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Atacan a periodistas, maestros y activistas en campaña contra libertad de expresión en Filipinas

Defensores de la libertad de prensa denuncian el arresto de Maria Ressa, directora ejecutiva de Rappler. Fuente: Gremio de Editores de las Filipinas.

El reciente arresto y detención de la periodista fiipina Maria Ressa, directora ejecutiva y editora del sitio web de noticias Rappler, es apenas la punta del iceberg de los crecientes ataques contra los medios filipinos.

Se multiplican los ataques a la libertad de prensa en Filipinas, que llegan en diversas formas: acoso contra periodistas por estar incluidos en “listas negras militares” de presuntos rebeldes comunistas, ataques de ataque de denegación de servicio (DDoS) a sitios de medios alternativos y un uso sistemático de troles y bots contra críticos del Gobierno en medios sociales.

Pero los medios no son el único objetivo: maestros y activistas también sufren de acoso en lo que describen como una ‘restricción’ a la libertad bajo el gobierno de Duterte.

Caso de ciberdifamación

Ressa es una abierta crítica al gobierno del presidente Rodrigo Duterte, y en 2018 fue nombrada Persona del Año por la revista TIME. Esta periodista de investigación globalmente aclamadas fue arrestada el 13 de febrero acusada de ciberdifamación, por un artículo de 2012 Rappler de que vinculaba al empresario Wilfredo Keng con el exjuez supremo Renato Corona, destituido en 2012. El artículo en Rappler citaba noticias que relacionaban a Keng con drogas ilegales y tráfico humano.

Aunque a Ressa se le fijó el pago de una fianza de 100 000 pesos filipinos (1917 dólares) el 14 de febrero y ahora está libre, los defensores de la libertad de prensa afirman que las acusaciones tienen motivación política. La Oficina Nacional de Investigación desestimó originalmente las acusaciones contra Ressa, pero luego se retractó de su decisión, a pesar de que Ressa no actuaba como editora de Rappler cuando el artículo se publicó en mayo de 2012. Además, el artículo en cuestión se publicó cuatro meses antes de que la ley de prevención del ciberdelito en Filipinas entrara en vigor.

La orden de arresto contra Maria Ressa se está ejecutando en este momento en las oficinas de Rappler. Un funcionario de la comitiva se presentó como parte de la Oficina Nacional de Investigación intentó prohibirme que grabara videos — ALGO QUE ES PARTE DE MI TRABAJO.

Calificar a periodistas de comunistas

Con anterioridad, los profesionales de medios han sido calificados con frecuenia como comunistas e integrantes del Partido Comunista de las Filipinas (CPP) y su ala armada, el Nuevo Ejército Popular. Esto incluye organizaciones de medios críticos como el Sindicato Nacional de Periodistas de Filppinas (NUJP), que han sido acusados de actuar como “frente del CPP” en informes falsos publicados en tabloides de Manila.

Cong Corrales, editor asociado del diario comunitario Goldstar de la ciudad de Cagayan De Oro, ha sido incluido en una lista de “terroristas comunistas”. Presuntos agentes militares están haciendo circular la lista, que también menciona a algunos familiares suyos. No es de sorprender que esta cacería de brujas orquestada coincida con el lanzamiento de Hustisya-Mindanao Norte, organización que defiende a las víctimas de la ley marcial, impuesta en 2017 en la isla de Mindanao, la segunda mayor isla de Filipinas.

Filipinas – CALIFICADOS DE COMUNISTAS. Aléjense de Cong Corrales, miembro del Sindicato Nacional de Periodistas de Filipinas de Cagayan de Oro, y de su familia.

Ciberataques DDoS

Al mismo tiempo, los medios alternativos Bulatlat, Kodao Productions y Pinoy Weekly han sufrido masivos ciberataques DDoS desde diciembre de 2018 que resultaron en reiterados retiros de sus sitios web de internet. Recientemente han atacado específicamente a Bulatlat y Kodao Productions, considerados entre los medios alternativos más antiguos de Filipinas, lo que resultó en su cierre el 25 de enero.

Bulatlat, revista en línea alternativa, pasa por un ciberataque en este momento. Expertos en tecnologías de ls información dicen que se ha lanzado una “cantidad demente” de ataques para sacar uno de los sitios web de noticias más antiguos.
Vienen más detalles.

El sitio web del Sindicato Nacional de Periodistas de Filipinas también fue atacado a comienzos de febrero, recibió un tráfico total sin precedentes de 615 gigabytes falsos. Cuando Bulatlat buscó la asistencia de la Fundación de Medios Qurium, proveedor de alojamiento seguro sueco para medios amenazados, expresó:

…the attackers used nearly 2,000 computers to saturate the website and make it unreachable. In another attack, they sent 3 million packets per second of bogus traffic.

…los atacantes usaron cerca de 2000 computadores para saturar el sitio web y hacerlo inaccesible. En otro ataque, enviaron 3 millones de paquetes por segundo de tráfico falso.

Altermidya, red independiente de medios alternativos, ha concluido que los ciberataques tienen el sello de maquinaria sistemática y bien financiada:

Clearly, this is not just the handiwork of a hacker acting alone. Several international studies, including one from the University of Oxford, revealed how government is funding cyber-attackers to manipulate public opinion over the internet. We believe that there is no one else that could possibly be behind these attacks than the Duterte administration itself, which has taken increasingly bold steps to curtail press freedom and the people’s right to know.

Claramente, este no es el trabajo artesanal de un pirata informático que actúa solo. Varios estudios internacionales, incluido uno de la Universidad de Oxford, revelan que el Gobierno financia a los ciberatacantes para manipular la opinión pública en internet. Creemos que no puede haber otro más que el propio gobierno de Duterte detrás de los ataques, que han dado pasos cada vez más audaces para recortar la libertad de prensa y el derecho del pueblo a saber.

Una declaración de unidad del Sindicato Nacional de Periodistas de Filipinas, AlterMidya, Bulatlat, Kodao Productions, Pinoy Weekly y la alianza de escritores y artistas de Let’s Organize for Democracy and Integrity dice:

The attacks are an affront against the ordinary people whose perspectives define the stories of the alternative media. These are attempts by those in power to drown out the voice of the marginalized and the oppressed, displaying Duterte’s fear of committed journalism that seeks to inform, educate and guide the public in decision-making.

Los ataques son una afrenta contra las personas comunes y corrientes cuyas perspectivas definen las historias de los medios alternativos. Son intentos de quienes están en el poder de sofocar la voz de los marginados y oprimidos, que muestran el temor de Duterte del periodismo comprometido que busca informar, educar y guiar al público en la toma de decisiones.

Evaluaciones a maestros de escuelas públicas

Todo el que critique públicamente las políticas de Duterte, como la violenta campaña contras las drogas o el gobierno militar impuesto en Mindanao, está sujeto a vigilancia, intimidación y amenazas. Esto es particularmente cierto para un grupo: miembros del sindicato de maestros, a quienes están evaluando a nombre de la Policía Nacional Filipina y el Departamento del Interior y el Gobierno local. Afortunadamente, la organización Alianza de Maestros Preocupados denuncia abiertamente esa violación a la libertad de expresión:

MIREN: la Alianza de Maestros Preocupados llevó a cabo una acción de protesta en Camp Crame, Ciudad Quezón, para condenar las evaluaciones o inventorio de la Policía Nacional Filipina de sus maestros miembros.

Otro grupo al que las autoridades quieren ver de cerca son los estudiantes. A fines de febrero, la Comisión Nacional de la Juventud del Gobierno solicitó públicamente que el presidente Duterte revocara las becas de estudiantes que se unan a “protestas contra el Gobierno”.

La policia está restringiendo el flujo de personas a la celebración del aniversario de EDSA — irónicamente en el día en que atesoramos el derecho democrático a la asamblea y la protesta. ¡Le temen a un nuevo EDSA!

EDSA es la abreviación de avenida Epifanio de los Santos de Manila, donde se llevó a cabo la manifestación pública de febrero de 1986 que derrocó al dictador Ferdinand Marcos, que contaba con el apoyo de Estados Unidos.

Pero los filipinos no toman a la ligera las restricciones de su espacio democrático. Miles de personas comunes y corrientes, defensores de derechos y grupos de activistas se reunieron en EDSA el 23 de febrero para oponerse a lo que dicen es el régimen cada vez más dictatorial del presidente Duterte. Esta abierta expresión de frustración llega e un momento particularmente delicado: el 25 de febrero es el aniversario del levantamiento popular que derrocó al fallecido dictador Ferdinand Marcos en 1986.

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