Los habitantes participaron el acto de la Asamblea Legislativa (Guilherme Gandolfi/Divulgação).
Este texto de Jéssica Moreira e Ira Romão se publica en una asociación Global Voices y Agência Mural.
El 25 de marzo, se cumplieron dos meses del rompimiento de las represas de Mina do Córrego do Feijão [1], en la ciudad de Brumadinho, Minas Gerais, responsabilidad de la minera Vale. La tragedia dejó 214 muertos y 91 desaparecidos. El Ministerio Público de Minas Gerais tipifica los hechos de crímenes ambientales y homicidio doloso. [2]
El desastre se volvió tema de discusión en Perus, distrito de la zona noroeste de São Paulo, donde quedan dos de las 7449 represas del estado. A pesar de los 30 años desde su instalación, la mayor parte de la población nunca había oído hablar de las represas.
El 20 de marzo, los habitantes e integrantes de movimientos sociales del barrio realizaron el encuentro “¿Estamos seguros?” para discutir las condiciones de las represas e e informar sobre las medidas de prevención adoptadas por las mineras y Defensa Civil de la región.
En el Centro Integrado de Educación de Jóvenes y Adultos (Cieja Perus I), la directora Franciele Busico Lima dice que la cuestionan diariamente sobre la situación de las represas. La educadora de 49 años se juntó con otros integrantes de movimientos sociales del barrio para realizar reuniones y entender cómo informar a los habitantes sobre los riesgos riesgos asociados a las represas.
“Todos se enteraron por los medios, nadie sabía. Se sabía de la existencia de las excavaciones pero no de las represas, ni de la problemática que eso supone. Queremos entender”, dice.
Integrantes de Movimiento de Afectados por las Represas (MAB) [3] de Perus estuvieron en Defensa Civil para pedir el plan de contingencia para casos de emergencias, y les informaron que estaba en proceso de finalización. El plazo de entrega era el 8 de marzo, para nada se había dado a conocer hasta comienzos de abril.
Franciele trabaja en Cieja Perus y los alumnos han preguntado sobre la situación de las represas (Ira Romão/Agência Mural).
Defensa Civil dijo a Agência Mural que se entregó la versión preliminar. Pero «antes de la divulgación a la comunidad se realizará la articulación institucional y posteriores adecuaciones o modificaciones al plan de contingencia”, afirmó el órgano.
Movilización después de Brumadinho
Los habitantes de São Paulo se han movilizado desde los primeros días después de los daños causados en Brumadinho (ciudad a 554 km de distancia).
En febrero, el MAB organizó una audiencia pública en la Asamblea Legislativa de São Paulo, que reunió a más de 200 personas afectadas por las represa de todo el estado, inclusive del barro de Perus, y de las ciudades de Pedreira, Americana, Votorantim, Vale do Ribeira, Santos, Cubatão y Bertioga.
“Es sorprendente la cantidad represas que hay en el estado, son más de 7000 –una especie de ‘bombas’ que pueden estallar en cualquer momento”, afirma Liciane Andrioli, 38 años, integrante del MAB.
El hecho sirvió como punto de partida de la movilización popular en torno a esas iniciativas. “Nuestra impresión es que se está abriendo una caja negra en el estado de São Paulo con situaciones que para nuestra sorpresa, estaban invisibilizadas”, dice Liciane. “Tanto Vale como la empresa certificadora alemana (TÜV-Süd, responsable del laudo que declaró la seguridad de la represa en Brumadinho [4]) presentaron informaciones de que no había problema alguno, pero presenciamos una de las mayores tragedias sociales, laborales y ambientales de la historia del país”, apunta.
“Nadie sabe lo que ocurre dentro de las empresas. Se sabe apenas que quieren explorar. Y la seguridad queda a merced de la empresa, la población que tiene la represa está ansiosa”, dice Cleiton Ferreira, 34 años, habitante de Perus y coordinador de la Comunidad Cultural Quilombaque [5].
Sin acceso a los planes de contingencia, no está claro cuántos podrían verse afectados en la región. En la subprefectura de Perus viven poco más de 144 000 habitantes, y desde el desastre de Brumadinho la población quedó alarmada. Publicaciones sobre el tema en grupos como “Amigos de Perus Oficial” [6], que tiene cerca de 77 000 integrantes, alcanzaron hasta 300 comentarios, entre publicaciones que varían entre la preocupación y la angustia por la falta de información.
El sentimiento de miedo también se cierne en calles, escuelas, puestos de salud y otros establecimientos de la región. La gran pregunta es, ¿dónde está el plan de emergencia y por qué nunca se le presentó a los habitantes?
Empresas
Pedreira Juruaçu, creada en 1988, es una de las represas de la región que conduce los sedimentos de la Empresa Embu. La otra es una represa de agua, de la empresa Territorial São Paulo Mineração Ltda, creada en 2000.
La represa de Pedreira Juruaçu tiene un reservorio con capacidad de 3.1 millones de metros cúbicos, y ocupa un área de 192 000 metros cuadrados. Recibe desechos de la producción de rocalla, sobre todo arena fina y arcilla.
Agência Mural entró en contacto con Embu S.A. y, según el ingeniero Marco Antônio Martins, el reservorio ya está practicamente lleno de material sólido (arena y arcilla).
“La estructura fue concebida, ejecutada y opera con un método constructivo y en el sentido del agua, y por la ingeniería es lo más seguro para ese tipo de represa”, afirmó el ingeniero.
Agregó que desde antes de Brumadinho, la empresa ya había decidido buscar procesos alternativos para el tratamiento de desechos. “La dirección de Embu S.A. y el cuerpo técnico se sienten seguros y cómodos para garantizar la seguridad y estabilidad de la represa de Pedreira Juruaçu”, dice.
La otra represa, la de Territorial, tiene 25m de altura, una extensión aproximada de 160 m, con capacidad de reservorio aproximada de 66 000 metros cúbicos. El local sirvió de depósito para el material obtenido de las rocas en la producción de arena para construcción civil.
Según Patrícia Bueno Moreira, directora jurídica de Territorial, la represa también fue construida con el método de elevación alteamento en el sentido del agua. También enfatizó que la represa tiene ya más de un año inactiva.
“Ya no recibe residuos del proceso de lavado de arena. Se hicieron todos los estudios necesarios para la comprobación de la estabilidad y nuestros técnicos afirman que la estructura esta segura”, apunta.
En 2017, el Ministerio Público de São Paulo realizó una visita a ambas empresas. En Territorial, por ejemplo, se anotaron inconsistencias relacionadas con el drenaje, como la no localización de la salida de desagüe interno de la represa. Según indica, “la obstrucción de la salida del drenaje interno de una represa puede contribuir con procesos que pueden ocasionar un eventual rompimiento”.