[1]Imagen del dibujante venezolano Eduardo Sanabria. Usada con autorización.
Cuando Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, invocó el artículo 233 de la Constitución venezolana para asumir temporalmente facultades ejecutivas [2], empezó un nuevo capítulo del conflicto político [3] en Venezuela.
Para quienes están a favor de Nicolás Maduro, Guaidó está realizando un golpe de estado con la ayuda de Estados Unidos. Para quienes están en su contra, Guaidó solamente actúa a tenor de lo que dispone la propia Constitución Bolivariana de 1999, redactada poco después de la primera victoria electoral de Hugo Chávez.
A medida que se desarrolla una amarga disputa entre las dos perspectivas en medios sociales, surgen preguntas difíciles: ¿es legítima la estrategia de Guiadó? ¿En qué varía de intentos antidemócraticos del pasado, en los que un líder opositor con respaldo extranjero tomaba el poder en un país latinoamericano? ¿Facilitará una transición gubernamental pacífica en Venezuela? ¿Detendrá los abusos de los derechos humanos, [4] el quiebre democrático, la catástrofe económica [5]?
Y tal vez más importante, ¿qué rol tendrán los propios venezolanos en esa transición?
Para empezar a responder esas preguntas, probablemente habría que empezar con las muy criticadas [6] elecciones presidenciales de 2018, cuyos resultados dieron un segundo mandato de seis años a Maduro.
La elección se programó inicialmente para diciembre de 2018, pero fue repentinamente fue adelantada seis meses [7], presuntamente porque Maduro quería aprovechar el impulso tras las exitosas –y también muy controvertidas– elecciones municipales de 2017.
El nuevo cronograma encontró objeciones de algunos entes internacionales, como la Organización de Estados Americanos [8] (OEA), el Parlamento Europeo [9] y el Grupo de Lima [10], que han adoptado resoluciones en ese sentido.
En la víspera de las elecciones de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ente afiliado a la OEA, publicó un documento [11] que expresa «profunda preocupación por la falta de condiciones mínimas necesarias para la realización de elecciones libres, justas y confiables en Venezuela».
El documento destaca la inhabilitación del Consejo Nacional Electoral (CNE) de partidos de oposición sobre la base de causales «no establecidas en la ley». La justificación del Gobierno fue que la oposición había boicoteado [12] elecciones municipales anteriores.
El documento también destaca que la convocatoria apresurada a elecciones ha afectado la participación de los nuevos electores y venezolanos que viven en el extranjero.
Lo que dice el artículo 233
El artículo 233 estipula [13] lo que se debe hacer en caso de muerte, renuncia o destitución del presidente por resolución de la Corte Suprema, incapacidad declarada certiificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional, abandono del cargo. En teoría, esta última disposición es la que sustenta el argumento [14] de Guaidó a la presidencia: que el puesto quedó «vacante» después de las ilegítimas elecciones de 2018, y por lo tanto, Maduro estaba usurpando [15] la presidencia en su toma de mando del 10 de enero. En ese caso, el presidente de la Asamblea Nacional debe asumir el cargo temporalmente y convocar a nuevas elecciones.
El investigador George Cicarello-Maher dice [16] que la acción de Guaidó es un intento ilegal de tomar el poder:
So call it what you want: attempted regime change, a putsch, a “soft” coup—the military hasn’t supported it—just don’t call it constitutional. The opposition strategy is based on Article 233 of the Constitution, which grants the National Assembly the power to declare a president’s “abandonment” of the office. Of course, the kicker is that Maduro hasn’t done anything of the sort, and only the Supreme Court can disqualify sitting presidents.
Llámenlo como quieran: inento de cambio de régimen, golpe, golpe «suave» —el Ejército no lo ha apoyado— pero no lo llamen constitucional. La estrategia de la oposición se basa en el artículo 233 de la Constitución, que concede a la Asamblea Nacional la facultad de declarar el «abandono» del puesto de un presidente. Por supuesto, el giro aquí es que Maduro no ha hecho nada así, y solamente la Corte Suprema puede descalificar a presidentes en ejercicio.
En contraste, Paula Vázquez, especialista venezolana del Centro Nacional para la Investigación Científica, dice que calificar la acción de Guaidó como golpe de Estado es «irresponsable». En una entrevista con el medio francés l'Obs [17], Vázquez dijo que el uso de ese término es «manipulación [a la opinión pública…]». También pregunta cómo la acción de Guaidó puede ser considerada golpe de Estado «¿sin uso de fuerza? ¿Sin militares?».
Muchos partidarios de Guaidó muestran su desacuerdo con los medios de describen su acción como una «autoproclamación [18]«. En el sitio web local Prodavinci [19], el abogado constitucionalista José Ignacio Hernández dijo: «en su declaración del 23 de enero ratificó el cumplimiento del deber que le impone el artículo 233 de la Constitución, a saber, encargarse de la Presidencia de la República, dado que no hay en Venezuela un presidente electo».
«Este no es un conflicto de izquierda y derecha»
Cuando los jefes de Estado de Estados Unidos, la Unión Europea y Latinoamérica reconocieron a Guaidó [20] como líder legítimo de Venezuela, muchos expresaron su temor de que su decisión tenía las características de una intervención extranjera. En este aspecto, Venezuela estaba a punto de protagonizar otro capítulo de la larga historia de golpes respaldados por Estados Unidos en la región [21]. Sin embargo, otros ven el apoyo regional a Guaidó como una respuesta compasiva, internacionalista a un régimen que ha perjudicado a su pueblode muchas maneras.
En una carta abierta publicada en medios de comunicación en Latinoamérica [22] y Europa, 120 académicos latinoamericanos y europeos afirmaron que las acciones de la Asamblea Nacional, junto con intervenciones extranjeras, supondría una «profundización de la crisis y el desencadenamiento de un conflicto interno armado». Eso haría que Venezuela sería «ser objeto de rapiña por diferentes intereses internacionales, como ha sucedido en otras regiones del mundo como consecuencia de intervenciones imperialistas recientes».
Pero para Pedro Sánchez [23], experto venezolano que vive en Frencia, con quien hablé por teléfono, no es plausible encuadrar el conflicto venezolano a la luz de las experiencias del siglo XX de Cuba [24] o Chile [25].Dice: «El imaginario en torno a la relación entre Latinoamérica y Estados Unidos es tan poderoso que hasta olvidamos que en este caso en particular hay otros países involucrados».
Para Sánchez, la posición de la Casa Blanca sobre Venezuela contrasta con su política migratoria, representada principalmente por el muro con México que propone Trump, o el despliegue militar en la frontera sur de Estados Unidos ante la llamada «caravana migrante» de Centroamérica. «Ciertamente, en las décadas de 1960 y 1970, las cosas se hacían de esa manera, pero eso no es lo que está ocurriendo ahora. En nuestra hipótesis, hay una gran diferencia en la [estrategia de Venezuela] de Trump y el resto de su política exterior», dijo.
Sin embargo, dice que también «vemos un teatro de sombras», lo que significa que el público sabe muy poco de los que ocurre tras bambalinas.
«Ya no estamos en las décadas de 1960 y 1970. ¿Por qué esto está pasando ahora y no antes? […] Porque ahora, Estados Unidos solamente puede hacer cosas en la medida en que haya una alianza de países vecinos que lo respalden», agregó.
La crisis venezolana ha tenido gran impacto en la región, casi 3 millones de venezolanos [26] han salido del país, lo que ha tenido consecuencias en las condiciones de salud [27] de la región, entre otras cosas.
La analista política venezolana Margarita López Maya coincidió con Sánchez en una declaración que publicó en su perfil de Facebook [28]:
..desde hace ya al menos dos años dejó de ser un conflicto polarizado entre derecha e izquierda, donde ambos polos son responsables de las penurias y masivas violaciones a todos nuestros derechos humanos. […] Desafortunadamente, estos intelectuales críticos no pueden apreciar este cambio de paradigmas, ni el esfuerzo hecho por los partidos políticos opositores, porque su diagnóstico está demasiado condicionado por una ideología de izquierda todavía anclada en el siglo XX, donde se privilegia el antiimperialismo a la defensa de los derechos humanos.
El sitio colectivo venezolano Caracas Chronicles lanzó la campaña #AskAVenezuelan [29] [pregúntale a un venezolano], por el cual alientan a los venezolanos a responder análisis hechos por comentaristas extranjeros.
La campaña tiene el objetivo de tratar un fenómeno que los venezolanos en línea llaman «Venezuelansplaining [30]» [algo así como «venezolanos explican»], definida a continuación por el usuario de Twitter Thomas Schwarzer:
#VENEZUELASPLAINING [30] is the new tendency in social media, where people who have never lived in Venezuela, nor are Venezuelans, try to explain Venezuelans what according to them is happening in Venezuela https://t.co/6qsRWmiXJX [31]
— Thomas Schwarzer (@tomyschwarzer) January 28, 2019 [32]
#VENEZUELASPLAINING [30] es la nueva tendencia en medios sociales, en la que personas que nunca han vivido en Venezuela ni son venezolanos tratan de explicar a los venezolanos qué ocurre en Venezuela, según ellos.