Mazen Dabbagh (derecha) y su hijo Patrick (izquierda). Foto ampliamente difundida en medios sociales. Utilizada con autorización.

En un extraña medida proclamada como una señal de una nueva era de justicia por las víctimas de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Siria, en noviembre de 2018 jueces franceses emitieron órdenes de arresto contra tres oficiales sirios de inteligencia de alto nivel por cargos de «complicidad en crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad».

Se busca a los tres oficiales por su conexión con la detención y posterior desaparición de dos ciudadanos franco-sirios: Mazen Dabbagh y su hijo Patrick. Ambos fueron arrestados por agentes de inteligencia de la Fuerza Aérea Siria en noviembre de 2013 y retenidos en el aeropuerto militar Mezzeh.

Después, se notificó a la familia Dabbagh que Mazen y Patrick murieron en custodia en noviembre de 2017 y enero de 2014, respectivamente.

La guerra siria ha dejado un terrible sendero de muerte y destrucción. Se estima que desde marzo de 2011 han desaparecido más de 95 000 personas, de las que se cree más de 80 000 han desaparecido a la fuerza a manos del régimen sirio. Muchos han muerto en custodia por brutales torturas en conocidas cárceles y centros de detención del Gobierno.

Jueces franceses han emitido órdenes de arresto contra el general mayor Ali Mamlouk, Abdul-Salam Mahmoud y Jamil Hassan.

El mayor general Ali Mamlouk nació en Damasco, Siria, en 1946. Mamlouk es un nombre conocido por la opresión utilizada para sofocar la rebelión siria de 2011.

Sirvió como director de la Inteligencia de la Fuerza Aérea entre 2003 y 2005 y ascendió a finales del mandato de Hafez Assad y la ascensión al poder de su hijo Bashar Al-Assad.

En 2005, Assad lo nombró jefe del Departamento de Seguridad General en una época políticamente cargada tras el asesinato del ex primer ministro libanés Rafik Hariri, quien se cree que fue obra del régimen.

Organizaciones de derechos humanos lo vinculan con la supervisión del arsenal químico sirio y con su uso contra prisioneros políticos en la prisión de Palmira entre 1985 y 1995.

Tras la «célula de crisis» que bombardeó a Damasco en julio de 2012, Mamlouk fue nombrado Director del Departamento de Seguridad Nacional, en reemplazo de Hisham Baktiyar, que murió por las heridas que sufrió en el bombardeo.

Michel Samaha, ex ministro de Información libanés, confesó haber recibido fondos de Mamlouk para asesinar a figuras políticas libanesas. Oficiales libaneses emitieron una orden para el arresto de Mamlouk el 4 de febrero de 2013.

En 2015 se decía que estaba planeando huir del país y le dictaron arresto domiciliario. También había rumores sobre su condición de salud; decían que se estaba muriendo en un hospital en Damasco. Para anular estos rumores, visitó Yeda, Arabia Saudita y Mascate (Omán). También visitó Roma, Italia, a finales de febrero de 2018, con lo que incumplió las sanciones de la Unión Europea de mayo de 2011 que le impusieron prohibición de viajar y congelamiento de activos por acusaciones de ejercer violencia contra los protestantes sirios contrario al Gobierno.

Abdul-Salam Mahmoud fue nombrado director de la Inteligencia de la Fuerza Aérea en 2010. Está involucrado en el asesinato de civiles sirios, incluidas víctimas de la masacre de Saida en abril de 2011, incluido Hamza al-Khatib, de 13 años cuyo cuerpo fue mutilado después de ser arrestado y que luego se convirtió en un símbolo de la revolución siria y la cara de la brutalidad del régimen contra los manifestantes. Mahmoud cumple sanciones de la Unión Europea desde 2012.

Jamil Hassan nació en Qarniya, en la parte rural de Homs, Siria, en 1952. Fue nombrado director de la Inteligencia de la Fuerza Aérea en 2009. Antes de eso, estuvo a cargo de la filial de Inteligencia de la Fuerza Aérea en el este de Siria durante 2009 y sirvió como oficial de la Inteligencia de la Fuerza Aérea en el aeropuerto militar de Mezzeh desde 2007.

El nombre de Hassan está ligado a la violenta represión de protestas en 2011. Una vez se citó una sugerencia suya en un extraño comunicado de prensa de que Bashar debería haber copiado las tácticas brutales que usó su padre en la masacre de Hama en la década de 1980.

En junio de 2018, Alemania también emitió una orden de arresto internacional contra Hassan. El diario alemán Der Spiegel reportó que los fiscales lo acusaron de supervisar crímenes cometidos por la seguridad siria que incluyen tortura, violación y asesinato de cientos de personas entre 2011 y 2013.

¿Estas órdenes de arresto son simbólicas?

Mohammad Al-Abdullah, activista de los derechos humanos y director ejecutivo del Centro de Justicia y Responsabilidad de Siria, dijo a Global Voices que estas órdenes sirven como una herramienta para presionar a los funcionarios del régimen:

These warrants are symbolic up to a point. They serve more as a tool of pressure than a means of criminal prosecution, as the possibility of the three officials visiting Europe is very unlikely. Some opine that the warrants would diminish their role in Syria’s future and spell an end for their political life, and that negotiations shall exclude them from security posts during the interim phase. There are no guarantees that this would be the case, though. Until now, these opinions are mere wishful thinking.

Estas órdenes son simbólicas hasta cierto punto. Sirven más como herramienta de presión que como medio de acusación, pues la posibilidad de que los tres oficiales visiten Europa es bastante lejana. Algunos opinan que las órdenes disminuirían su rol en el futuro de Siria y escribirían un final para su vida política, y que las negociaciones deberían excluirlos de los puestos de vigilancia durante la fase intermedia. Sin embargo, no existen garantías de que así será. Por ahora, estas opiniones son meras expresiones de deseos.

Siria no es firmante del Estatuto de Roma y por lo tanto, los intentos de remitir la situación a la Corte Penal Internacional han sido vetados reiteradas veces por Rusia y China –dos potencias con derecho a veto en el Consejo de Seguridad de Nacionas Unidas y devotos aliados de Assad–, lo que ha bloqueado la posibilidad de investigación de crímenes de guerra en Siria y de llevar a los criminales frente a la justicia.

Las familias de las víctimas quedan con pocas opciones además de la jurisdicción extraterritorial, definida como la capacidad legal de un Gobierno para ejercer autoridad legal más allá de sus fronteras nacionales. Activistas sirios y familias de víctimas han estado llevando casos fuera de Siria en sus países de residencia, como Alemania, Suecia y Francia.

En agosto de 2010, el Parlamento francés adoptó una ley que da a las cortes francesas jurisdicción sobre los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en otro país. Bajo la ley francesa, cualquier sospechoso que haya sido encontrado en territorio francés puede ser procesado y juzgado en Francia por cargos de tortura. Por lo tanto, las víctimas de tortura y desaparición forzada pueden presentar una queja con el fiscal francés independientemente de su país de residencia.

Sin embargo, la esperanza de tener justicia y compensación ha disminuido. En julio de 2018, el Gobierno sirio emitió una cantidad sin precedentes de avisos de muerte de detenidos políticos, cuya causa de muerte son «ataques al corazón».

Las órdenes de arresto pueden desterrar una sensación de apatía por el destino de los cientos de miles de víctimas de la guerra siria. La rendición de cuentas es crucial para reparar a la Siria azotada por la guerra y muchos esperan que las órdenes judiciales sean un paso importante en esta dirección.