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Mientras Putin proclama “soberanía” y modernización tecnológica, expertos lamentan pérdida de libertad en Internet

En el discurso anual del Estado de la Unión, Vladimir Putin prometió a los rusos una internet más rápida y más confiable; pero los expertos aseguran que no será más libre. // TASS/kremlin.ru con CC2.0.

El 20 de febrero, Vladimir Putin se dirigió al Parlamento ruso en el discurso anual del Estado de la Unión. Prometió inversiones masivas en programas sociales e infraestructura civil, en especial la red central de tecnología de la información del país:

Уже в текущем году необходимо принять генеральную схему развития инфраструктуры цифровой экономики, включая сети телекоммуникаций, мощности по хранению и обработке данных. И здесь также нужно смотреть вперёд. Задача ближайших лет – организовать повсеместный доступ к высокоскоростному интернету, начать эксплуатацию систем связи пятого поколения, 5G.

Este año, debemos adoptar un plan magistral para desarrollar la infraestructura de una economía digital, que incluya las redes de telecomunicación, y también el almacenamiento de datos y la capacidad de procesamiento. También aquí necesitamos mirar hacia adelante. La tarea para los próximos años es garantizar el acceso universal a internet de alta velocidad y comenzar a utilizar redes de comunicación 5G.

Mejorar la infraestructura de internet y asegurar que todos los rusos estén conectados a la red puede parecer progresista. Pero estos avances llegarán en un época sin precedentes de control de la información en línea en Rusia.

En febrero, dos periodistas denunciaron que notaron que la libertad en línea ha experimentado una caída continua. Ciertamente, parece que si bien más rusos tendrán acceso a internet, será una internet dirigida en los términos del Estado, cada vez más estrictos.

Un estudio llevado a cabo por Agora, agrupación de derechos humanos, expone las diferentes maneras en que las autoridades rusas restringen a los usuarios individuales. Según Agora, la tendencia más importante fue una serie de leyes y normas que forzaron a los proveedores de servicios de internet y gigantes de la tecnología a “vigilar” el contenido en línea en nombre del Gobierno ruso.

En más de una ocasión, los proveedores de servicios de internet fueron forzados a bloquear el acceso a sitios web por haber publicado información sobre procedimientos judiciales o haber expuesto casos de corrupción en el Gobierno. En un caso de gran repercusión, los proveedores debieron bloquear el acceso al sitio web de Alexey Navalny, destacado activista opositor y militante anticorrupción. El informe de Agora dice:

Власти подготавливают почву для блокировки сервисов, которые считают основными катализаторами массовых протестов, пытаясь представить ее как требование соблюдать национальное законодательство. Делегирование полицейских и цензорских функций частным игрокам не только минимизирует ущерб репутации, но и, очевидно, более оправдано с точки зрения расходования ресурсов и эффективности контроля

Las autoridades están dejando libre el camino para bloquear los servicios en línea que ven como incitadores a protestas masivas, mientras intentan presentar esta mano dura como un simple requerimiento de cumplir con las leyes nacionales. Delegar funciones de vigilancia y censura en actores privados no solo minimiza el daño en su reputación, sino que también garantiza un control más efectivo y con menos gastos.

Agora también señaló un abrupto aumento de las restricciones al contenido individual: en 2018, se censuró un total de 662 842 artículos, en comparación a 115 706 en 2017. Esto incluye el bloqueo de páginas web u URL individuales, noticias en línea, publicaciones en redes sociales señaladas como “extremistas” o “provocativas”, etc.

En un extraño ejemplo de buenas noticias, en diciembre de 2018 se puso un freno a uno de los puntos más infames del Código Penal ruso, la sección 282 (“Incitación al odio o la enemistad, así como también a la degradación de la dignidad humana”), responsable de la mayoría de las persecucionesa a la expresión en líneagracias a que se aprobó su modificación. Esto parece haber llevado a la disminución de las acusaciones por declaraciones en línea. Sin embargo, los expertos en leyes permanencen escépticos respecto a una posible “liberalización” de las leyes rusas.

El informe de Agora advierte que los fiscales podrían pasar a usar otras secciones, menos severas, tanto del Código Penal como del Administrativo para castigar el disentimiento. Esto podría permitirles silenciar tanto a personas como organizaciones y, al mismo tiempo, impulsar una reacción pública menos visible.

Agora también señala que las plataformas informáticas occidentales son cada vez más condescendientes con las exigencias de las autoridades rusas, una tendencia sobre la que Runet Echo ya advirtió. Citando el informe de transparencia de Google, Agora dijo que en junio de 2018 Google satisfizo el 79 % de los pedidos de eliminación de datos por parte del gobierno ruso, mientras que cumplió solo con el 62 % de las solicitudes de las autoridades estadounidense. El informe de Google muestra que los pedidos de eliminación de contenido por parte del Gobierno ruso se multiplicaron más de cinco veces 2016, pasaron de 2045 en junio a 11 164 en diciembre.

Hay que reconocer que Google no acató ninguna de las 94 solicitudes que el Gobierno ruso clasificó como “Críticas al Gobierno”. Google también proporcionó ejemplos del contenido que eliminó y una parte significante del material era realmente peligrosa para el público general: publicidades de casinos ilegales que roban a la gente los rublos que ganan con tanto esfuerzo, propaganda racista violenta, mercados de drogas en línea que venden sustancias peligrosas, etc.

Pero Google también acató de inmediato pedidos de eliminación de videos de activistas que convocaban a movilizaciones contra la corrupción, pues arbitrariamente se había declarado que estas movilizaciones “no estaban autorizadas” y, por lo tanto, violaban una ley intencionalmente restrictiva que apuntaba a la represión del disentimiento público.

Tanto Twitter como Google y Facebook mostraron su voluntad de eliminar contenido o hacerlo inaccesible a los usuarios rusos ante las solicitudes de las autoridades rusas de acatar las leyes locales. Hay pocas señales de que las compañías tengan en consideración la naturaleza execivamente restrictiva de algunas de estas leyes o de que vean estos pedidos como contrarios a la Constitución rusa.

Otro informe de la Sociedad por la Protección de Internet (OZI) hace predicciones aún más oscuras: se titula el “El pesimismo del nuevo año”, y señala la caída más larga y abrupta del índice de libertad de expresión en línea desde que empezó a medirse en 2016. OZI enumera siete hechos que tuvieron impacto en el índice de enero, todos de manera negativa: desde nuevas normas hasta casos emblemáticos, como el juicio a Yana Antonova, cirujana pediátrica de Krasnodar que fue procesada por difundir un video de Open Russia, medio de comunicación activista declarado “organización indeseable”.

La asociación a una “organización indeseable” (lista ordenada por el Gobierno que también incluye a la National Endowment for Democracy y la Open Society Foundation) es un delito que, según una ley aprobada en 2015, se pena con distintas sanciones que van desde una multa alta a un período de prisión. Difundir un video en Facebook también cuenta como “colaborar con una organización indeseable”, algo que Antonova aprendió de la peor manera.

El informe de OZI también enfatizó en el potencial daño de la ley Klishas, que se presentó como parte de un paquete de leyes resrictivas que actualmente en revisión en el Parlamento ruso.

Esta ley lleva el nombre de su autor, el senador Andrey Klishas, y tiene como objetivo crear una infraestructura “soberana” para la internet rusa, presuntamente para protegerla de influencias extranjeras. La otra, una ley contra las fake-news, también coescrita por Klishas, es aún más controvertida y condenada por los expertos casi de manera universal. Sin embargo, ambas leyes fueron aprobadas en la primera lectura gracias a la abrumadora mayoría que posee el partido oficilista Rusia Unida en el Parlamento.

Parece que, finalmente, el Gobierno ruso está seguro de su capacidad para controlar la actividad en líneatan seguro que ahora puede ofrecer acceso a internet a todos los rusos sin temer las consecuencias.

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