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Netizen Report: Sitio de noticias filipino enfrenta acusaciones de “difamación en línea”

Protesta de Viernes Negro en la Ciudad Quezón, Filipinas, 19 de enero de 2018. Foto de Therese Reyes, difundida en Twitter.

El Netizen Report de Advox ofrece una instantánea internacional de los problemas, victorias y nuevas tendencias en materia de derechos de internet en todo el mundo. Este informe abarca las noticias y acontecimientos ocurridos entre el 1 y el 7 de febrero de 2019.

El Departamento de Justicia de Filipinas presentó cargos de “difamación en línea” contra el sitio de noticias independiente Rappler, y contra su directora ejecutiva, Maria Ressa, y el exempleado Reynaldo Santos. Los cargos surgen de una queja del empresario Wilfredo D. Keng contra un artículo de Rappler de 2012 donde lo vinculaban con el narcotráfico y el tráfico de personas.

Este es el último de varios desafíos legales, del Gobierno y de personas asociadas al sistema político, que enfrentó Rappler durante los últimos meses.

Rappler ha dado una cobertura agresiva sobre los asesinatos extrajudiciales vinculados a las drogas en Filipinas y ha sido un blanco frecuente de los ataques del presidente Rodrigo Duterte, quien varias veces acusó públicamente a Rappler de ser un “medio de noticias falsas”.

En enero de 2018, la Comisión de Valores y Bolsa de Filipinas revocó la licencia comercial de Rappler con la afirmación de que la empresa recibía financiación extranjera ilegal y era propiedad de entidades extranjeras. Rappler es de capital íntegramente filipino y ha recibido aportes extranjeros con pleno respeto por la ley local. Hace apenas dos meses, en diciembre de 2018, la fundadora y jefa de redacción de Rappler, Maria Ressa, fue acusada de fraude fiscal, y se emitió una orden de arresto en su contra, aunque luego quedó libre tras el pago de la fianza.

El Sindicato Nacional de Periodistas de Filipinas declaró que el intento de arresto contra Ressa era señal de que el gobierno de Duterte era capaz de llegar a “extremos ridículos para silenciar a aquellos con quienes no está de acuerdo”.

Facebook aborda el problema de la desinformación en Indonesia antes de las elecciones

Se acercan las elecciones generales de Indonesia, programadas para el 19 de abril, y las empresas de redes sociales están en alerta máxima contra las campañas coordinadas de desinformación. El 31 de enero, Facebook anunció la eliminación de cientos de perfiles, grupos y cuentas de Instagram vinculados al sindicato de medios de Indonesia, Saracen Group, conocido por propagar discurso de odio y engaños mediáticos. El grupo estuvo detrás de muchas campaña de desinformación en línea de gran escala y memes que apoyaban a algunos políticos y candidatos a cargos legislativos. Facebook explicó que Saracen Group ha sido eliminado de sus servidores por haber estado implicado en “conductas inauténticas coordinadas”,  que infringen las políticas de Facebook.

Las acciones de Saracen acapararon los titulares en 2017 y provocaron que el presidente Joko Widodo aplicara algunas medidas drásticas contra Saracen y otros grupos similares. Tres líderes del grupo enfrentaron causas penales, y dos fueron condenados bajo la ley de tecnologías de información de Indonesia. Uno cumple una pena de diez años de prisión y el otro pasará dos años en la cárcel.

Hasta los legisladores rusos quieren prohibir las noticias falsas

Un nuevo proyecto de ley de la Duma, la cámara baja legislativa de Rusia, penaría a personas y servicios web que “difundieran, adrede y con malicia, información falsa de importancia pública”.

De acuerdo con esta ley, las entidades acusadas de difundir desinformación que se considere promuevan la alteración del orden público y otras perturbaciones graves pagarían multas de hasta un millón de rublos (unos 15 000 dólares estadounidenses), a menos que eliminaran el contenido señalado en menos de 24 horas. El proyecto de ley también propone medidas para que Roskomnadzor, el regulador de medios ruso, ordene a los proveedores de internet el bloqueo de sitios web que alojen el contenido infractor.

Aunque la ley pasó con éxito la primera lectura, encontró una llamativa reacción opositora de algunas voces destacadas, como la fiscalía general, que señaló que sus imprecisas definiciones podrían ser perjudiciales para los derechos civiles de los ciudadanos.

Absuelven sorpresivamente a kazaja en caso de activismo a través de Telegram

En la ciudad kazaja de Aktau, el caso de una mujer acusada de fomentar el derrocamiento del Gobierno en un canal de Telegram fue sobreseído en un veredicto que sorprendió a muchos. Son muy raros estos sobreseimientos en el país, donde el Poder Judicial no es independiente, especialmente en casos tan politizados.

El veredicto en el caso del Estado contra Aigul Akberdi llegó varios meses después de que su esposo fuera condenado a tres años de prisión por cargos similares, tras ser declarado culpable de incitar al odio social con sus publicaciones contra el Gobierno en el mismo canal de chat de Telegram donde publicaba Akberdi. Ambos casos son ejemplos emblemáticos de los ataques del Gobierno a sus críticos y al extenso uso de aplicaciones de mensajería que hacen los grupos opositores, incluso los que están fuera del país.

Activista saudita no recibirá la pena de muerte

Arabia Saudita no busca la pena de muerte para la activista de la Shia, Israa al-Ghomgham, según informó a Newsweek la embajada del Reino en Londres el 31 de enero. Muchos grupos de derechos humanos denunciaron con anterioridad que la fiscalía de Arabia Saudita quería aplicar la pena de muerte a al-Ghomgham y a otros cuatro detenidos, que incluyen a su esposo, por su participación en las protestas contra el Gobierno que tuvieron lugar en Al-Qatif, en 2011.

Al-Ghomgham enfrenta ocho cargos, que incluyen “elaborar, enviar y almacenar material que podría alterar el orden público”, según señala el artículo 6 de la Ley de Delitos Informáticos de 2007. También está acusada de “llamar a marchas y poner a los jóvenes en contra del Estado y las fuerzas de seguridad a través de las redes sociales”, y de publicar en línea fotos y videos de estas protestas. Parece que su esposo y otros tres manifestantes sí enfrentan todavía la posibilidad de la pena de muerte.

Accidente subacuático corta internet en todo Tonga

Internet se cortó por completo en la nación insular de Tonga, en el Pacífico, entre el 20 de enero y el 2 de febrero, debido a un inexplicable daño en el único cable submarino de internet que abastece a la isla. Algunos funcionarios sospechan que lo destruyó el ancla de una embarcación grande, aunque, luego de evaluar los daños, las operadoras reconocieron que pudo haber sido un sabotaje.

En entrevista con Associated Press, un representante de Tonga Cable Ltd. declaró que las razones para que alguien quisiera dañar los cables “superan la imaginación de cualquiera”, y que se estaba llevando a cabo una investigación.

Autoridades de Nigeria responden a rumores de apagones de internet

En Nigeria, se está esparciendo el temor de que el Gobierno cortará internet durante las elecciones presidenciales que tendrán lugar el 16 de febrero. El 26 y 27 de enero, Quartz informó que su guía para seguir conectado durante un apagón de internet fue el artículo más visitado del sitio, con tráfico exclusivo de Nigeria.

El 2 de febrero, la Consejería de Seguridad Nacional emitió una declaración de prensa que buscaba disipar los rumores, donde enfatizaba que “‘apagar’ internet sería como apagar el desarrollo y la seguridad nacional” y se comprometía a garantizar que los nigerianos pudieran “ejercer libremente sus derechos civiles”. El tiempo dirá si las autoridades mantendrán su palabra.

En Japón, el gran hermano te hackea… por tu propio bien

Unos funcionarios japoneses orquestaron una masiva prueba de vulnerabilidad de los dispositivos con acceso a internet, como enrutadores, cámaras web y productos de “internet de las cosas”. Algunos técnicos del Instituto Nacional de Tecnologías de Información y Comunicación usarán técnicas estándar de hackeo para tratar de acceder a más de 200 millones de dispositivos, con el fin de evaluar el nivel general de ciberseguridad del país para prepararse para las Olimpíadas de Tokio de 2020.

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