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Con cientos de presos políticos aún tras las rejas el conflicto nicaragüense está lejos de terminar

· Escrito por Elisa Marvena, Laura Vidal

Categorías: Latinoamérica, Nicaragua, Derechos humanos, Juventud, Medios ciudadanos, Política, Protesta

Imagen principal de la campaña por la liberación de presos políticos del colectivo «Nicaragua Libre Sin Presxs Políticxs. Usada con permiso.

Nicaragua dominó los titulares en abril de 2018 con las protestas que comenzaron por la reforma de la Seguridad Social y continuaron por la fuerte represión que dejó numerosas víctimas fatales. Con la represión las protestas se alejaron de las calles y la resistencia contra el gobierno se consagró a distintas causas, una de la más importantes la de los presos políticos, que suman varios cientos de personas.

Con la salida de prisión de varios [1] detenidos durante las protestas, Nicaragua ve por fin una posibilidad de diálogo entre gobierno y oposición. Sin embargo, a pesar de que estos jóvenes salgan de los centros penales, no queda claro cuál será su situación [2]. Ni los cargos, ni las condenas han sido retiradas. Además, continúan los esfuerzos por liberar a los centenares que continúan detenidos y por hacer valer las denuncias por violaciones a derechos humanos.

2018: El comienzo de la crisis

Después de las manifestaciones que encendieran las calles [3] en abril de 2018, la represión policial y los arrestos políticos han forzado a muchas personas de vuelta a sus casas. Al mismo tiempo, activistas feministas [4] y defensores de derechos humanos [5], así como periodistas [6] han sido blanco de distintos ataques o se han visto forzados a abandonar el país y continúan su trabajo desde el exilio.

Las protestas comenzaron en reacción a una decisión gubernamental que buscaba reformar el sistema de pensiones. La represión de esas primeras protestas dio lugar a las siguientes, y la escalada de heridos y fallecidos desembocó en manifestaciones exigiendo la salida del presidente [7] Daniel Ortega y la Vice-presidenta Rosario Murillo.

Por la dificultad en su cálculo y la difícil colaboración con organismos del Estado, las cifras de muertos, heridos y presos políticos fluctúan con los períodos y las organizaciones [8] que los cuentan. Para septiembre de 2018, un informe de Amnistía Internacional [9] había contado 322 personas fallecidas, en su mayoría a manos de agentes del Estado, más de 2000 personas heridas y 300 personas encarceladas por su participación en las protestas. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contaba 325 muertos [10] en diciembre de 2018, antes de ser expulsada [11] del país por el presidente Ortega.

Estudiantes convertidos en presos políticos

Para noviembre de 2018, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) confirmó que habría más de 600 prisioneros [12] políticos en el país. La situación de las personas en prisión a partir de las protestas es compleja, en especial desde que en septiembre de 2018 se declararan ilegales [13].

Un informe de Amnistía Internacional [9] denuncia y documenta casos de detención arbitraria y sin controles judiciales [14]. Es decir, a muchas de estas personas se les detuvo sin que se les explicara la causa de la detención, y se les mantiene tras las rejas a pesar de no haber sido juzgadas por un tribunal competente. De acuerdo con la ley nicaragüense [14], una persona detenida tiene derecho «a ser [puesta] en libertad o a la orden de autoridad competente» en un plazo de 48 horas.

Los números de presos políticos no se calculan fácilmente, pero son altos: en enero de 2019, el comité de apoyo para las familias de los detenidos, conocido como «Nicaragua Libre Sin Presxs Políticxs [15]» registró y localizó 767 personas [16]. El grupo también comparte perfiles y testimonios tanto en Facebook como en Twitter, y además comparte denuncias de la condición de los presos políticos y sus familias para las audiencias fuera de Nicaragua:

The majority of the political prisoners are young, many of them students. Most of them are held in the capital city of Managua, at the police jail ‘El Chipote‘ or the state penitentiary ‘La Modelo‘. Female political prisoners are largely held at ‘La Esperanza’ women’s prison. Conditions at the Chipote jail are horrific and stories of torture and (sexual) abuse rampant. At La Modelo political prisoners are purposely kept separate from the regular prisoner population in the maximum security pavilion known as ‘La 300’. They are thus purposely kept in isolation and, even though not yet convicted, kept under a regime meant for long-sentenced prisoners with disciplinary issues.

La mayoría de los presos políticos son jóvenes, muchos de ellos estudiantes. La mayoría están detenidos en la capital, Managua, en la cárcel policial El Chipote o la penitenciaría estatal La Modelo. Las mujeres están detenidas en su mayoría en la prisión femenina La Esperanza. Las condiciones en el Chipote son espantosas y las historias de tortura y abuso sexual son rampantes. En la Modelo, los prisioneros políticos deben son separados de los prisioneros comunes en el pabellón de seguridad máxima conocido como «La 300″. De este modo, se les mantiene aislados, y aunque no hayan sido aún sentenciados, se les tiene en regímenes hechos para prisioneros con largas sentencias y problemas disciplinarios.

Acusaciones de tortura y abusos sexuales

El informe de Amnistía Internacional [9] destacó también testimonios de tortura y de intimidación en los que se hacen evidentes algunas de las irregularidades del proceso de detención, como el de C.D., una mujer de 19 años:

C.D. describió que durante el interrogatorio escuchaba gritos desgarradores de una mujer, y la amenazaban diciéndole “vos estas aquí y ella allá, pero si no hablas, vos vas a estar con ella”. Tras devolverla a la celda, en horas de la noche, habría llegado un hombre encapuchado y vestido de civil a interrogarla, y la habría amenazado diciéndole […] vos decidís [o te mato o te violo].

Un grupo de presas en la cárcel de La Esperanza (en Managua) explicó sus condiciones de encarcelamiento durante la visita de varios eurodiputados. La eurodiputada socialista Ana Gomes, por ejemplo, compartió los videos de los testimonios en redes sociales.

Dentro de la celda, nos explican cómo fueron arrestadas y acusadas de llevar armas químicas y bombas nucleares… ¡¡¡Absurdo!!!

Les denuncias no parecen haber pasado desapercibidas. Los familiares de las presas en La Esperanza denunciaron que un gran número de ellas habrían sido gravemente golpeadas [19] y que algunas han sido desaparecidas [20]. Se sospecha que que estas agresiones pudieran haber tenido lugar en represalia por las denuncias públicas.

#SOS Nicaragua

«Nicaragua Libre sin Presxs Políticxs» es un comité de apoyo a los presos políticos y sus familias, que busca crear redes de solidaridad y coaliciones dentro y fuera de Nicaragua. El comité se encarga también de denunciar y explicar las circunstancias de los presos políticos a través de testimonios compartidos en redes, como se citó algunas líneas más arriba.

Los perfiles compartidos por el grupo [21] y otros numerosos colectivos solidarios con la causa [22] dan cuenta de la historia de muchos de los presos y de las circunstancias en las que fueron detenidos.

El ejemplo que puede verse aquí cuenta en Facebook la historia de María Adilia Peralta, que fue detenida por las autoridades con su pareja, Cristian Fajardo, y que fue luego sentenciada por «terrorismo» [23]:

La mayoría de las campañas por la liberación y la denuncia de abusos contra presos políticos se siguen a través de #SOSNicaragua [24] y #Libertadparalospresospoliticos [25]:

Otras campañas en Twitter denuncian detenciones y desapariciones, así como las precarias condiciones en las que se encuentran muchas de las personas detenidas, como lo hace la organización Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos: