Manifestación del 24 de julio contra los arrestos por publicaciones en línea en el Líbano. Fotografía de Hasan Shaaban, usada con autorización.

Timour Azhari, periodista del periódico libanés DailyStar, enfrenta un juicio por informar sobre las acusaciones de abusos de una inmigrante etíope a manos de sus jefes en el Líbano. Azhari también ha escrito para Global Voices.

En marzo de 2018, Lensa Lelisa acusó a sus jefes, que dirigen una lujosa compañía de moda, de practicar abusos contra ella. Desesperada por escapar, saltó del balcón del segundo piso, y se rompió las piernas. Luego, describió su experiencia en un video que fue ampliamente difundido en la red.

Cuando la dieron de alta del hospital, sus jefes la llevaron de vuelta a su casa, a pesar de las acusaciones de abuso. Lelisa apareció posteriormente en un programa de televisión, en el que se retractó de su historia, y dijo haberse caído por accidente.

Lensa (izquierda) con su tía Ganneth (derecha). Imagen difundida por amigos de Lensa en las redes sociales, y usada con autorización.

Los trabajadores domésticos que migran al Líbano son obligados a trabajar y vivir en condiciones difíciles bajo el infame sistema de «kafala» (patronato). El sistema permite a los patrones (compañías o ciudadanos) una «serie de capacidades legales» para controlar a los trabajadores, lo que los hace vulnerables al abuso. Sin el permiso de sus patrones, los trabajadores no pueden cambiar de trabajo ni dejarlo, ni tampoco salir del país. La Organización Internacional del Trabajo, agencia de Naciones Unidas, dice que el sistema deja a los trabajadores a merced del trabajo forzado.

Después de informar de la historia de Lelisa, Azhari fue acusado de difamación por un artículo publicado en las ediciones digital e impresa del DailyStar el 28 de marzo, en los que describía las acusaciones de Lelisa contra sus jefes. El caso contra Azhari también incluye tuits periodísticos que publicó mientras informaba para su periódico de una protesta frente a la casa y oficina de los patrones de Lelisa.

Bajo presión de las autoridades, el periódico retiró luego el artículo de su sitio web, aunque sigue estando disponible en el blog de Azhari. Otro artículo sobre la protesta se mantiene todavía en el sitio web del DailyStar.

Azhari se enfrenta a una multa por su reportaje. Fotografía: perfil de Twitter del periodista.

Azhari fue interrogado en junio ante la execrable Oficina de Ciberdelito del Líbano. Cuando Global Voices habló con Azhari sobre el procedimiento, describió que un investigador lo acusó de «ponerse partido. Las autoridades le pidieron que eliminase sus tuits relacionados con el caso de Lelisa, con el argumento de que una investigación policial había demostrado la inocencia de sus jefes. La policía también capturó por la fuerza información confidencial de su teléfono.

Between my questioning and time spent waiting in the interrogation room, I was at the Bureau for 8 hours. My phone was searched, confidential information on an anonymous source was seized from it, and I was made to delete my tweets.

Entre el interrogatorio y el tiempo que pasé esperando en la sala de interrogatorios, estuve en la Oficina ocho horas. Registraron mi teléfono, tomaron información de una fuente anónima, y me obligaron a borrar mis tuits.

La oficina también le pidió que firmase un documento prometiendo no volver a hablar del caso, pero se negó.

La Oficina de Ciberdeilto fue establecida en el Líbano en 2006 para fortalecer las facultades de seguridad en línea del Estado libanés en la era digital es por donde pasa la mayoría de interrogatorios a periodistas, activistas y blogueros con respecto a sus publicaciones en internet.

Aunque la ley libanesa incluye la protección de la libertad de expresión y prensa, insultar al presidente, el Ejército, la religión o la bandera puede resultar hasta en tres años de prisión y fuertes sanciones económicas. Las leyes contra la difamación y la calumnia son también cada vez más utilizadas por políticos, representantes de grandes empresas y particulares para conseguir interrogar y enjuiciar activistas, y arremeter contra las voces críticas de la red.

El 1 de agosto, la ONG local Social Media Exchange, dedicada a las políticas de internet, documentó al menos 16 casos de personas interrogadas con respecto a sus publicaciones en línea.

El juicio de Azhari empezó el 27 de noviembre en el tribunal de publicaciones de la ciudad de Baada, pero fue pospuesto al 26 de febrero, cuando la parte demandante y su abogado no se presentaron en el tribunal, según dijo. Si resulta condenado, tendrá que pagar una multa.

Mientras el juicio avanza, Azhari continuará haciendo su trabajo e informando sobre las historias que importan. «Si ha conseguido algo [el juicio], ha sido motivarme a continuar cubriendo las injusticias, incluidas las historias relacionadas con el abuso a los trabajadores inmigrantes en el Líbano», dijo.