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Militares filipinos ejecutan a 14 defensores del trabajo y agricultores en ataque represor

Varias organizaciones populares se manifestaron indignadas ante la central nacional de la Policía Filipina, Camp Crame, en Ciudad Quezón. Foto de la cuenta de Kabataan Partylist en Twitter, utilizada con autorización.

El 30 de marzo, una operación policial llamada “Oplan Sauron” en la isla central de Negros causó la muerte de 14 agricultores, la mayoría líderes campesinos y sus familiares.

La operación tuvo lugar antes del amanecer en las ciudades de Santa Catalina, Manjuyod y Canlaón. Doce agricultores más fueron detenidos esa misma noche.

La policía dice que las víctimas eran guerrilleros comunistas rebeldes que habían disparado a las autoridades, que no tuvieron más opción que defenderse, nanlaban (matar en defensa propia, en la jerga de la policía local). El palacio presidencial de Rodrigo Duterte ha confirmado su relato.

Pero los testigos cuentan una versión muy diferente. Las viudas de las víctimas afirman que la policía entró en sus casas en medio de la noche, llevando máscaras. Los policías ordenaron salir a mujeres y niños y ejecutaron a los hombres dentro de las viviendas. Una de las víctimas recibió siete disparos, uno en los genitales. Según los testigos, la policía local no ha investigado los asesinatos.

La descripción de la operación se asemeja a la de las ejecuciones sumarias tokhang que se han convertido en la marca de la campaña antidroga del presidente Duterte en Manila.

Desde que Duterte llegó al poder en 2016, más de 200 líderes campesinos ha sido asesinados, de los que 60 (alrededor del 30 %) ocurreron en Negros, según la Coalición Internacional de Derechos Humanos en Filipinas (ICHRP).

El ICHRP ha señalado el 10 de abril como Día Global de Acción para pedir justicia por las muertes de Negros.

Contrainsurgencia

Aparentemente inspirado por el señor oscuro Sauron, del libro “El señor de los anillos” de J.R.R. Tolkien, el nombre en clave Oplan Sauron denomina las operaciones conjuntas de las Fuerzas Armadas de Filipinas (FAF) y la Policía Nacional Filipina (PNF).

Oficialmente se conocen como “gestión mejorada sincronizada de operaciones policiales”, y forman parte de las actividades de contrainsurgencia contra los grupos rebeldes armados del país.

La administración de Duterte ha intensificado estas actividades de contrainsurgencia después de un ataque con bombas en la ciudad de Davao, en la isla de Mindanao, en el que murieron 14 personas en septiembre de 2016.

En respuesta al ataque, Duterte declaró estado de emergencia nacional en Filipinas, lo que proporcionó la justificación legal para las operaciones de contrainsurgencia.

En principio, Duterte centró esas actividades militares en Mindanao, y llegó a imponer la ley marcial en la isla en 2017. Pero desde noviembre de 2018 ha firmado varias directivas que expanden las operaciones militares a las islas de Negros, Samar y la región de Bicol en la isla de Luzón.

En Mindanao hay algunos grupos islamistas separatistas activos, mientras que en el resto del país hay pequeñas zonas controladas por frentes del Nuevo Ejército del Pueblo (NEP), la rama armada del Partido Comunista de Filipinas, activa desde 1969.

En la década de 1980, durante su apogeo cuando luchaba por un estado socialista contra la dictadura de Ferdinand Marcos, que tenía el apoyo de Estados Unidos, se cree que el NEP llegó a contar con 20 000 combatientes. Actualmente, su número ha descendido a 3000, según el Gobierno.

Desde la aparición del movimiento, ningún líder de Filipinas ha conseguido negociar un acuerdo duradero de paz con la resistencia armada comunista. Al mismo tiempo, los grupos de derechos laborales y agrarios se han convertido en objetivo y han sufrido la represión de las autoridades por supuestas asociaciones con ellos.

Oleada de asesinatos y detenciones masivas

El 30 de marzo, ocho agricultores fueron asesinados en la ciudad de Canlaón: los hermanos Ismael (53 años) y Edgardo Avelino (59), Mechor Panares (67) y su hijo Mario (46) Rogelio Recomono (52) y su hijo Ricky (28) Gonzalo Rosales (47) y Genes Palmares (54).

Edgardo Avelino era presidente del capítulo local del movimiento campesino nacional Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP).

Este es el testimonio de su esposa, Carmela Avelino, ilustrada en 18 viñetas por el grupo SAKA o Sama-samang Artista para sa Kilusang Agraryo (Colectivo de Artistas para el Movimiento Agrario):

Viñeta 1: Eran las 2 de la mañana cuando 50 FAF rodearon nuestra vivienda.

Viñeta 2: Cinco entraron en nuestra casa.

Viñeta 3: Patearon la puerta hasta que se rompió.

Viñeta 4: Nos obligaron a salir.

Viñeta 5: Mientras tanto, vapuleaban a mi marido Edgardo en la habitación.

Viñeta 6: Oímos tres disparos.

Viñeta 7: A mi marido le dispararon tres veces.

Viñeta 8: Una en la frente. Otra en el corazón. Y un rasguño en la mejilla.

En la página del movimiento laborista Federación Nacional de Trabajadores del Azúcar en Facebook se publicaron testimonios de familiares de Ismael Avelino.

Noong madaling araw ng Marso 30, walang habas na winasak ang pinto ng kanilang bahay ng pinaghalong pwersa ng AFP at PNP. Habang naririnig ang putok sa bahay ng kanyang kapatid na si Edgardo Avelino, pwersahan pinalabas ng bahay ang kanyang asawa at mga anak.

Ang kanyang sampung taong anak ang huling nakakita ng ngiti ni Ismael, “Ingatan mo ang iyong Mama at mga kapatid”

Walong bala sa katawan ang tumapos sa buhay ni Ismael.

El 30 de marzo al amanecer, fuerzas combinadas de las FAF y la PNF destruyeron deliberadamente la puerta de su casa. Mientras se oían disparos en la casa de su hermano Edgardo Avelino, su esposa e hijos fueron expulsados a la fuerza de la casa.

El hijo de 10 años de Ismael fue el último en verlo sonreír: “Cuida de tu madre y hermanos”.

Ocho balas acabaron con la vida de Ismael.

Otras dos personas, Franklen Lariosa y Anoj Enojo Rapada, fueron asesinadas en Santa Catalina. Las cuatro víctimas de Manjuyod son los funcionarios Velentin Acabal y Sonny Palagtiw, y los residentes Steve Arapoc y Manulo Martin. El obispo católico Gerardo Alminaza dijo que las víctimas de Canlaón pertenecían a la misión de su diócesis, y que el último era un ministro laico.

Esa noche, también fueron detenidos 12 campesinos, incluido el líder local del KMP en Manjuyod, Nestor Kadusale, de 58 años. En Twitter hubo numerosas reacciones:

Los campesinos son de las personas más trabajadoras que se conocen, pero se encuentran entre las más empobrecidas. Son los principales suministradores del país, y aún así, a cambio, se les asesina. Es desgarrador. Solo en Filipinas, señoras y señores.

Me pregunto si Malacañang se da cuenta de que al que describir el asesinato de Negro como una “operación policial legítima” está lanzando piedras sobre su propio tejado. Porque yo he visto fotos de los campesinos muertos, y lo que he visto parecen ejecuciones. Así que me pregunto, ¿operaciones policiales oficiales?

Historia de la represión en Negros

La isla de Negros es uno de los muchos lugares de Filipinas donde las acciones de los agricultores se han reprimido sistemáticamente.

En Negros predomina el sistema feudal de “haciendas” desde la época colonial española. Grandes extensiones de tierra siguen dedicadas solo al cultivo de la caña de azúcar y a la elaboración de productos derivados del azúcar para la exportación, lo que causa un enorme abismo social entre el puñado de élites de “hacienderos”, propietarios de las plantaciones, y los campesinos pobres sin tierras que trabajan para ellos.

Mucho antes de la actual ola de muertes, Negros fue célebre por la “masacre de Escalante“, sucedida el 20 de septiembre de 1985, cuando un grupo de militares, a las órdenes del fallecido dictador Ferdinand Marcos, mató a tiros a 20 agricultores pobres que participaban en una welgang bayan (huelga popular) en la ciudad de Escalante.

Algunos grupos paramilitares, supuestamente relacionados con las fuerzas armadas, también perpetran ataques en la zona.

El 20 de octubre de 2018, nueve campesinos fueron brutalmente asesinados en la ciudad de Sagay (Negros), presuntamente por uno de estos grupos. El caso se conoce hoy como “Sagay 9″. Los campesinos ocuparon parte de la Hacienda Nene, de 75 hectáreas, que según ellos, estaba destinada a ser redistribuida entre los agricultores bajo el programa de reforma de la tierra.

Dos semanas después, el abogado de derechos humanos Benjamin Ramos, de 56 años, que ayudaba a las víctimas de la masacre, fue abatido a tiros por presuntos militares. Antes de ser asesinado el 6 de noviembre de 2018, Ramos fue calificado de rebelde comunista en carteles expuestos en zonas públicas.

En respuesta a los últimos asesinatos de Santa Catalina, Manjuyod y Canlaón, varias organizaciones populares llevaron a cabo una Misión Nacional de Verificación y Solidaridad en esos lugares entre el 4 y el 8 de abril de 2019.

La misión nacional de verificación de hechos y solidaridad en Negros comienza hoy. Campesinos y grupos de derechos humanos llevarán a cabo investigaciones independientes ante la racha de asesinatos y violaciones de los derechos humanos en Negros Oriental.

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