Misa del cardenal George Pell por la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, 2011. Imagen cortesía de la cuenta de Flickr de la Iglesia católica de Inglaterra y Gales (CC BY-NC-SA 2.0).

El 11 de diciembre de 2018, un tribunal de Victoria declaró culpable de abuso sexual al cardenal australiano George Pell, tercer funcionario de mayor rango del Vaticano.

Pero los medios australianos no han estado informando sobre el juicio ni su desenlace. A pesarde la enorme importancia de Pell en la Iglesia católica, y como figura pública, su juicio se mantuvo en secreto, tras la ejecución del secreto que impuso un tribunal del estado de Victoria y que se aplica en toda Australia. Se impuso después de que el tribunal aceptase que, de conocerse la identidad del acusado en el primer juicio, podría crear prejuicios en otro proceso que se celebrará en marzo.

La fiscalía pidió que el caso se protegiese bajo reserva original en mayo de 2018 «para evitar un riesgo real y sustancial de prejuicios que dificulten la adecuada administración de la justicia». No es inusual que se aplique la reserva para separar juicios si se cree que las noticias de uno pueden afectar a los que vengan después.

Los periodistas pueden enfrenta penas de cárcel por violar una orden de reserva, y las acciones legales pueden extenderse a nuevos medios.

A pesar de la orden, la noticia del veredicto salió a la luz. The Daily Beast fue el primero en informar de la noticia, seguido de la revista jesuita America Media. La Agencia Católica de Noticas, con sede en Estados Unidos, siguió la noticia, pero luego bloqueó el acceso a los lectores localizados en Australia. Los medios tradicionales tardaron más en aplicar la mediad a pesar de las burlas en redes sociales. Varias portadas nada sutiles hacían referencia al juicio, pero no revelaron realmente el veredicto.

En un artículo subtitulado «Por qué no puedes leer lo que quieres leer», The Guardian explicó que las reservas suelen aplicarse para proteger testigos, garantizar un juicio justo, o intereses de seguridad nacional.

«Pueden abarcar mucho, restringir casi toda —a veces sin ‘casi'— la información acerca de un juicio, o abarcar poco y ocultar solo el nombre de una persona», apunta el artículo. En este caso, la orden es relativamente amplia. Si bien la orden podría haberse limitado a proteger únicamente las identidades de los particulares afectados por el caso o el proceso judicial, se cubrió más terreno.

El magistrado jefe Kidd de la Corte Municipal ha expresado abiertamente su rabia por la cobertura de la prensa. El 14 de diciembre, la fiscalía pública solicitó a la Corte una nueva orden de reserva para toda la información referente al caso o sus documentos asociados. La prohibición se extendería a «cualquier página web u otro formato de retransmisión electrónica accesible dentro de Australia».

Chris Graham del noticiario independiente en línea New Matilda escribió que la orden abarcaba tanto que «de ser aceptada, prohibiría informar incluso de la propia prohibición».

Prohibir o no prohibir, hablan los intereses

El hermetismo que rodea el veredicto ha reinado desde entonces en las redes sociales australianas, el nombre de George Pell se elevó a lo más alto de las tendencias de Twitter de Australia, y los usuarios de Wikipedia actualizaban el artículo de George Pell para reflejar el veredicto. La reserva solamente ha conseguido elevar el conocimiento público acerca del caso en la red.

El debate en línea incluyó muchas cuestiones de la reserva existente. La periodista de investigación Jess Hill tuiteó:

There are days to be warriors against press censorship. Today is not that day. The suppression order is not censorship – it's there to protect the ongoing court process, & prevent defense lawyers from crying foul. It's not about us.

— Jess Hill (@jessradio) December 13, 2018

Hay días para ser guerreros contra la censura de prensa. Hoy no es ese día. La reserva no es censura: está ahí para proteger un proceso judicial en desarrollo, e impedir que los abogados defensores griten que ha habido juego sucio. No se trata de nosotros.

Otros trataron de advertir sobre las posibles ramificaciones resultantes de ignorar la reserva:

The suppression order that has reportedly been made in relation to a high-profile Victorian court case applies to everyone, not just media companies and journalists. If you share links to overseas media reports you are potentially in contempt of court. Don’t do it.

— Paul Kidd (@paulkidd) December 12, 2018

La orden de reserva que supuestamente se impuso en relación a un importante caso de un tribunal de Victoria se aplica a todos, no solo a los medios y periodistas. Difundir enlaces de información del extranjero es potencial desacato. No lo hagas.

Sin embargo, muchos en Twitter se indignaron ante lo que interpretaron como un encubrimiento:

I am disgusted that the George Pell story is not being reported in Australia. Never did I think censorship on this scale could happen here. Why does this monster deserve to be protected from public scrutiny? I'm sorry, but this country has gone to shit. #GeorgePell

— Shane Miles (@Tkbn3812) December 13, 2018

Me repugna que no se informe sobre la historia de George Pell en Australia. Nunca pensé que una censura de este calibre pudiese pasar aquí. ¿Por qué merece este monstruo ser protegido del escrutinio público? Lo siento, pero este país se ha ido a la mierda.

A L le preocupaba que, en ausencia de la verdad, las mentiras llenaran el vacío.

The alleged suppression order on #georgepell is allowing fake news and hearsay and speculation take the place of reputable news sources. The effect will be a mix of truth and lies that one will have a hard time separating. #auspol

— L (@theblabberdook) December 12, 2018

La supuesta orden de reserva de George Pell permite que las noticias falsas, las habladurías y la especulación tomen el lugar de fuentes de información respetables. El efecto será una mezcla de verdad y mentiras que un día será difícil separar.

En el extranjero, la cobertura se ha expandido rápidamente a los medios tradicionales. Comentando las implicaciones del interés público en la reserva, Margaret Sullivan, columnista del Washington Post, escribió:

The secrecy surrounding the court case — and now the verdict — is offensive. That’s especially so because it echoes the secrecy that has always been so appalling a part of widespread sexual abuse by priests…

Steven Spaner, Australia coordinator from the Survivors Network of Those Abused by Priests told the Daily Beast he felt frustrated and left “in the dark” because of the suppression of news about Pell.

El hermetismo que rodea el caso —y ahora el veredicto— es ofensivo. Especialmente porque amplía el hermetismo que siempre ha sido una parte tan terrible de los abusos sexuales generalizados de sacerdotes…

Steven Spaner, coordinador de Australia de la Red de Supervivientes de los Agredidos por Sacerdotes, dijo al Daily Beast que se sentía frustrado y olvidado «en la oscuridad» por la reserva sobre las noticias sobre Pell.

Pero algunos han criticado la postura de Sullivan:

Your piece conflates the court suppression order with the church’s coverup of sexual abuse. This is absolutely incorrect. The suppression order was issued to protect the integrity of other pending cases, not to cover up abuse.

— Ronnie (@felixroni) December 14, 2018

Tu artículo fusiona la orden de reserva de la corte con el encubrimiento de abusos sexuales por parte de la Iglesia. Esto es totalmente incorrecto. La reserva se expidió para proteger la integridad de otros casos pendientes, no para cubrir abusos.

La reserva se ha convertido en un tema más y más polémico en Australia por varias razones. Ha habido preocupación por su uso excesivo, que provocó que el Gobierno de Victoria buscara una revisión de la legislación relevante para «reforzar la presunción en favor de una justicia abierta y la divulgación de información en los tribunales de Victoria».

Además, los pedidos de reserva se han quedado obsoletos en la era de internet, con cobertura informativa internacional y redes sociales. Por si fuera poco, algunos argumentan que son una amenaza para la libertad de expresión y la transparencia judicial. Andrew Dodd, director del Centro por el Avance del Periodismo, analizó las implicaciones del «secreto peor guardado de la nación»:

The rules are now clearly a farce. They are overly paternalistic and the public does have a right to know. But people also have a right to a fair trial and the media can and does trample on the process. I would hate to think that media reporting on this case meant the next trial could not proceed because it’s impossible to find an untainted jury.

Las reglas son ahora, claramente, una farsa. Son excesivamente paternalistas, y el público sí tiene el derecho a saber. Pero la gente también tiene derecho a un juicio justo y los medios pueden, y logran, pisotear el proceso. Detestaría pensar que el hecho de que los medios informen sobre este caso significara que el próximo juicio no procedería por la imposibilidad de encontrar un jurado imparcial.

Esto podría dejar a los tribunales en una situación de desventaja en sus esfuerzos de proteger los derechos del acusado y de las víctimas al asegurar un juicio justo.

El cardenal está actualmente de licencia de su pueto a cargo de la Secretaría de Economía del Vaticano mientras se enfrenta a estas y otras acusaciones. Por su parte, el papa Francisco ha eliminado a Pell de su Consejo de Cardenales. Aparentamente, la decisión fue tomada antes del veredicto del jurado.

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