas. Exactamente 150 años después, las reformas adoptadas el 25 de julio de 2018, niegan a los ciudadanos acceso a una segunda instancia en algunos casos, sobre todo en proyectos de “interés nacional” y los de gran prioridad para el Gobierno. Según la nueva ley, los gastos estatales se calculan como interés material fraccional y las tasas judiciales para apelaciones aumentó 14 veces para personas naturales y jurídicias —74 veces para entidades sin fines de lucro.

Es la primera vez en la historia de la justicia administrativa que los ciudadanos que buscan protección en casos administrativos deberán pagar hasta 4500 levs búlgaros (unos 2600 dólares). Se ha presentado la posibilidad de sesiones cerradas, y también se ha transferido el control de la legalidad de algunos actos de gobierno a cortes administrativas locales.

“Ciudadanos contra la mafia” – lema de los activistas que protestaron contra las reformas de la ley administrativa frente al Parlamento en Sofía. Foto: Tihomira Metodieva – Tihich. Usada con autorización.

El argumento para esta decisión es “aliviar” a los jueces de la Corte Suprema de “excesiva” carga junto con “abuso de algunas ONG”. Danail Kirilov, presidente de la Comisión Legal del Parlamento, presentó las nuevas disposiciones legales como un “primer paso del compromiso para reducir la carga burocrática de ciudadanos y empresas”.

Sin embargo, muchos cuestionan esos motivos, y afirman que en realidad esto está dirigido a hacer más difícil que los grupos de la sociedad civil inicien casos judiciales.

En septiembre, más de 50 organizaciones de la sociedad civil, incluida BlueLink, publicaron una carta abierta para pedir al presidente que no apruebe las reformas de la Corte Suprema Administrativa. El programa Acceso a la Información de Bulgaria, grupo que ha hecho campaña para el derecho de acceso a la información de los ciudadanos durante 22 años, inició la solicitud.

La carta abierta señala la excepcional oscuridad y violaciones procedimentales en la aprobación de la ley. No ha habido estudios ni evaluación de la capacidad de las cortes o posibles problemas de abusos de quejas, como afirma la enumeración de razones. Y no se ha explicado por qué, con pocos casos comparados a hace cinco o seis años y un aumento en el número de jueces, la programación de casos en la Corte Suprema Administrativa se ha vuelto mucho más lenta, señala el documento.

El abogado y defensor de derechos cívicos Alexander Kashumov está convencido de que la nueva legislación debilita los derechos democráticos de los ciudadanos búlgaros. Foto: Fundación “Programa Acceso a la Información”. Usada con autorización.

Según el abogado Alexander Kashumov, jefe del departamento legal del Programa Acceso a la Información, estos cambios han sido los golpes más serios a los derechos de los ciudadanos en más de 20 años. “Es cuestión de control judicial en el que se basan los derechos humanos fundamentales – impuestos, permisos, esquemas, etc.”, indica.

El presidente búlgaro, Rumen Radev, también cuestionó las reformas al Código de Procedimientos Administrativos porque el “déficit de justicia se siente más claramente en las relaciones de los ciudadanos y entidades legales con entidades estatales“.

El presidente Radev discrepó con las nuevas disposiciones de audiencias cerradas. Según el jefe de Estado, el principio de audiencias judiciales públicas tiene una doble función. De un lado, es garantía de un juicio justo en el los partidos tienen derecho a participar personalmente y a estar protegidos contra la administración de justicia a escondidas, sin observación pública. De otro lado, este principio es una garantía para el derecho de los ciudadanos de recibir y difundir información.

En la justificación a su veto, Radev también expresó sus temores de que aumentar las tasas puede limitar significativamente las oportunidades procesales para la protección total de personas naturales y jurídicas contra actos ilícitos de la administración. También le preocupa el hecho de que la tasa de una apelación para una resolución en un caso de impacto ambiental ahora queda totalmente a criterio de la corte. La introducción de una tasa proportional hará que este procedimiento sea también caro e inaccesible.

La Asamblea Nacional desestimó el veto de Radev el 13 de septiembre por una gran mayoría. Con 146 votos a favor, 69 en contra y sin abstenciones, los parlamentarios europeos apoyaron en gran parte las reformas. Los representantes de la oposición del Partido Socialista Búlgaro dijeron inmediatamente después que tienen preparada una queja para la Corte Constitucional.

La cancelación de la evalución de impacto ambiental para un nuevo depósito de desechos radioactivos en la planta nuclear Kozloduy de Bulgaria (foto de Gogo89873 / Wikipedia) es uno de los casos en que la jurisdicción administrativa evitó importantes violaciones a derechos humanos y ambientales.

Al comentar las nuevas disposiciones, Kashumov advirtió que ahora los Gobiernos locales vencerán más fácilmente a los ciudadanos comunes y corrientes. Cree que el aumento de tasas para apelaciones, la eliminación de apelaciones en otros casos y las audiencias cerradas servirán para un solo propósito —permitir arbitraredad administrativa y gestión bajo condiciones de tiranía.

Ya en 2017 representantes del sector civil en Bulgaria, como el programa Acceso a la Información, estuvieron en contra de los cambios al Código de Procedimientos Administrativos. Siguen apoyando la idea de que esta decisión tendrá un impacto negativo duradero en el estado derecho del país. Estaremos atentos a los siguientes pasos y quién pagará la cuenta.

Inicie la conversación

Autores, por favor Conectarse »

Guías

  • Por favor trate a los demás con respeto. Comentarios conteniendo ofensas, obscenidades y ataque personales no serán aprobados.