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La represión contra el pueblo pemón sacude hoy las redes en Venezuela, pero el conflicto es de larga data

Un mural en la ciudad de Guarenas, al centro norte de Caracas, se solidariza con la comunidad pemón. Fotografía compartida por Provea en su cuenta en Instagram y usada con permiso.

El pueblo pemón pertenece a uno de los pueblos indígenas del tronco caribe que viven en Venezuela y en la frontera del país con Brasil y Guyana, en el estado Bolívar.

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2011, los indígenas pemón son el cuarto pueblo indígena más numeroso de Venezuela.

Con frecuencia los pemones se encuentran enfrentados con el gobierno de Venezuela por la militarización de sus territorios, los proyectos extractivistas sin consulta previa con las comunidades y la expansión de la minería ilegal.

Con los conflictos que han rodeado la entrada de la ayuda humanitaria a Venezuela el 22 de febrero se abre un nuevo episodio de conflicto que alarma a las organizaciones defensoras de derechos humanos dentro y fuera de Venezuela.

Juan Carlos La Rosa, de la Organización Indígena Intercultural Wainjirawa, expresó a Global Voices su profunda preocupación y la necesidad de que este episodio sea vigilado por la opinión pública:

Estamos hablando de la posibilidad de una masacre y es importante que la opinión pública mundial vuelque su mirada hacia los territorios indígenas […] Hoy el gobierno que levanta las banderas de defensa de la soberanía frente a una eventual invasión militar extranjera, es un gobierno que le entrega a esas mismas potencias y a otras potencias, las concesiones mineras del 12 % del territorio nacional.

De acuerdo con Crónica Uno, el 22 de febrero un grupo personas de la comunidad pemón buscó impedir el paso de agentes del gobierno que buscaban detener la entrada de la ayuda humanitaria proveniente de Brasil. Los agentes abrieron fuego y dejaron a una persona muerta y más 16 personas heridas, algunas de las cuales fallecieron días después.

El hospital de Boa Vista, que también atendió a varias de estas víctimas reportó haber recibido 23 heridos de bala, 13 de ellos de gravedad, entre el 22 y el 24 de febrero.

Para el 3 de marzo, los saldos se cuentan en siete muertos (cuatro de ellos indígenas del pueblo pemón) y más de 30 heridos.

Estos eventos saltaron a la prensa y circulan por las redes venezolanas. El hashtag #Pemon y #TodossomosPemon siguen los sucesos y comparten saldos e imágenes con indignación:

Otro ejemplo es el del profesor universitario Julio César Toro, que junto con muchos otros usuarios compartió una imagen de impacto que mostraba dos agentes del ejército llevando a una mujer pemón durante los enfrentamientos del 22 de febrero:

Como reacción a las represiones, las autoridades del pueblo pemón detuvieron a miembros del ejército. El número de militares retenidos por los pemón no está claro, distintos medios manejan distintas cifras. Sin embargo, en respuesta, el Servicio de Inteligencia (SEBIN), arrestó a nueve miembros de la comunidad que para el 24 de febrero permanecían desaparecidos, según reportó la organización defensora de derechos humanos, Foro Penal.

Días después, el 27 de febrero de 2019, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) tomó violentamente el aeropuerto de Santa Elena de Uairen, también en el estado Bolívar. En la toma detuvieron a tres indígenas pemones y, de acuerdo con un comunicado que suscribieron varias organizaciones y activistas de derechos humanos, los sometieron a torturas, tratos crueles e inhumanos. 

Las autoridades siguen buscando a quienes intentaron darle paso a la ayuda humanitaria entre el viernes 22 y el sábado 23 de febrero. Hasta el momento se han reportado 58 detenidos, entre ellos, 16 indígenas pemón. Además, hay al menos nueve personas que no han podido regresar a sus hogares por estar amenazadas, mientras el alcalde del municipio Gran Sabana, Emilio González, miembro de la comunidad pemón, se encuentra en resguardo.

La lideresa comunal y también miembro de la comunidad pemón, Lisa Henrito, denunció la “militarización progresiva” y los asesinatos desde el medio comunitario indígena La Guarura y luego dio testimonio en la revista SIC del Centro Gumilla sobre los hechos en Santa Elena de Uairén:

…hasta esta fecha y hora, martes, 26 de febrero 2019 a las 5:55 pm sigue la guerra psicológica, hostigamiento y persecución militar. La intimidación donde a cada rato pasan los tanques, los convoy full de efectivos militares, vehículos oficiales con supuestos efectivos de la policía allanando casas y en hora de la noche hay toque de queda, una situación que ya vienen afectando a nuestros ancianos y ancianas, a nuestros niños y niñas…

Una organización ancestral en riesgo por la militarización y la minería

En un comunicado publicado el 14 de diciembre de 2018, la Organización Intercultural Indígena Wainjirawa apuntó al contexto amplio de militarización de los territorios indígenas en Venezuela:

el Gobierno venezolano no está actuando hace mucho tiempo de buena fe ni con la madre tierra ni con los seres humanos, su interés [es el de] controlar militarmente el territorio pemón para empujar el Arco Minero en alianza con el crimen organizado, los grupos armados y sus aliados internacionales.

El proyecto al que hacen referencia, conocido como la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, o Arco Minero, es un proyecto extractivista promovido por el gobierno de Nicolás Maduro y de un altísimo costo humano y ambiental. Su objetivo es extraer minerales como oro, cobre, hierro, diamante y coltán en el estado Bolívar, una región de alta biodiversidad.

De acuerdo con reportes de El Nacional, este proyecto espera contar con la participación de 150 empresas provenientes de 35 países y trabajar sobre una extensión que correspondería al 12,4 % del territorio venezolano.

El Arco Minero se ejecuta sin estudios socioambientales y sin consulta a los pueblos y comunidades indígenas. Además, su extensión se solapa con Áreas Bajo Régimen de Administración Especial como parques nacionales, monumentos naturales y sitios sagrados.

Amnistía Internacional ha advertido cómo varios miembros de la comunidad pemón dedicados al activismo han sido señalados por altos mandos del ejército, acusados de participar en “movimientos secesionistas” al sur del país y luego perseguidos por las autoridades.

Juan Carlos La Rosa explicó también a Global Voices que el pueblo pemón ha logrado un nivel de organización autónomo en sus territorios que antagoniza con los planes de las autoridades gubernamentales. De acuerdo con La Rosa, uno de los objetivos de la militarización es resquebrajar la unidad de los pueblos indígenas y debilitar su presencia en el territorio:

[La unidad y la organización de los pemón] no le gusta a un gobierno que tiene un plan minero como el Arco Minero del Orinoco. [Tampoco] le gusta a las bandas criminales, consentidas de manera ya muy clara por el ente encargado de la administración de seguridad de la región y del negocio del oro y el coltán.  

La Rosa comentó también que los indígenas están en un contexto difícil sobre el que tienen muy poca influencia y en el  que se ven forzados a dar respuesta:

El pueblo pemón creó el Consejo de Caciques Generales del Pueblo Pemón, los liderazgos comunitarios y la Guardia Territorial Indígena Pemón, que no le pertenece a nadie sino a las comunidades. Se subordina a la autoridad ancestral electa por todos los pemón y no es un grupo paramilitar como lo están señalando las matrices producidas desde el gobierno nacional.

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