[1]Protestante durante una marcha por los presos políticos en Managua, Nicaragua. En el pecho lleva un cartel que dice «Como no nos meten sus ideas en la cabeza, nos meten balas. #SOSNicaragua». Agosto, 2018. Foto de Jorge Mejía Peralta (CC BY 2.0).
Desde el inicio [2] de las protestas masivas contra el presidente Daniel Ortega en Nicaragua en abril de 2018, el gobierno ha prohibido las manifestaciones, arrestado a miles sin juicio, y cerrado medios de comunicación tanto masivos como alternativos. Tras haber fracasado los intentos de diálogo hasta ahora, el futuro de Nicaragua sigue siendo una pregunta sin respuesta.
Las manifestaciones comenzaron en abril [3] de 2018, en principio contra una reforma a la seguridad social [4] que incrementaría los impuestos a salarios y reduciría las pensiones. La represión [5] inicial por parte de las autoridades desembocó en un llamado por todo el país pidiendo la dimisión del presidente Daniel Ortega y de la primera dama y vicepresidenta Rosario Murillo.
El saldo de víctimas mortales entre los manifestantes fluctúa, y no ha sido actualizado desde el año pasado debido al incremento de los obstáculos para documentar abusos. En diciembre de 2018, el gobierno cerró varias ONGs [6] que documentaban la mortífera violencia policial y los abusos contra los derechos humanos, incluyendo el Centro Nicaragüense por los Derechos Humanos (Cenidh [7]) y el Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade [8]).
También en diciembre, dos grupos establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)—el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes—fueron expulsados del país [9], dejando a Nicaragua virtualmente sin observadores de derechos humanos independientes y abriendo una «nueva etapa de la represión [10]«, según la educadora y activista feminista nicaragüense, María Teresa Blandón.
Continúa leyendo: En Nicaragua, los defensores de derechos humanos son los ojos y oídos de las víctimas del conflicto [11]
El número más bajo de fallecidos, reconocido por el gobierno [12] en agosto de 2018, ascendía a 197. Amnistía Internacional estimó 322 muertes [13] a dentro del mismo período, la mayoría causadas por disparos a la cabeza, cuello y torso [14].
La bloguera Ana Siú [15] escribió en su medium sobre su experiencia con la represión durante las protestas, mirando hacia atrás un año después [16]:
A través de una transmisión en vivo en Instagram, vi a una amiga de la universidad ser atacada por turbas. Escuché cómo ella gritaba y luchaba por no salir lastimada […] Finalmente, el “motorizado” la soltó, pero se llevó consigo el celular sin saber que seguía transmitiendo. Entonces dijo: “vamooos, vamooos. Hay que llevar estos celulares a revisarlos”. Esto siguió como por 20 minutos.
También recuerda la protesta del 30 de mayo, una marcha histórica organizada con ocasión del Día de la Madre en Nicaragua y en la que 15 personas fueron asesinadas [17]:
Este día cambió la forma en que vivíamos las protestas. Los que estábamos en esa marcha multitudinaria vimos cómo asesinaron a jóvenes. Fue la primera vez que atacaron con balas de plomo a una marcha masiva. Nunca me había sentido tan cerca de la muerte como esa tarde.
Mientras que los estudiantes se atrincheraban [18] en el campus universitarios de la capital, Managua, campesinos organizaron tranques [19] en las carreteras. En junio, los manifestantes de la ciudad oriental de Masaya la declararon «territorio libre del dictador [20]«. El gobierno reprimió a los manifestantes, que construyeron barricadas para defenderse y respondieron a los ataques de la policía. Los manifestantes por su parte, recurrieron a métodos cada vez más violentos durante los enfrentamientos, lo que resultó en la muerte de hasta 22 agentes de policía, según datos del gobierno [12] en agosto de 2018.
A mitades de 2018, la policía desplegó la llamada «operación limpieza» para desmantelar las barricadas y perseguir a los sospechosos de participar en ellas. Informes señalan que las fuerzas de seguridad actuaron en cooperación con grupos paramilitares [21].
Muchos estudiantes [22], líderes [23] de movimientos campesinos, defensores [24] de derechos humanos y periodistas [25] enfrentaron campañas de desprestigio y persecución [26] y algunos fueron acusados de «terrorismo» [27]. Incluso profesionales de la salud que trataron a los heridos en los enfrentamientos sufrieron consecuencias [28]. La Asociación Médica Nicaragüense dijo que al menos 240 profesionales [29] fueron despedidos de clínicas y hospitales públicos en represalia.
Continúa leyendo: Manifestantes y periodistas nicaragüenses enfrentan violentos ataques en las calles y en línea [5]
En septiembre, las protestas fueron ilegalizadas de forma práctica [30], ya que todas las actividades de calle requieren ahora de autorización previa que usualmente se niega [31].
El 27 de febrero de 2019 se reanudó el diálogo [32] entre el gobierno y el grupo opositor Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. El diálogo fue precedido de la excarcelación de un centenar de personas. A diferencia del intento anterior, en este diálogo no estuvieron presentes [33] líderes campesinos ni estudiantiles, algunos de ellos encarcelados [34] y otros en el exilio.
No sólo un nuevo presidente, un nuevo comienzo
Mientras el país entra en su segundo año desde el inicio de la crisis, la urgente necesidad de saber qué sucederá en Nicaragua queda reflejada a través de la etiqueta #SOSNicaragua [35]. La etiqueta se nutre diariamente con denuncias, fotos de víctimas y relatos de estudiantes en prisión y sus familias.
Continúa leyendo: El doble peso del activismo nicaragüense en la diáspora [36]
El medio local Niú [37] habló con nicaragüenses que organizaron una protesta en la vecina Costa Rica en febrero, y compartieron las dificultades de su vida en el exilio.
Alejandro Donaire, un estudiante que dice haber huido del país tras participar en una protesta pacífica, explicó [37] a Niú lo difícil que fue sentirse otra vez «parte de la sociedad y tener una vida normal», tras haber pasado tanto tiempo escondido, huyendo o participando en las manifestaciones».
Madelaine Caracas, vocera de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ), también compartió con Niú sus anhelos de transformación en Nicaragua, que van más allá de la partida de Ortega:
[Tenemos que] erradicar autoritarismos, machismos, caudillismo y demás males que han penetrado en la cultura política del país […] Ahora, más que nunca, estamos seguros de que Ortega se va este año […] este año estaré en Nicaragua y tengo [esa seguridad] porque (Ortega) está ahogado internacionalmente, está ahogado económicamente y también porque la parte insurreccionada que se levantó en abril está hoy, más que nunca, más organizada.
La última ronda de diálogo entre el gobierno y la oposición finalizó el 3 de abril, con acuerdos en dos de los cuatros temas discutidos: el gobierno se comprometió, primero, a liberar a todos los presos políticos y, segundo, a respetar las libertades civiles garantizadas en la Constitución. No se llegó a acuerdos [38] sobre la justicia para las víctimas de la violencia, ni sobre el adelanto de las elecciones de 2021.
El grupo opositor Alianza Cívica señaló, sin embargo, que el gobierno no ha hecho efectivos los acuerdos [39]. Continúan los informes que denuncian represión policial de las protestas pacíficas. El 6 de abril, sólo 50 de los más de 600 presos políticos [40] fueron excarcelados y enviados a casa bajo arresto domiciliario. Más tarde, el 17 de abril, y después de nuevas amenazas de sanciones [41] por parte de Estados Unidos, más de 600 presos [42]presos fueron enviados a casa en régimen de arresto domiciliario. Sin embargo, de acuerdo con la organización de oposición Alianza Cívica, apenas 18 de los excarcelados [43] son parte la lista de presos políticos que esperaban ser excarcelados.
Para algunos, como el activista e investigador Felix Madariaga [44], los nuevos líderes del futuro de Nicaragua [45] se encuentran hoy en prisión.
Mientras tanto, grupos opositores llaman a protestas en conmemoración del aniversario [46] de los acontecimientos de abril de 2018. Con la negativa de las autoridades a conceder el permiso para la manifestación, se espera que tengan lugar nuevos casos de represión.