Presentamos historias de defensores de derechos humanos de la periferia de São Paulo

DJ Leo Sheik es activista del derecho a la vivienda | Foto: Andressa Oliveira/Divulgación/Usada con autorización

El siguiente reportaje, escrito por João Paulo Brito, fue publicado originalmente en el sitio de la Agência Mural y se reproduce aquí como parte de un acuerdo para compartir contenido.

João Paulo Alencar, “Todyone”, de 35 años, es artista plástico y hace jornadas de grafiti en Guaianases, barrio de São Paulo. Cerca de allí, en Lajeado, Keli de Oliveira Rodrigues, de 38 años, coordina un centro que atiende a mujeres víctimas de violencia doméstica. El líder comunitario Rodrigo Olegário, de 41 años, se hizo conocido por reivindicar mejores condiciones en su barrio, Vila Icaraí, en Brasilândia. Por su parte, Leandro Mendes dos Santos, conocido como DJ Leo Sheik, de 26 años, se ganó el respeto de los habitantes de Morro da Kibon, en Santo André, ciudad de la región metropolitana, por su dedicación en conseguirle techo a quien nunca tuvo casa.

Todos tienen en común el hecho de vivir en las periferias de la Gran São Paulo y cada uno, a su manera, dedica su vida en pro de una causa y de la defensa de derechos que ya existen y que deberían estar garantizados.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos contiene 30 artículos que van desde los derechos a la cultura y al ocio, a la salud y al bienestar, a la vivienda y a la vida, hasta la exigencia de que no haya violencia ni tortura.

Y hace dos décadas, el 9 de diciembre de 1998, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en reunión plenaria la «Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos».

El racismo es un tema que aparece en los grafitis de Todyone (Divulgación/Usado con autorización).

Activista x defensor(a)

¿Pero qué define a un activista o defensor de derechos humanos? Hay estereotipos relacionados a ese concepto, explica Ana Claudia Cortez, de 28 años, graduada en Relaciones Internacionales, Ciencias Sociales y magíster en Derechos Humanos.

El primero de ellos es el hecho de que el activismo sea visto como una forma de ataque al Estado, un intento de perjudicar el funcionamiento del gobierno. Otra cuestión particular en Brasil, según la especialista, es que ambos términos están ligados a los movimientos de izquierda y a la palabra “ideología”, lo que en Brasil tiene un fuerte vínculo con grupos progresistas.

“Otro estigma que está arraigado es que quien defiende derechos humanos es defensor de bandidos o que estaría ligado a la delincuencia. Pero lo que las personas no entienden es que la garantía del derecho de una persona depende de la garantía del derecho de todos”, dice Cortez.

El pernambucano Todyone se considera activista, pero no defensor de derechos humanos. El artista plástico desarrolló el concepto de “grafiti comunitario” y, desde 2009, realiza jornadas que atraen anualmente a decenas de grafiteros para pintar los muros del lugar.

Al lado de su socio Nômade, con el proyecto Grafite Griot (“griot” significa contador de historia en yoruba, lengua nigerocongolesa), rescata con la pintura el concepto de educación africana aliado a la realidad urbana.

“No logro atribuirme ese nombre [de defensor de derechos humanos]. Es surrealista. Tal vez para un playboy que nunca vio que un niño debe vender la leche que le dan en la escuela para comprar cosas para su casa es más fácil considerarse así, pero para mí ese es un nombre muy serio”, explica. Aun así, confiesa haber sido amenazado por su trabajo.

También actuando entre la admiración y la hostilidad, Leo Sheik se convirtió en líder espontáneo para los habitantes de Morro do Kibon, en la ciudad de Santo André, después de ocupar un terreno que llevaba décadas sin usar y de transformarlo en una invasión residencial, donde viven cerca de 180 familias.

Hoy, se divide entre el arte, su familia (esposa e hijo) y la coordinación de la invasión. Es DJ y productor cultural, y mediador en discusiones en la invasión como conflictos conyugales y disputas por espacios. Leo recuerda su infancia pobre en otra invasión cuando, a los 5 años de edad, enfrentó un proceso de embargo y se vio sin casa.

“Todos tenemos derechos. La vivienda es un derecho nuestro, y también el derecho a la cultura y al ocio”, explica. Pero su dificultad está en concebir el término activista: “creo que no conozco el significado completo de esa palabra. ¿Podrías explicármelo?”.

En Brasilândia, que históricamente figura en la lista de distritos con algunos de los peores indicadores en el Mapa de la Desigualdad, realizado por la Rede Nossa São Paulo, Olegário comenzó a militar justamente debido a su inquietud frente a las estadísticas.

En la lucha para cambiar la cara de su barrio, en 2011 creó el “Programa Barrio Limpio: Quien lo ama lo cuida”, que combate el desecho de basuras irregulares en la comunidad.

Sin embargo, las buenas intenciones de Olegário no bastaron para impedir que sufriera insultos y humillaciones. Los incidentes solo lo incentivaron a “buscar bagaje” en cursos en la Cámara Municipal, en colectivos contra el exterminio de la juventud negra, pobre y de la periferia, y en el Núcleo de Estudios Penales de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo (PUC). Hoy, da conferencias a jóvenes y adultos y trabaja para dar a conocer temas como la promoción de la ciudadanía, combate al encarcelamiento en masa y racismo.

Para Keli, el trabajo que desarrolla en Casa Viviane, centro que actúa en la prevención y el combate a la violencia doméstica en el barrio de Lajeado, no puede verse como activismo, pues recibe una remuneración para ser la coordinadora de la institución.

“Hay una línea tenue entre ser activista o no. Lo que hago es un trabajo comprometido con actividades activistas”, explica. No obstante, debido a su larga trayectoria de militancia, con pasos por la Pastoral da Juventud, entidad vinculada a la iglesia católica, y al Instituto Paulista de Juventud, la socióloga feminista se considera “totalmente” defensora de los derechos humanos.

Por defender a mujeres víctimas de violencia, Keli fue víctima de amenazas telefónicas anónimas. Eso no le impidió seguir desarrollando actividades en el centro, como el Chá Lilás (“té lila”), donde mujeres del barrio encuentran un espacio seguro para desahogar los dolores de una vida marcada por el machismo y por la misoginia.

“Debemos tener la idea de que vivimos en un país que es muy arisco y adverso a la defensa de los derechos humanos. No es porque sí, muchos militantes cayeron por ahí y creo que vamos a vivir momento aun más penosos”, estima.

Según Ana Claudia Cortez, es común la confusión entre los términos “activista” y “defensor de derechos humanos”. Mientras un activista es quien actúa en favor de una determinada causa, un defensor de derechos humanos es quien se dedica a ser activista en favor de una causa específica, la defensa de uno o más derechos humanos.

“No todo activista es defensor de derechos humanos. Existen activistas que enfocan su actuación en cuestiones que están contra el avance de los derechos humanos. Y sus acciones conllevan retrocesos en derechos ya garantizados”, explica.

Brasil despunta como el país más peligroso para defensores de Derechos Humanos y Ambientales del mundo, según Global Witness (informe de Global Witness)

Quién defiende a los defensores

Más común que la confusión entre los conceptos de derechos humanos ha sido su criminalización. Además de acoso en redes sociales, también se convierte en persecuciones, amenazas y ejecuciones.

Según la organización internacional Global Witness, Brasil ocupa la primera posición en la lista de países que más asesinan defensores de derechos humanos, sociales y ambientales en el mundo. Los datos más recientes son de 2017, y dan cuenta de 57 muertes, con lo que supera a Filipinas (48) y a Colombia (24).

Personajes históricos, como Chico Mendes, Dorothy Stang, Nilce de Souza, Nicinha y, más recientemente, Marielle Franco y Moa do Katendê son apenas algunos ejemplos.

En el contexto del Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos realizados en Brasil, la entonces presidenta Dilma Rousseff aprobó una ley supuestamente “antiterrorista”. Para muchas organizaciones de la sociedad civil, el texto representa un grave retroceso y una amenaza a los movimientos sociales, ya que puede criminalizar la acción de esos grupos.

Ahora, además de que el Congreso debate otra ley que puede afectar los movimientos sociales. Incluso durante las elecciones, el presidente electo Jair Bolsonaro declaró que pondría “punto final a todos los activismos de Brasil”. No obstante, hay otros discursos que intentan hacer contrapeso al futuro presidente. Durante la diplomação de Bolsonaro (ceremonia que reconoce que puede asumir la presidencia del país, similar al acto de entrega de credenciales), la ministra (magistrada) del Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, dijo:

“La democracia es también un ejercicio constante de diálogo y de tolerancia, sin que la voluntad de la mayoría, cuya legitimidad no se discute, busque suprimir o sofocar la opinión de los grupos minoritarios, ni mucho menos privar ni comprometer los derechos constitucionalmente asegurados”.

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