El colectivo Digital Revolution dio a conocer los documentos filtrados con la etiqueta #KvantNash. Foto: captura de pantalla del sitio web de Digital Revolution.

Este artículo escrito por Almaz Kumenov es de nuestro sitio web asociado EurasiaNet.org. Se reproduce con autorización.

Se informó que Kazajistán ha adoptado software en línea elaborado por los servicios de seguridad de Rusia que está diseñado para detectar ánimos de protesta entre la población.

El 19 de diciembre, el colectivo ruso Digital Revolution, especializado en piratería informática, publicó en su sitio web documentos escaneados que sostenían eran la prueba de un mecanismo que rastrea sistemáticamente noticias en línea y medios sociales en busca de evidencia de descontento del público. Los miembros del colectivo dicen que encontraron los documentos tras entrar en los servidores del Instituto de Investigación Científica Kvant, unidad al interior de los Servicios Federales de Seguridad de Moscú, FSB.

Según los documentos filtrados, Kvant usa redes neurales artificiales para analizar actividad en Facebook e Instagram, y sus similares rusas VKontakte y Odnoklassniki, para detectar frases claves que puedan indicar descontento político.

Según un informe de la BBC rusa, Kvant era una unidad de investigación responsable de producir las primeras computadoras soviéticas en la década de 1970. En 2018, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó a Kvant como una agencia que intenta desestabilizar a Estados Unidos. En la misma declaración, el Departamento del Tesoro afirma que en 2010 Kvant fue designada como empresa federal estatal unitaria bajo la tutela del FSB.

La BBC rusa informa ahora que Kazajistán parece haber elaborado un sistema similar al que tiene Russia.

En enero de 2018, el Ministerio de Información y Comunicaciones reveló que ha destinado cerca de cinco millones de dólares para la creación de un sistema automatizado de supervisión del espacio de información. El ministerio dijo que el objetivo era contener las incitaciones al terrorismo, extremismo y suicidio. El programador sería elegido por medio de una licitación pública y el trabajo debería estar terminado hacia fines de 2018.

La BBC rusa informa no haber encontrado documentación gubernamental que confirme la adquisición del equipo requerido. Pero Digital Revolution ha detectado algunos rastros.

Según un documento que el colectivo ha puesto en línea, un sistema similar se ideó para Kazajistán en Moscú en 2017. De manera confusa, el contratista de esta operación era una organización de investigación de Kazajistán que también se llama Kvant, mientras el subcontratista era Kvant con sede en Moscú.

La aparentemente privada Kvant de Astaná afirma en su sitio web que ha estado analizando grandes datos desde 2015, y que ofrece servicios a varias empresas internacionales de tecnologías de la información. Lyazzat Shakimova, propietaria de Kvant, confirmó a BBC en ruso que su empresa estaba trabajando en un sistema de vigilancia, pero negó haber tenido contacto con la Kvant rusa.

El Ministerio de Información y Comunicaciones no ha hecho comentarion públicos sobre el informe de la BBC en ruso.

El restrictivo control gubernamental del espacio en línea en Kazajistán ha tenido consecuencias en la vida real para innumerales usuarios de internet.

Muchos se quejan de que la velocidad baja casi todas las noches en lo que se sospecha es un intento del Gobierno de limitar el aceso a contenido en vivo realizado por una detestada figura opositora en el exilio.

Además, los fiscales han dado un ejemplo de varias personas que se cree usan recursos en línea, como Facebook, para expresar su descontento con el manejo del país. A fines de noviembre, una corte de Almaty sentenció a un hombre a cuatro años de prisión cuando se supo que había dado “asistencia de información” a un grupo opositor ahora prohibido, la Opción Democrática de Kazajistán.

La fundación Open Dialogue, con sede en Varsovia, identificó recientemente que el demandado en este caso es una de 30 personas en Kazajistán que han debido enfrentar procedimientos legales entre marzo y octubre de 2018 en represalia por publicaciones críticas en medios sociales o aplicaciones de mensajería.